Un 2024 fatal

Nadie puede negar que 2023 terminó menos mal de lo que se preveía en lo económico. Ricardo Ávila, el sabelotodo de la economía, lo calificó de “aterrizaje suave” porque los augurios de los escenarios malignos no se cumplieron. Las bolsas de valores arrancaron el nuevo año con números atractivos, aunque las perspectivas de 2024 no sean buenas. El porvenir no pinta bien.

En Davos “la visión predominante frente al futuro cercano es negativa”. El crecimiento es pichurrio y el desorden de la geopolítica internacional no muestra un futuro tranquilo. Los conflictos de Rusia con Ucrania y la hoguera en Oriente Próximo, lejos de disminuir su intensidad, acrecientan el fuego. Los ataques de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen no ayudan. El mar Rojo, que controla el 15% del tráfico marítimo, está encendido y podría disparar el precio de los combustibles. Los semáforos de la inflación están en amarillo y los riesgos de colorearse están a la vuelta de la esquina. La película de América Latina del año pasado se va a repetir este año con un crecimiento de 2,3%, y Colombia quedará por debajo del promedio latinoamericano. Las elecciones en Estados Unidos son una incógnita poco deseable.

La gran pregunta en Colombia es saber de qué manera evolucionará la ecuación política-pública-privada después de las reuniones de la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Laura Sarabia, con los empresarios y los banqueros. El buen ambiente que la doctora Sarabia había conquistado con el sector privado riñe con la forma como el Ministerio de Hacienda culpa a las empresas de ejercer un poder de mercado que subió los precios de sus productos y servicios, motivo por el cual incidieron en la escalada de la inflación. Fedesarrollo salió rápido a contradecir la teoría. No se puede deducir que el aumento en la inflación, contablemente explicado en una mayor proporción por el incremento en las utilidades, esté asociado a un poder mayor de mercado por parte de las empresas.

Según Luis Fernando Mejía, la inflación en Colombia ha estado determinada por choques de oferta como el aumento de precios de los commodities, incluyendo el insumo de los alimentos agropecuarios y los estímulos de la demanda agregada por una política monetaria que fue muy expansiva en la primera parte del ciclo y una política fiscal que sigue siendo muy expansiva, completando en 2024 cinco años consecutivos con déficits por encima del 4% del producto interno bruto. Poco a poco serán más las opiniones controvertibles que revivirán la preocupación del partido de los economistas sobre el tamaño del Estado, marchitando el campo de acción del sector privado.

Ahora viene en el capítulo del futuro preocupante de las nacionalizaciones. El episodio del contrato en el puerto de Buenaventura en el que el Gobierno muestra un comportamiento muy similar al de los pasaportes deja perplejo a la opinión. Un concesionario que lleva operando 33 años el referido puerto había logrado una extensión de 20 años del contrato mediante una decisión oficializada por la Agencia Nacional de Infraestructura el 23 de diciembre. Sin embargo, en enero de este año, el mismo Gobierno determinó que el contrato del muelle 13 en Buenaventura no seguiría en manos de la empresa que opera esa terminal. Con cinco días de diferencia se cambió de parecer.

En noviembre de 2023 se filtró en los medios de comunicación el alcance de una reunión extraoficial de altos dignatarios de la Administración de Gustavo Petro en la que se planearon importantes modificaciones en el sector del transporte. En el Congreso de la Infraestructura, el presidente se refirió a las especulaciones sobre una posible reestructuración de la ANI y la terminación de concesiones portuarias para posiblemente pasar el control a la Armada Nacional. El comandante de la Armada le dijo a W Radio que, para perfeccionar un proyecto de esa naturaleza, se necesitaba un ajuste constitucional y la creación de una nueva unidad que se encargara de semejante responsabilidad.

Por todas estas consideraciones pienso que 2024 resultará picho.

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