La pelea jurídica para que Colombia incorpore el impacto del carbón a sus compromisos climáticos

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Con el tiempo, Colombia se ha ido sumando a la lista de países que han creado leyes y firmado compromisos para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, según un equipo de varios investigadores y abogados del país, hay una pieza que no cuadra: el sector carbón sigue estando ausente en muchos de estos documentos. “Empezamos a ver una incongruencia”, señala José David Castilla, abogado del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El país salía en escenarios internacionales a decir que estaba cumpliendo con los compromisos climáticos, pero, a la vez, otros proyectos hablaban casi que de duplicar el número de toneladas de carbón extraídas en Colombia para el 2021″.

Así que, motivados por esta preocupación, miembros de AIDA y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), junto a otras organizaciones y centros de pensamiento, entre los que se encuentran Censat Agua Viva, POLEN Transiciones Justas y el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (CINEP) y la Universidad del Magdalena, decidieron poner una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Minas, entre otros, “lleven a cabo todas las acciones necesarias para incorporar los impactos climáticos generados por el sector carbón dentro de la política de cambio climático”.

Específicamente, cuenta Rosa Estefanía Peña, también de AIDA, aunque el país sí que reconoce que el sector de carbón es vulnerable ante el cambio climático, actualmente no se está evaluando su impacto ante este fenómeno. Esto, pese a que existen leyes como la de cambio climático (1931 de 2018), o la de carbono neutralidad (2165 de 2021), en las que se dan luces de que su rol ante la crisis ambiental debería evaluarse e incorporarse. “Sentimos que el país ha esquivado este debate porque, precisamente, evaluar el impacto que tiene el carbón frente a la crisis climática implica que habría más costos para la inversión”, agrega la abogada.

Y las noticias, por lo menos para ellos, parecen ser buenas. En el fallo que dio el Tribunal como respuesta a la acción se les dio ocho ordenes a ambos ministerios para que sus políticas y actuaciones climáticas sean más coherentes y no esquiven el carbón. Entre ellas, por ejemplo, está cuantificar las emisiones generadas por los proyectos termoeléctricos a carbón que existen en el país, así como estimar los impactos climáticos generados por la quema de carbón que exporta Colombia para identificar el número de emisiones indirectas.

Este último es un punto clave, ya que desde el sector carbón es una de las excusas que se ha usado para minimizar su impacto, es decir que las mayores emisiones se dan en la quema, y que la mayoría de esta quema se da es por fuera del país. Pero a lo que apelan los abogados es que así el carbón se queme en Colombia o por fuera seguirá contribuyendo al cambio climático, por lo que es una medición que por, ética, se debe tener en cuenta.

Además, agrega Castilla, el Tribunal obliga a que se cree un mecanismo de monitoreo para saber si las empresas que se han comprometido a reducir sus emisiones o ser carbono neutrales están cumpliendo. “Desde que se firmó el Acuerdo de París, en 2015, estamos hablando de cumplir compromisos climáticos, pero estamos a más de seis años después y todavía no estamos verificando cómo cumplir esas metas”.

“Esta decisión es una victoria climática y un precedente hito en América Latina, al plantear la necesidad de contar con términos específicos para el cumplimiento de los compromisos climáticos, y de adoptar medidas no solo de carácter general, sino también específicas en sectores centrales para la gestión de la crisis, como el sector carbón”, dice también Peña.

Aunque el Tribunal ya dio su punto de vista, el fallo fue impugnado tanto por los ministerios como por los mismos abogados. Los primeros porque sí creen estar cumpliendo, los segundos porque esperan una respuesta aún más ambiciosa. En otras palabras, esto quiere decir que el caso será revisado por el Consejo de Estado, el cual tendrá la última palabra y decidirá sobre tres escenarios. Uno es darle reversa al fallo del Tribunal – y la razón a los ministerios. Otro, es ratificar lo que dice el Tribunal y, uno más, que es el que espera tener el grupo de abogados, es publicar una respuesta que sea más fuerte y concreta para hacer que Colombia no deje aparte al carbón cuando se refiere a sus políticas climáticas.