El choque entre Petro y el fiscal atraviesa la frágil credibilidad de la justicia

Aunque la oposición política no tiene aún un líder claro, en las últimas semanas pareciera que el petrismo hubiera encontrado ese fuerte oponente en el fiscal general Francisco Barbosa y en la procuradora Margarita Cabello. Esta semana arrancó con el abogado Miguel Ángel del Río, de filiación petrista, anunciando que demandará al fiscal Barbosa por llevar a cabo “una persecución infame” contra un coronel que trabajaba en Presidencia, y quien fue encontrado muerto en su auto el viernes en la noche. El fiscal había citado al abogado, quien contó que habló con el coronel un día antes de la muerte, para que diera su versión —y su versión es que la Fiscalía lo presionaba intensamente por el caso de las interceptaciones telefónicas a la exniñera de la exjefe de gabinete.

Los petristas están convencidos que desde la Fiscalía se fragua un “entrampamiento” contra presidencia, y la oposición está convencida que el petrismo no quiere responder por sus actos ante la justicia. El petrismo dice que la Fiscalía y la Procuraduría planean un “golpe blando” para frenar al presidente, y la oposición dice que el fiscal y la procuradora solo hacen su trabajo. En el medio de la tensión política entre los dos polos vive un personaje más frágil: la credibilidad de la justicia. Una fragilidad que se puede medir en las calles y en las encuestas.

En las calles fue evidente, la semana pasada, cuando el presidente convocó una marcha en apoyo a sus reformas legislativas y buena parte de los marchantes no estaban allí por lo que pasara en el Congreso: fueron para protestar contra el fiscal. “La Fiscalía ya no nos da garantías”, decía un hombre que cargaba en sus manos un cartel pidiendo una mayor intervención de la Corte Penal Internacional. Un enorme grupo compartía fotocopias con la foto de Barbosa y el mensaje “corrupto”.

El fiscal había abierto investigaciones por el caso de las interceptaciones ilegales con un par de frases grandilocuentes en las que fueron evidentes sus sesgos. Dijo, por ejemplo, que este era “el asunto más grave que se ha producido en los últimos años contra los derechos humanos y la justicia en Colombia”—por encima, entre otras, de las interceptaciones que se hicieron a opositores, jueces y periodistas durante el gobierno del expresidente Iván Duque, un amigo de Barbosa y de quien fue consejero presidencial. También ha sido acusado de invitar a la insubordinación de la Fuerza Pública, de torpedear las iniciativas legislativas para llegar a acuerdos con alzados en armas, o de hacer lo posible para que se cierre el caso de falsos testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con la última Invamer Poll, la imagen desfavorable de la Fiscalía es del 55%, muy superior a la favorable (34%) —y eso fue antes del escándalo por las interceptaciones a la exniñera. Esta baja favorabilidad es en parte por la actitud del fiscal pero sobre todo es una tendencia que viene desde 2014, cuando dejó de tener una imagen mayoritariamente positiva. Eso ocurrió bajo la administración de Eduardo Montealegre, también señalado entonces de politización, pero contra el uribismo; se mantuvo durante la siguiente Fiscalía: la del exministro Néstor Humberto Martínez, señalado de favorecer a amigos empresarios. Pero lo más negativo en los más de 20 años de seguimiento de la Poll, llegando a superar el 66% de imagen negativa, ha sido desde cuando llegó allí Barbosa.

“Se ha notado mucho la diferencia de tono del fiscal Barbosa cuando trataba los temas de Duque y ahora frente a los temas de Petro, y esa parcialización ha sido muy dura para una Fiscalía que debería ser independiente”, dice a EL PAÍS Carolina Villadiego, líder del equipo de América Latina en la Comisión Internacional de Juristas. La experta añade, sin embargo, que el fenómeno no es únicamente colombiano. Desde hace varios años hay una “disminución de confianza en los sistemas de justicia a nivel latinoamericano”, y esto en parte tiene que ver con que los presidentes (tanto de derecha como de izquierda) han entrado en confrontaciones con cortes, fiscales u órganos de control como la Procuraduría. O en otras palabras, si la Fiscalía tiene una baja credibilidad, la responsabilidad puede ser tanto de afuera (la actitud del presidente) como de adentro (la del fiscal) —o una combinación.

