El coronel Dávila pagó, horas antes de morir, 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río

El coronel Óscar Dávila pagó el pasado viernes, horas antes de morir, 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares) en efectivo como anticipo de su defensa jurídica, según ha informado este miércoles W Radio. El policía, jefe hasta entonces de la oficina de seguridad anticipativa de la Presidencia de Colombia, se había reunido el día anterior con Miguel Ángel del Río, un abogado cercano al petrismo a quien pidió ser su defensor en una inminente investigación penal. El costo de la defensa era de entre 300 y 500 millones de pesos, pero el coronel no podía pagar ese monto y Del Río aceptó hacerle una reducción por la importancia del caso. El viernes, Dávila apareció muerto, presuntamente tras quitarse la vida.

La Fiscalía investigaba al uniformado por el caso de Marelbys Meza, señalada por el robo de un maletín con varios miles de dólares en la casa de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia. Como parte de la Jefatura para la Protección Presidencial, Dávila había quedado en el centro de la atención por el uso de un detector de mentiras y la interceptación de los teléfonos de Meza y de otra exempleada de la entonces mano derecha del presidente Gustavo Petro.

El viernes 2 de junio, el policía había expresado su voluntad de aportar a la investigación, en una carta presentada el lunes 5 al fiscal general, Francisco Barbosa: “Informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento (...) que involucraron a altos funcionarios de la Presidencia”. Una semana después, sin embargo, apareció muerto en su coche.

El abogado Del Río asegura que Dávila se suicidó a raíz de las amenazas que recibió de un funcionario de la Fiscalía, sobre las que el coronel le había hablado el día anterior. “Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, declaró el viernes. Al día siguiente, redobló sus críticas a la entidad acusatoria: “[Dávila era] un hombre valiente que quería defender y que me buscó pidiendo ayuda. Su gran temor era la persecución por parte de Fiscalía. Demostraré sin ambages las miserias de la Fiscalía. No les tengo miedo”.

No obstante, Del Río ha anunciado que no concurrirá a la Fiscalía tras recibir una citación para explayarse y ha preferido enviar una carta que hizo pública en la que explica toda su corta relación con Dávila. “No tengo información adicional que dar. (...) Como abogado defensor, no tengo conocimiento de las causas de la muerte”, dijo este miércoles en W Radio.

Medicina Legal aún no ha dado los resultados de la autopsia, pero los indicios apuntan a un suicidio. Así lo han señalado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el abogado Del Río y el presidente Petro, que relató el sábado en Twitter la versión de un testigo: “Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado”. El mandatario, sin embargo, no hizo conjeturas sobre los motivos.

Miguel Ángel del Río ha señalado este miércoles que “no tendría sentido” que alguien que aspira a acabar con su vida decida buscar un abogado en las horas previas. Cree que algo sucedió el viernes que le hizo al policía tomar la decisión de quitarse la vida. Asimismo, ha reconocido que es usual recibir pagos tan significativos en efectivo, pese a que lo ideal es que se hagan a través de consignaciones. En este caso, el dinero nunca llegó a Del Río, sino a un investigador asociado que lo devolvió a la viuda de Dávila.

La entidad acusatoria ha informado este miércoles que la semana que viene comunicará los resultados de la investigación sobre la muerte del coronel. Ha pedido, además, cautela en el manejo de las hipótesis: “Se hace un llamado ciudadano para que exista un manejo responsable de la información y se evite la divulgación de especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.