El joven abogado que quiere terminar con los trabajadores ‘quemados’ en Colombia
La pandemia y el auge del teletrabajo llevaron a Juan Felipe Parra a solicitar a la Corte Constitucional que estableciera límites firmes entre la vida profesional y la privada. A finales de agosto, el tribunal reconoció la desconexión laboral como un derecho humano
El abogado Juan Felipe Parra está harto de que sus amigos estén pendientes de sus celulares cuando queda con ellos para almorzar. Cree que las personas de su generación —tiene 27 años— sienten la necesidad constante de mantenerse ocupadas para cumplir con los estándares de lo que se espera de ellos como empleados comprometidos. Hay que hacer cursos, competir con los compañeros y ser el mejor. Y, por si fuera poco, todo ha empeorado con la pandemia de la covid y el auge del teletrabajo. Los mensajes de WhatsApp de los jefes invaden el tiempo libre a cualquier hora. Por eso, Parra se ha “obsesionado” con delimitar la vida profesional y la privada. Y se ha anotado algunos éxitos: entre ellos, que la Corte Constitucional de Colombia reconozca la desconexión digital como un derecho humano.
Su primer logro en Derecho laboral fue en 2020. Parra daba sus primeros pasos como profesor asistente en la Universidad de Los Andes, en un contexto de adaptaciones abruptas a clases virtuales y de docentes estresados. Comenzaban a tomar fuerza en la agenda mediática las nuevas modalidades de trabajo en casa y los límites cada vez más difusos con la vida privada. Por eso, un día les planteó a sus alumnos que una ley de 2008 era inconstitucional porque excluía a los teletrabajadores de derechos como el pago por horas extras. “Si ustedes quieren, en vacaciones, los invito a que nos reunamos por Zoom y montemos una demanda”, les dijo. Dos alumnos se sumaron y, junto a ellos, obtuvo su primera victoria.
“La pandemia nos marcó a todos. El que diga que no, es un mentiroso. Todos cambiamos. A mí me hizo darme cuenta de muchas cosas que están mal”, afirma el abogado durante una entrevista en la universidad en la que trabaja. En su confinamiento incluyó la lectura de filósofos como el polaco Zygmunt Bauman y el coreano Byung-Chul Han, que le hicieron cuestionar la ética del trabajo y los ideales de felicidad y éxito. Eran planteamientos muy teóricos, más propios del estudiante de Filosofía que quiso ser durante la secundaria y que al final no fue. Pero, para él, ambas disciplinas pueden ir de la mano. “La Filosofía le da picante al Derecho”, dice.
El regreso a las clases presenciales trajo el segundo éxito. La idea de una nueva demanda surgió en una clase en la que Parra se refería a una ley reciente que incrementó la licencia por paternidad y que permite distribuir entre la pareja algunas de las semanas contempladas para las madres. “Un man levanta la mano y me pregunta qué pasa cuando hay una pareja de dos hombres o dos mujeres”, rememora el abogado. Tras pensarlo en conjunto, concluyeron que la ley no había dicho nada al respecto y que había una omisión legislativa. Aunque esta vez nadie se sumó a la iniciativa de demandar, Parra redactó la acción en sus vacaciones y la presentó ante la Corte Constitucional. En noviembre de 2022, el tribunal volvió a darle la razón.
“Creo que algo queda de ese niñito que entró a estudiar Derecho [hace 10 años] y que decía que el Derecho podía ser justo. Ya soy consciente de que el Derecho es político [con intereses en conflicto] y que muchas veces se queda corto. Pero yo tengo un privilegio, en un país en el que la mayoría de las personas no puede acceder a la educación superior. Aprendí Derecho y tengo las herramientas para hacer una acción. Y eso se lo debo a la sociedad, a alguien debo estar ayudando”, resalta el profesor. Niega, cuando se le pregunta, que haya un componente de reconocimiento y prestigio.
En enero de este año, Parra presentó la demanda para garantizar el derecho a la desconexión digital que tienen los trabajadores cuando están fuera del horario laboral. Junto a dos de sus estudiantes, argumentó que una ley al respecto, sancionada en 2022, era inconstitucional porque un inciso excluía a altos cargos directivos de empresas y entidades públicas. La intención era usar a este grupo de “excusa” para que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la desconexión digital de manera más amplia. El abogado esperaba que una nueva definición ampliara el derecho a categorías de trabajadores no contemplados en la ley, como los contratistas.
