El precio del gas aumenta un 27% y es el factor invisible de la alta inflación en Colombia

En Colombia ya no sorprende que la inflación, que revela mensualmente el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), supere el 10%. En marzo llegó a 13,34%, la más alta desde 1999; “todo está caro” es una frase que se repite en las conversaciones, sin importar la región del país. Pero lo que está más caro es el gas, un tema sobre el que poco se discute.

Ese combustible ha subido más que la energía eléctrica, que ha sido objeto de gran discusión. Mientras la electricidad ha aumentado en 19,77% en el último año, el incremento del gas llega al 27,39%. El exministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, señala la depreciación del peso como una de las principales razones. “Tanto el precio del gas, como la tarifa de transporte del mismo, se ajustan con la tasa de cambio. Otros componentes de la tarifa se ajustan también con el Índice de Precios al Productor, el cual ha tenido incrementos importantes por la coyuntura inflacionaria internacional”, explica. El dólar, que a finales de marzo de 2022 estaba en 3.765 pesos, cerró en el mismo mes de este año en 4.627 pesos. El martes pasado dio un respiro y se ubicó por debajo de los 4.600 pesos.

Otra posible causa de la subida del precio del gas es su mayor consumo. El gas natural, que en 2018 llegaba a 9,2 millones de usuarios de hogares, la industria y el comercio, ahora alcanza a más de 10,7 millones de usuarios. “Cada vez hay más hogares con gas y un componente de generación eléctrica también a gas. Mientras la demanda aumenta, la producción está estable. La diferencia se cubre con gas importado y los precios han aumentado particularmente por la guerra en Ucrania”, indica Armando Zamora, experto independiente y expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Frente a esa creciente demanda, la oferta puja por crecer al mismo ritmo. En La Guajira la producción de gas natural se ha reducido: en 2018 generaba más de 187 millones de pies cúbicos y para 2021 fueron solo 48 millones de pies cúbicos. Riohacha, la capital del departamento, es la ciudad con el mayor incremento de precios con un 40%. Le sigue Bogotá, según las estadísticas del Dane. “En lugar de enviar gas al interior del país, estamos recibiendo gas desde Córdoba. Eso, por supuesto, aumenta automáticamente los costos”, dice Mauricio Ramírez, asesor de la Alcaldía de Riohacha.

Lo que ocurre en ese departamento del Caribe impacta en el país completo: la producción de gas ha caído de cerca de 794 millones de pies cúbicos en 2018 a 667,7 millones al cierre de 2021, de acuerdo con cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, conformada por las principales empresas de la cadena de producción, transporte y distribución no se ha pronunciado, por ahora, sobre el informe del Dane.

El alza del gas también es más aguda que otra muy sonada, la de la gasolina, que completa seis meses consecutivos subiendo en las estaciones de servicio y ha aumentado el 18,68% en los últimos 12 meses. La decisión del Gobierno de empezar a eliminar los subsidios a ese combustible ha llevado a un aumento acumulado de 1.800 pesos por galón de gasolina corriente desde noviembre pasado. Para abril, el ajuste fue de 400 pesos, alcanzando un promedio de 11.167 pesos por galón (2,4 dólares). Con todo y eso, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo creado en 2007 para evitar que las variaciones de los precios internacionales del crudo golpearan el bolsillo del consumidor, sigue evitando que la gasolina esté más alta: si se eliminara totalmente el subsidio, el precio subiría hasta unos 16.500 pesos, un aumento de otro 40%.

“El precio del gas es diferente al de la gasolina. Está dado por el mercado, o sea, por el comportamiento de la oferta y la demanda. La gasolina ha debido subir más que el gas, pero no ha subido porque sigue teniendo un precio controlado. A precio de mercado, los combustibles líquidos deberían estar prácticamente al doble”, explica Zamora.

Las tarifas de los servicios públicos han estado desde hace meses en la agenda nacional. Los elevados costos de la energía levantaron protestas en la Costa Caribe a finales del año pasado por alzas cercanas al 50%. El Gobierno de Gustavo Petro reaccionó con un pacto por la justicia tarifaria que prometía una reducción con voluntad de las empresas. A comienzos de 2023, el presidente Petro anunció, de todos modos, que asumiría directamente la regulación de las tarifas, una decisión polémica que quedó suspendida por orden del Consejo de Estado.

El futuro de la producción de gas también ha sido debatido, pero más por la falta de claridad sobre el desarrollo de nuevos proyectos que por el costo para los consumidores. En enero pasado, durante el Foro Económico Mundial de Davos, la ministra de minas y energía, Irene Vélez, aseguró que no se firmarían nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, incluido el gas.

Dos meses después, a mediados de marzo, el Gobierno volvió a matizar el que ha sido motivo de fuertes tensiones. Los ministerios de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda anunciaron el plan de transición energética que contempla, entre otras estrategias, “continuar con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas, propiciando la autosuficiencia de la matriz energética”. Lo que pase con el gas también tendrá efectos en los costos que, al final, asumen los usuarios.

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