El CNE revoca la candidatura de Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, a la Alcaldía de su natal Albania

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha revocado este lunes la inscripción de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, como candidata a la Alcaldía de Albania, el municipio de ese departamento del que ha sido alcaldesa ya en dos ocasiones. El CNE encontró que Pinto está inhabilitada para esa aspiración debido a una investigación penal en su contra por irregularidades en un contrato para pavimentar unas calles de Albania entre 2010 y 2011, durante su primera alcaldía. La política guajira estuvo presa en Valledupar (Cesar) por ese proceso hasta marzo de 2021, cuando salió por vencimiento de términos. Pinto ha anunciado por redes sociales que apelará la decisión del CNE. Tiene dos días para hacerlo.

En una publicación de Instagram, la exgobernadora escribió que su defensa se basará en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que permitió que el hoy presidente Gustavo Petro regresara a su cargo como alcalde de Bogotá en abril de 2014. Petro había sido suspendido a finales de 2013 por la Procuraduría por sus decisiones sobre el sistema de desechos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares y dictaminó que solo un juez puede destituir a un funcionario elegido por voto popular. Pinto recurrirá a ese precedente, buscando que se aplique también a los candidatos a los cargos de elección popular.

Además de a Pinto, el CNE inhabilitó a nueve candidatos más en La Guajira este lunes, siete aspirantes a concejos municipales y dos a ediles locales. La de este lunes fue la quinta audiencia de revocatoria de inscripción de candidatos para las elecciones regionales, que se realizarán el próximo 29 de octubre. En los días siguientes están en juego las aspiraciones de candidatos tan relevantes como Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía de Bogotá o Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander. El CNE revocó ya la aspiración de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca, aunque el candidato puede interponer un recurso, como Pinto.

Conocida como la princesa negra, Pinto es de origen Wayúu, el pueblo indígena con más integrantes de Colombia y que constituye alrededor del 30% de los habitantes de la Guajira, uno de los departamentos más pobres del país. Tiene un largo y controvertido historial político, que inició cuando fue elegida concejal de Maicao en 1997. Tras dos periodos como alcaldesa de Albania, fue elegida gobernadora en 2015 con el respaldo del grupo político del exgobernador Juan Francisco Kiko Gómez, en ese entonces detenido e investigado por homicidios a sus rivales políticos y por relación con grupos criminales (fue condenado a 55 años de cárcel por homicidio en 2017). El aval que recibió Pinto por Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fue motivo de tantas críticas y dudas que llevó a que Carlos Fernando Galán, en ese entonces senador de esa colectividad, renunciara a la dirección del partido.

Pese a la controversia generada durante la campaña, Pinto ganó las votaciones y se convirtió en la primera mujer en ser elegida como gobernadora de la Guajira. Pero tan solo duró 18 meses en el cargo. El Consejo de Estado la destituyó en junio de 2016, tras concluir que su postulación había sido irregular porque no había renunciado a la alcaldía en el plazo que exigía la ley para ello.

En marzo de 2017, 10 meses después de ser retirada de la Gobernación, Pinto fue enviada a la cárcel por presunta corrupción durante su primer mandato en Albania. La entonces alcaldesa fue procesada por un convenio con el Hospital San Rafael en el que la Alcaldía pagó más de 18.500.000 pesos al centro de salud por un programa para combatir la mortalidad infantil. Se alegaba que casi 7.000.000 fueron destinados a comprar votos para Pinto en las elecciones para la alcaldía de octubre de 2011, que ganó con el 85,9% de los votos.

La exgobernadora no ha sido condenada por ese proceso y eventualmente quedó en libertad. Sin embargo, volvió a la cárcel en julio de 2020 ―después de estar ocho meses prófuga de la justicia― por irregularidades en otro contrato durante su mandato como alcaldesa. Tampoco fue condenada y salió de prisión en marzo de 2021. Pinto nunca ha aceptado los cargos en su contra. “Me están persiguiendo por ser mujer y por ser indígena”, dijo en 2017.

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