El resultado superó las expectativas. El tribunal no solo declaró a finales de agosto que el inciso es inconstitucional, sino que también estableció que la desconexión laboral es “un derecho humano que surge a partir de las nuevas tecnologías”. Para Parra, es un éxito contundente porque implica que todas las personas tienen derecho al descanso y al ocio. Asimismo, el abogado señala que el impacto no se limita a lo jurídico: la repercusión mediática de las decisiones de la Corte Constitucional permite instalar temas en la agenda del país y avanzar en un cambio cultural. “Lo importante es la publicidad. Eso permite que la gente interiorice sus derechos”, dice.
María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, señala por teléfono que la decisión sobre la desconexión digital también es relevante por lo que muestra de la Corte Constitucional. “No es una Corte vieja, estática, anclada a lo clásico del Derecho. Está a tono con la coyuntura, responde a las dinámicas sociales y revalida su rol en la sociedad”, subraya. La experta enfatiza en que el logro de Parra no es un hecho aislado y que las acciones públicas de la ciudadanía han sido fundamentales en garantizar las “grandes conquistas” del tribunal a lo largo de su historia —derechos ambientales, LGBTI, de discapacidad—.
“Nuestra función como academia es decirle a la Corte que necesitamos que estudie algo, así sea para decirnos que no tenemos razón”, afirma Torres, que fue una de las docentes que le enseñó a Parra cómo formular demandas de inconstitucionalidad cuando él cursó su pregrado en la Universidad del Rosario. Según explica, las clínicas jurídicas a lo largo y ancho de Colombia han sido fundamentales en formar abogados que vean el Derecho como “una herramienta de cambio”. “Uno puede ejercer el Derecho como quiera. Pero no puede olvidarse de su función social, de su capacidad de incidir en los grandes cambios de la sociedad”, resalta la docente.
Apuesta política
Parra es enfático en que la demanda por la desconexión digital es parte de su “apuesta política”. Para él, es importante ponerla en el contexto de un país al que llegan cada vez más empresas internacionales con el objetivo de ofrecer servicios tercerizados y aprovechar los bajos costos de la mano de obra local. “Colombia ha vivido un auge de call centers [centros de atención al cliente]. El trabajo formal crece, se expande. Pero hay intentos de ignorar o acallar estas cosas. ‘Ay no, la desconexión laboral. Eso aplica en la Unión Europea, aquí no, esto es Colombia’. Y no, no. Sí se puede implementar acá también”.
El problema es que no es fácil que las empresas cumplan con estas normativas —sobre todo si hay pocas inspecciones laborales— y que los ciudadanos las interioricen. Parra reconoce que él mismo tiene dificultades para llevar a la práctica todo lo que defiende con tanto énfasis en sus respuestas verbales y gestuales a lo largo de la entrevista. Comenta que tiene problemas de estrés y que se encuentra realizando estudios médicos. Admite, además, que corre de un lado al otro de Bogotá y señala que debe cumplir con obligaciones como estudiante de doctorado, abogado litigante en un estudio jurídico y profesor de dos universidades.
“Mi filosofía es lo que estoy diciendo. En la práctica, no lo aplico. Tengo una crisis epistémica porque pienso unas cosas y hago otras”, dice Parra. “¿Uno cómo sale del capitalismo? Es imposible, no lo sé”.
Trabajadoras domésticas internas
Juan Felipe Parra tiene otra demanda en curso. Junto a la profesora Natalia Ramírez, ha denunciado la inconstitucionalidad de una ley de 2021 que establece la reducción gradual de la jornada máxima laboral a 42 horas semanales. La acción pública argumenta que la norma es discriminatoria porque no contempla a las trabajadoras domésticas internas, que tienen una jornada máxima especial en la que no aplican los límites generales.
El alto tribunal admitió la demanda hace unas semanas. “La Corte va a tener que argumentar. Si quiere mantener la jornada máxima especial como está, tiene que utilizar argumentos del siglo pasado. Si está acorde con la jurisprudencia reciente, como la desconexión laboral, tendrá que bajar [los topes]”, comenta el abogado.
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