“Creo que lo que ha salvado a este país de caer en regímenes autoritarios en todo caso es la solidez de sus instituciones y, [frente a la pelea de Barbosa y Petro], como ciudadanos no deberíamos tener que colocarnos de un lado o de otro: se puede criticar a la Fiscalía sin fomentar narrativas de que hay un ‘golpe blando’, cuando no hay evidencia de que lo haya”, añade.

Igualmente complejo es cómo tratar las denuncias del Pacto Histórico contra la procuradora Margarita Cabello, otra opositora en el marco de las protestas petristas. La institución, un organismo de control con el poder administrativo para vigilar a los funcionarios, había mantenido una imagen ligeramente más favorable que desfavorable, de acuerdo a la misma Invamer Poll. Eso, hasta que Cabello empezó a dirigir la institución en el 2021: ahora tiene un 44% de desfavorabilidad frente a un 38% favorable. Cabello fue duramente criticada en la campaña presidencial del 2022, cuando suspendió al aliado de Petro y alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política sin haberse movido igualmente en contra de los varios funcionarios que intervinieron a favor del candidato uribista Federico Gutiérrez y en contra de Petro.

El petrismo ahora teme que Cabello intente frenar las reformas que ha presentado el Gobierno para concretar su apuesta de cambio en lo legislativo. Recientemente varios congresistas oficialistas pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la procuradora suspenda a varios de los senadores y representantes que tienen casos abiertos en la oficina de Cabello, como Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexander López y Susana Gómez. Recientemente Cabello pidió la suspensión del senador del Pacto Histórico Alex Flórez, quien peleó borracho contra unos policías.

Rodrigo Uprimny, constitucionalista quien ha sido crítico de la labor de la Procuraduría, concuerda con que tanto Cabello como Barbosa “están utilizando políticamente sus cargos”. Pero no tanto para poder hablar de un ‘golpe blando’ ni para pedir medidas cautelares. “Este caso es distinto al de Petro cuando él fue suspendido como alcalde”, dice, en referencia a una suspensión contra el hoy presidente, en 2013, por el exprocurador ultraconservador Alejandro Ordoñez. Aunque la CIDH se pronunció en ese caso diciendo que la Procuraduría no debería poder suspender a funcionarios que llegaron a sus cargos por elección popular, pues únicamente un juez puede hacerlo, luego la Corte Constitucional dijo que la Procuraduría sí puede hacerlo, aunque esa medida “queda suspendida cuando es un funcionario de elección popular hasta que eso pase por un juez”, explica Uprimny. El senador Flórez, por ejemplo, sigue ejerciendo como legislador hasta que la justicia se pronuncie. “Por eso no tienen sentido las medidas cautelares. La CIDH diría: ¿porqué necesita medidas cautelares si de todos modos usted va a tener una revisión judicial?”, añade.

Fue solo hace una semana que el fiscal decía que las chuzadas del Gobierno parecían la “Gestapo”, y el presidente decía que el Fiscal nunca investigó las interceptaciones a las comunicaciones internas de su campaña presidencial. Fue hace solo un mes que Petro le decía a Barbosa, equivocadamente, que él era su jefe, y el fiscal respondía que el presidente era un “dictador”. ¿Debería Barbosa pedir que alguien más se encargue del escándalo político en presidencia después de mostrar sus sesgos políticos tan transparentemente? “Dado el público enfrentamiento con el presidente, que nunca ha debido darse, lo más indicado sería un fiscal ad hoc”, opinó este fin de semana el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández en entrevista a El Espectador. No hay, por ahora, una discusión seria para que ello ocurra. Un nuevo fiscal deberá llegar a reemplazar a Barbosa a inicios del 2024 y, dado el tono del actual fiscal y Petro hasta ahora, la pelea tiene el clima propicio para durar el medio año que les queda juntos.

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