El agridulce primer año del “Congreso del cambio”

“¡Este será un Congreso que garantiza el cambio: haremos historia!”, dijo el 20 de julio de 2022 el senador que acababa de ser elegido como presidente del Congreso de Colombia por un año, Roy Barreras. La cabeza de las negociaciones para que el Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia contemporánea del país, tuviera una amplia mayoría legislativa, marcaba así el gran tamaño de la ambición por lo que venía. 11 meses después, terminada la legislatura para la que fue elegido, el balance es otro: Barreras perdió su curul por una decisión judicial; el Gobierno se quedó sin mayorías, especialmente en el Senado; las grandes reformas sociales de Petro se hunden o avanzan a trancazos. El optimismo que desbordaba Barreras se reflejó en un primer semestre de pragmatismo y de logros legislativos, pero desapareció en el segundo, el que concluye, que vio una renovada polarización dentro y fuera del Capitolio.

La propuesta inicial: el Frente Amplio

Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, el Congreso ya estaba definido y su campaña se había enfrentado a partidos que podrían armar una mayoría en su contra. Tres meses antes, en marzo de 2022, su movimiento había logrado la mayor votación al Senado y a la Cámara de Representantes. Pero ese Pacto Histórico estaba lejos de ser mayoría. Casi el 17% de los votos a la cámara alta le dieron 20 de las 108 curules, mientras los partidos que hicieron campaña en su contra sumaban 67 curules. En la Cámara, que tiene circunscripciones departamentales, el movimiento del presidente sumaba apenas 29 de los 187 escaños.

Pese a esa baja cuota inicial, armó una supermayoría. Lo logró gracias al atractivo natural de todo nuevo presidente y a la capacidad de los aliados de Petro de sumar más apoyos para quien había hecho una campaña con un pragmatismo no conocido antes en su carrera, aceptando políticos tradicionales como Barreras o Armando Benedetti en posiciones clave. Así, cuando se instaló el Congreso el 20 de julio, apoyaban a Petro bancadas de los partidos tradicionales contra los que hizo carrera en la política, e incluso tan caracterizados de derecha como el centenario Partido Conservador.

El optimismo era enorme. Así iniciaba el discurso de posesión de Barreras: “Nunca hubo en nuestra historia moderna un día tan significativo que representara la independencia y la libertad como este día, en el que, podemos y queremos decir ‘cesó la horrible noche y en surcos de dolores el bien germina ya’. Este Congreso, el más diverso de su historia lleno de voces alternativas que por vez primera son mayoría, tienen voz, tienen voto”. El de Petro decía algo similar: “Hay muchas tareas y confío plenamente en nuestros representantes de la sociedad colombiana en el Congreso. Nuevos y viejos”.

Y así fue el primer semestre, en el que el Petro además logró acuerdos para que salieran adelante, especialmente, sus dos grandes proyectos. Una reforma tributaria ambiciosa, que sin transformar de raíz el sistema de impuestos sí buscaba aumentar el recaudo entre las personas más ricas, pasó con algunos ajustes pero su esencia intacta y un apoyo amplio en el Congreso. También fue tramitada con facilidad la ley llamada de paz total, que prorrogaba la autorización que han dado todos los congresos desde hace casi 30 años a los presidentes para negociar con grupos armados ilegales, pero esta vez adecuada a la ambiciosa idea de negociar, de una vez por todas y de forma simultánea, con todo tipo de grupos, desde la guerrilla del ELN hasta bandas criminales locales.

El primero de los dos semestres de la legislatura cerró con alegría. A diferencia de muchos casos anteriores, la reforma tributaria no exigió sesiones extraordinarias con los congresistas cantando villancicos y definiendo descuentos tributarios a la vez. El Gobierno había logrado la plata para sus inversiones sociales y el marco legal para su gran apuesta. Pero faltaba lo más grueso, según decía entonces a este diario el presidente de la Cámara y congresista del Pacto Histórico, David Racero “Este semestre decidimos hacer el debate público en cuanto a lo económico y a la paz. El próximo semestre haremos el debate en torno a lo social. Y le soy sincero, el país nos va a recordar por las transformaciones sociales que hagamos el próximo año. Ahí miraremos si triunfamos o fracasamos”.

