El suicidio de uno de los jefes de la seguridad de Palacio revela la tensión tras el escándalo de Laura Sarabia

Uno de los grandes escándalos de corrupción de Colombia, el de Odebrecht, pasó por la muerte de uno de los pocos que había prendido las alarmas, aunque de manera infructuosa, el empresario Jorge Enrique Pizano. Las autoridades lo han catalogado como un suicidio, hipótesis que siempre ha negado su familia. Un triste y macabro espejo se da ahora con la muerte del coronel Óscar Dávila, quien ―como Pizano― podía haber ayudado a aclarar otro escándalo, esta vez el que se inició con una denuncia de posible abuso de poder de Laura Sarabia, quien era la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y que ya ha derivado en denuncias de financiación electoral ilegal y en el suicidio de uno de los encargados de la seguridad del propio presidente.

Dávila, un teniente coronel con 20 años de trayectoria en la Policía Nacional, se disparó en su carro con su arma de dotación este viernes a finales de la tarde. Su conductor fue testigo de la muerte, al término de una semana en la que el coronel había enviado una carta a la Fiscalía para colaborar con la investigación por una de las aristas del escándalo: una niñera, Marelbys Meza, denunció haberse sentido forzada a aceptar que la sometieran al polígrafo en una dependencia de la seguridad presidencial, después de que desapareciera un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia, en la que trabajaba. “Informo a usted de mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicaciones y que involucraron altos funcionarios de la Presidencia de la República”.

En la misiva, Dávila dejó claro de cuál de las partes de un escándalo poliédrico iba a hablar. “Todo lo anterior, en concreto, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura para la Protección Presidencial”. El coronel trabajaba en esa jefatura, como cabeza de una de las oficinas que la componen, llamada de protección anticipativa. Era el encargado de verificar que todo estuviera bien en los lugares a los que acude el presidente.

La sede de esa oficina está en el piso 13 de un edificio ubicado diagonal a la Casa de Nariño, la residencia presidencial, conocido como sede de la entidad de impuestos colombiana, la DIAN. Hasta la semana anterior, la oficina de la seguridad presidencial que había concentrado la atención era otra, un sótano en el que Meza fue sometida al detector de mentiras. Pero con la evolución del escándalo, y la comprobación de que se habían interceptado ilegalmente los celulares de Meza y de otra empleada doméstica de Sarabia, la oficina del piso 13 ganó importancia. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, hizo una inspección a esa oficina el miércoles pasado, bajo la sospecha de que allí se había hackeado el celular de Meza, que la niñera denunció desde el principio que le habían retirado al llegar a la presidencia para someterse al polígrafo.

El CTI encontró equipos informáticos, uniformados, elementos propios de las operaciones de inteligencia y vigilancia que requiere la seguridad presidencial. La Presidencia ya había argumentado, a inicios del escándalo, que había tomado cartas en el que parecía ser un robo privado, en la casa de Sarabia, por motivos de seguridad: en un comunicado firmado por la jefatura de protección presidencial explicó que había realizado los procedimientos en sus dependencias “con el fin de establecer porosidades o situaciones de riesgo, no solo individuales sino de seguridad nacional”. Efectivamente, la jefatura de protección presidencial tiene entre sus funciones “velar por la seguridad de los altos funcionarios de la Presidencia de la República que por la naturaleza del cargo, funciones y nivel de riesgo así lo requieran”.

Todo ello ponía al coronel Dávila en el ojo del huracán. En días pasados, la Procuraduría General le había notificado que requería una declaración suya. Luego vino su carta a la Fiscalía y después el operativo del CTI. 48 horas después de que los agentes del cuerpo de la Fiscalía salieran de su oficina, Dávila se quitó la vida.

Así lo explicó en la mañana del sábado el presidente Petro, vía Twitter: “El teniente coronel de la Policía Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado”, explicó.

Antes de ingresar a la seguridad presidencial, que cambió de cabezas con la llegada de Petro al cargo el 7 de agosto de 2022, Dávila hizo carrera en cargos de investigación criminal. Venía de ser jefe de la seccional de investigación criminal de Cundinamarca, la rama en el departamento central de la Dirección de investigación criminal e Interpol (Dijin) de la Policía. El policía investigador involucrado en las interceptaciones ilegales era, justamente, miembro de la Dijin.

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