El Gobierno alista el nombramiento de Alfredo Saade como encargado de solucionar el problema de agua en La Guajira

Este viernes un nombre conocido en las filas del petrismo apareció en el Sistema de publicación de hojas de vida de la Presidencia. El pastor cristiano Alfredo Saade Vergel, quien en 2022 participó en la consulta para escoger al candidato presidencial por el Pacto Histórico, fue elegido para dirigir el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira. Se trata de una entidad creada por el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de julio para gestionar los recursos hídricos en el departamento más septentrional y desértico de Colombia, cuya población en ocasiones padece literalmente de sed. Esta es una de las pocas decisiones que se mantiene de la emergencia declarada por el Gobierno, la cual quedó sin efecto por decisión de la Corte Constitucional.

La publicación de los nombres de quienes serán designados a cargos de libre nombramiento, como la dirección del nuevo instituto, es un requisito que se implementa desde el 2011 para darle mayor transparencia a estos procesos, y abre la puerta para que los ciudadanos se enteren y puedan hacer comentarios sobre sus hojas de vida. Una vez evaluadas las observaciones, y verificados los demás requisitos, el presidente puede oficializar los nombramientos. Cumplido este trámite y si nada cambia, Saade se convertirá en el primer director de esta entidad, en un momento en el que “los modelos climáticos nos anuncian, con cada vez mayores probabilidades, la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto”, según ha indicado el Gobierno.

Saade Vergel es abogado de la Universidad Libre y experto en marketing político de la Universidad del Rosario. Según su currículum publicado en Internet, es especialista en Gerencia y Gobierno, experto en desarrollo urbano y en ciudades modernas e inteligentes. También fue presidente de la Asociación de Áreas metropolitana de Colombia (Asoareas) y director del área metropolitana de Valledupar. Sin embargo, no tiene ninguna experiencia específica en el manejo del agua.

Aunque a lo largo de su carrera ha militado en partidos políticos distantes de la izquierda como el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, Cambio Radical o el Partido Liberal, hoy se autodenomina un “cristiano progresista”. En febrero de 2022, junto con tres mujeres profetas y 12 pastores de diferentes iglesias, inscribió el Movimiento progresista cristiano levántate ante la Registraduría Nacional, el cual se adhirió al partido político Alianza Democrática Amplia (ADA), con el cual pudo participar como precandidato presidencial por la coalición del Pacto Histórico.

Aunque daba por sentado que el vencedor de la consulta sería Gustavo Petro —como efectivamente terminó ocurriendo, ya que se impuso con más de tres millones de votos—, Saade aspiraba a ocupar la segunda posición y convertirse en su fórmula vicepresidencial, lugar que finalmente fue ocupado por Francia Márquez, quien sorprendió con 783.160 votos. Saade quedó en el quinto y último lugar, con 21.660.

Su papel en la campaña, sin embargo, fue clave porque su figura unía dos sectores históricamente distanciados en Colombia: la izquierda y el cristianismo. La propuesta generaba ruido en ambas orillas. Por un lado, a muchos cristianos les costaba identificarse con un movimiento progresista, aunque Saade planteaba que la justicia social era coherente con las enseñanzas de Cristo. De la otra parte, buena parte de la izquierda se oponía a una persona que no estaba a favor del aborto o del matrimonio igualitario. Entonces salía Petro en su defensa, con un mandato constitucional debajo del brazo: la libertad de culto.

Mediante este nombramiento, el presidente pone en un cargo inédito a un hombre de su confianza, que pidió que se cerrara el Congreso y se convocara a una reforma constituyente luego de que el Legislativo se negara a aprobar las grandes reformas propuestas por el Gobierno. En la Guajira hay “un estado de cosas inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”, dijo la Corte Constitucional en el 2017. Desde su región, el Caribe, ahora Saade tiene la oportunidad de probar sus habilidades en la gestión pública para cambiarle la cara a un departamento con el que el Estado está en deuda y que Petro busca convertir en bandera de varias de sus políticas, como la transición energética y la lucha contra el hambre. Pero antes debe calmar la sed.

Un año para llevar el agua

Durante la última semana de julio, Petro y su gabinete se trasladaron a La Guajira. Desde allí el presidente anunció la creación del Instituto de la gestión del agua en el marco de la emergencia económica en ese territorio que el Gobierno había decretado el día 2 de ese mismo mes. Esa declaratoria de la emergencia le otorgaba poderes excepcionales durante 30 días para resolver “la situación de cosas inconstitucionales que vive este departamento y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región”.

El Gobierno aseguraba que la llegada del Fenómeno del Niño auguraba una sequía sin precedentes. “Se avecina una calamidad pública”, dijo en ese momento. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) acababa de advertir que había una alta probabilidad de que El Niño, un fenómeno natural que se origina en el océano Pacífico y determina el clima en todo el mundo, apareciera en la segunda mitad de 2023.

Este 2 de octubre, justo cuatro meses después, la Corte Constitucional dejó sin efecto casi toda la declaratoria. Encontró que la grave situación que vive La Guajira se debe a problemas estructurales y no a una emergencia, de modo que el Gobierno debe solucionarla con sus facultades normales, no en el marco de una situación excepcional que le permite reemplazar al Congreso en la toma de medidas legislativas.

La Corte reiteró lo que ha dicho desde 1992: el Ejecutivo solo puede tomarse atribuciones del Legislativo cuando sea absolutamente indispensable y enfrente una situación imprevisible. Además, señaló que en este caso el Gobierno no hablaba de una crisis sino de una probable sequía futura. Sin embargo, mantuvo vigentes los artículos de la emergencia económica relacionados con los riesgos que surgen “por la menor disponibilidad de agua” en la región, a los que les dio una vigencia de 12 meses. Ese es el tiempo que tendrá Saade para demostrar avances.

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