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Petro no quiere ser Uribe, el presidente que perdió su batalla contra la justicia

El mandatario rebaja la tensión después de un enfrentamiento con el fiscal general y firma la paz con las altas cortes

Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro en Bogotá, el pasado 9 de mayo.LUISA GONZALEZ (REUTERS)
Inés Santaeulalia

La cita podría haber sido en la Casa de Nariño, la residencia presidencial, pero fue en el Palacio de Justicia, la sede de las cuatro altas cortes de Colombia. Gustavo Petro se desplazó este martes para tratar de firmar la paz con la Justicia, que salió en bloque a afear al presidente su enfrentamiento con el fiscal general. Si el choque no beneficia a nadie, a quien menos puede hacerlo es a Petro. En los próximos meses, el presidente debe enviar una terna con los nombres de los candidatos a suceder Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación a partir de febrero de 2024. Pero la última palabra la tiene la Sala Penal de la Corte, que puede simplemente devolverle su lista y no nombrar a nadie. No sería la primera vez que ocurre. En el segundo mandato de Álvaro Uribe, enfrentado contra la Justicia para las investigaciones que señalaban a políticos de su partido con el paramilitarismo, la Corte rechazó la terna del presidente. Uribe se fue del poder sin nombrar fiscal general tras intentarlo durante más de un año.

Llegar a ese punto, sería demoledor para uno de los proyectos principales de Petro. La paz total, esa idea que trata de acabar por la vía de la negociación con todos los grupos criminales del país, necesita el apoyo de la justicia para poder implementarse. Barbosa, ternado por el expresidente conservador Iván Duque, no es el mejor compañero para esa batalla. En los últimos meses ha mostrado públicamente su rechazo a la propuesta del presidente. Lo ha acusado de ser benévolo con los narcotraficantes, de beneficiar a los criminales e incluso llegó a decir que con sus reformas, “Pablo Escobar ―el narco colombiano más conocido de la historia― estaría feliz”.

Ese fue solo uno de los episodios entre Barbosa y Petro, en los que siempre ha sido el presidente el que ha tratado de templar los nervios. Hace justo un mes se reunió con el fiscal general para tender puentes, pero las posibilidades de que detrás de esta relación surja algo parecido a una amistad se esfuman con el paso de los días. La semana pasada la crisis parecía una ruptura. Petro estaba esos días en España, en una visita de Estado en la que recibió todos los honores. Dio un discurso en el Congreso, se reunió con el presidente Pedro Sánchez, se encontró y cenó con los Reyes. Nada parecía que pudiera enturbiar esa cita en Europa, pero Petro siempre tiene tiempo para un tuit incendiario.

En este caso le dijo al fiscal por redes sociales que, como jefe del Estado, era también su jefe. Este, iracundo, le contestó llamándolo dictador. El presidente de la Corte Suprema de Justicia envió un comunicado poco después cerrando filas con Barbosa y pidiéndole al presidente “sensatez, respeto y cordura”. Ya desde Portugal, Petro envió un comunicado conciliador. Desde ese momento, se empezó a trabajar desde el Ejecutivo para tratar de acordar una reunión con las altas cortes para rebajar la tensión. En la cita del martes estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el del Consejo de Estado, la de la Corte Constitucional y el de la Judicatura. Era la cúpula de la Justicia recibiendo al presidente.

Petro no hizo declaraciones a la salida, pero la Corte emitió un comunicado en buen tono. No solo aseguraron coincidir con el presidente “en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”, sino que invitaron “a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”. No se citó en ningún caso a Barbosa, pero esta última frase podría interpretarse como una llamada de atención a las constantes injerencias políticas del fiscal general, al que muchos analistas ven ya calentando para una candidatura presidencial de la derecha en 2026.

Ahora habrá que ver si la paz es duradera. Los ejemplos anteriores de presidentes que chocaron con la Justicia no se resolvieron a favor del Ejecutivo. El caso más sonado fue el del expresidente Uribe. La Corte Suprema investigó las alianzas entre paramilitares y políticos, todos ellos de la coalición de Uribe, incluido a su primo y heredero del poder en Antioquia, Mario Uribe. El presidente se molestó mucho. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conocida como policía política, investigó e interceptó ilegalmente comunicaciones de magistrados. La ruptura entre los dos poderes fue total. Cuando llegó al hora de relevar al fiscal general, Uribe chocó contra un muro. No aceptaron sus nombres y el cargo no se relevó hasta que llegó Juan Manuel Santos a la Presidencia y presentó su propia terna, lo que Uribe entendió como una de las primeras traiciones de su sucesor.

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También Duque se vio en problemas con la Justicia cuando objetó la Ley estatutaria para crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que nació a raíz del proceso de paz con las FARC. La Corte Constitucional no le dio la razón y, aunque las consecuencias no llegaron tan lejos como su mentor Uribe, esto limitó su acción política. Ernesto Samper fue otro de los presidentes a los que la justicia acorraló, al ser investigado su entorno haber recibido dinero del cartel de Cali durante su campaña. Samper logró acabar su mandato, pero más bien por el hecho de que en Colombia no ha dimitido desde hace más de 50 años. Su Gobierno se limitó desde entonces a ver pasar los días hasta las elecciones y no dejarse tumbar.

La independencia de los magistrados de la Corte Suprema respecto al poder político es total. Más allá de que el presidente acota el nombramiento del fiscal general con una lista, el resto de cargos no pasan por el Ejecutivo. Son los propios magistrados los que eligen a sus sucesores por un periodo de ocho años. Los que estaban cuando se negó la lista de Uribe (2009-2010) ya no están, pero sí los que estos seleccionaron para su continuidad. Esos son a los que Petro necesita de su lado para que el próximo fiscal salga de su listado y no se convierta en una piedra en el camino de la paz total. El presidente sabe que en un enfrentamiento con la Justicia lleva todas las de perder.

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Sobre la firma

Inés Santaeulalia
Es la jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.

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