La ruptura por la salud

La reforma a la salud que presentó el Gobierno de Gustavo Petro al Congreso el 13 de febrero de este año fue el principio del fin de su coalición legislativa. A pesar de que la idea misma de reforzar la función del Estado en el sistema creaba grandes resistencias, incluso en su Gabinete, el presidente la priorizó frente a las otras dos propuestas de ajustar lo social, con reformas a las pensiones y al sistema laboral. Liderada por la ahora exministra Carolina Corcho, la puja llevó a que Petro sintiera que tenía ministros desalineados con su Gobierno. Eso llevó primero a la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, opositor acérrimo del proyecto y quien había sido rival de Petro en las presidenciales, y después a la del de Hacienda, José Antonio Ocampo, y a la de Agricultura, Cecilia López, que habían apoyado a Gaviria en los cuestionamientos y que con él conformaban el sector centro del Gabinete. También salió, por desgaste, la propia Corcho.

En retrospectiva, esa disputa fue el origen de muchos problemas de gobernabilidad de Petro que esta semana se vieron reflejados en el hundimiento de dos de sus proyectos bandera: la reforma laboral y la legalización de la compraventa del cannabis. Además de la crisis en el Gabinete, la reforma a la salud desató diferencias con Barreras, quien era fundamental como puente con los congresistas de partidos como el Conservador, el Liberal y el que había sido el suyo, la U.

Barreras, que unas semanas después fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia, expresó públicamente sus reparos a la reforma. Lo mismo hicieron la directora de La U, Dilian Francisca Toro, el expresidente y cabeza del partido Liberal, César Gaviria, y muchos conservadores. En medio de esas discusiones, a fines de marzo la comisión primera del Senado hundió la reforma política que el Gobierno había presentado. Fue la primera gran derrota del presidente, y un antecedente de lo que vendría.

Un mes después, Petro tomó la decisión unilateral de romper con la coalición legislativa. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenazan a la mayoría de su propia bancada”. Al día siguiente despidió a siete de sus ministros, incluyendo a Corcho, Ocampo y López. La U y el Partido Conservador, dos de las bancadas más grandes y poderosas del Congreso, respondieron saliéndose oficialmente de la coalición y declarándose en independencia.

Muchos congresistas liberales también comenzaron a distanciarse. Esto hizo que las iniciativas legislativas no pudieran avanzar con rapidez, como se esperaba. Una de las últimas victorias de Petro en el Congreso fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, cuando el trabajo juicioso de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda lograron las mayorías, en parte porque la Constitución establece que si el Congreso no lo aprueba, el presidente debe emitir su proyecto inicial por decreto.

Con la coalición ya rota llegaron los escándalos que debilitaron la estabilidad del presidente. Primero fue la exesposa de su hijo Nicolás Petro, diputado en el Atlántico por el Pacto Histórico, que denunció que su antigua pareja supuestamente había recibido grandes sumas de dinero de criminales durante la campaña. Después se acusó al hermano del presidente de tener reuniones, hacer pactos y recibir plata de narcos y clanes a cambio de beneficios. La más reciente, y más fuerte denuncia, comenzó con un robo supuestamente cometido por la niñera de Laura Sarabia, la destituida mano derecha de Petro; siguió con unos audios en los que Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, amenazaba con contar la supuesta financiación ilegal de la campaña; y que van en el suicidio de uno de los policías encargado de la seguridad del presidente.

Estas denuncias fueron minando la gobernabilidad en el Congreso, al tiempo que caía su imagen, mientras se acercan las elecciones regionales de octubre. El Gobierno logró aprobar dos reformas constitucionales importantes en las últimas semanas: la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Sin embargo, las tres reformas sociales no tuvieron la misma suerte. La laboral se hundió; y las de pensiones y de salud a duras penas sobrevivieron y seguirán su curso en el próximo semestre, pero les falta pasar por el Senado, más distante de Petro que la Cámara. Y la reforma a la salud se estancó hace casi un mes en la plenaria de la Cámara, donde el Gobierno ha intentado comenzar a discutir los artículos sin éxito. Incluso representantes del Partido Verde, que hace parte de la coalición, pidieron a Petro que la reitre.

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