Ordenada la demolición del edificio Aquarela: un respiro para el legado colonial de Cartagena

Al esqueleto grisáceo del edificio bautizado Aquarela, en el popular barrio Torices, le quedan máximo tres meses en pie. Así lo estipula el fallo en primera instancia de la jueza 12 administrativa del circuito de Cartagena de Indias que ordena a ese distrito y a los promotores derrumbar la totalidad de la estructura. Su construcción, que iba por el décimo de una treintena de pisos estipulados, saltó al centro de la polémica en 2017 por haberse levantado en la periferia del centro histórico, un entorno que cuenta con una vigilancia especial de conservación patrimonial por parte del ministerio de Cultura y de la UNESCO, que desde 1984 lo incluyó en su lista de lugares protegidos.

A pesar de que la acción popular impulsada por el ministerio de Cultura contra el distrito, la promotora y la curaduría cartagenera aún puede ser apelada, después de seis años de litigios más de un cartagenero respira aliviado por una decisión que abre la puerta a la desaparición de un proyecto que contemplaba cuatro torres más, de más de 32 pisos cada una, y que habría deteriorado notablemente la panorámica del fuerte de San Felipe de Barajas, una mole maciza sobre el mar Caribe desde donde el marino vasco Blas de Lezo repelió un feroz ataque de la flota británica en 1714.

Los señalamientos por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia para construir el Aquarela, según cargos formulados en 2020 por la Procuraduría, engloban a funcionarios de la curaduría urbana local, promotores de vivienda de interés social, y otros actores del distrito que obviaron las normas de patrimonio para adjudicar el proyecto como si se tratara de una urbanización para dar hogar a personas de bajos recursos.

Tampoco se salvan funcionarios del ministerio de Cultura de entonces, que tendrían su cuota de responsabilidad: si bien el cuidado del mobiliario urbano del centro histórico corresponde a la ciudad, las murallas que la arropan y la fortaleza son responsabilidad de la cartera en Bogotá. Se trata, en últimas, de un armazón burocrático con fisuras y ligerezas administrativas.

La Unesco, la agencia de la ONU dedicada a temas culturales y educativos, había urgido desde 2021 al Gobierno de Iván Duque a acelerar la demolición del Aquarela. Tras varios aplazamientos se fijó la fecha límite para el 1 de diciembre de 2022, bajo sospechas de que, en caso de incumplimiento, la ciudad podía llegar a perder el rótulo de patrimonio inmaterial de la humanidad (como le sucedió al puerto mercantil de Liverpool en 2021).

Esa sanción también estaba ligada al descuido de monumentos, museos, y otros complejos de una de las joyas arquitectónicas del Caribe, pero tenía el problema del Aquarela como prueba del compromiso de las autoridades en la protección del patrimonio. El estatus de patrimonio ha servido para posicionar a la ciudad como una marca turística internacional, y beneficiarse de los recursos del fondo común de la agencia internacional para asesorías técnicas en conservación de barrios y monumentos.

Ese reconocimiento, al igual que en el caso del turismo de masas en otros lugares del mundo, ha generado múltiples críticas desde colectivos vecinales y estudiosos de los cambios urbanos que denuncian desde años la forma como la “patrimonialización” del suelo en el casco histórico ha dado pie para movimientos de especulación en el mercado inmobiliario, expulsando a miles de residentes tradicionales y convirtiendo la zona en un entorno desconocido para la mayoría de los habitantes de la ciudad, una de las más pobres entre las grandes urbes colombianas.

Entre tanto, al menos la mitad de las 950 familias que habían invertido dinero en el Aquarela siguen en un limbo jurídico y a la espera de una solución por parte de la cuestionada Promotora Calle 47, responsable del fallido proyecto, o del Estado, como responsable por haber otorgado los permisos para la obra. De los cientos de demandantes, los más afectados, quizás, son los propietarios de apartamentos en las torres 1 y 2, cuyo dinero ya se había invertido en los cimientos y edificación de las primeras estructuras. Según estimados de la constructora, son unas 250 familias cuyas posibilidades de recuperar su inversión está sujeta a los inciertos tiempos de un fallo judicial.

Los inversionistas de las otras torres, cuyos aportes siguen en el sistema finaicero y no se han convertido en concreto y hierro, “podían retirar su dinero de la fiducia con sus respectivos intereses”, afirma la encargada de comunicaciones de la promotora, Gilma Úsuga. La mism portavoz aclara que aún hay “400 casos activos que no han querido retirar sus dineros a la espera de que haya un fallo en la demanda de los constructores contra el Estado”. La constructora, por lo pronto, no ha aclarado si apelará la decisión.

Tampoco queda claro qué uso se le dará a los 619 metros cuadrados de terreno que, según el fallo, tendrán que ser restituidos como espacio público. Fuentes de la alcaldía de Cartagena le aseguraron a este diario que la administración del independiente William Dau interpondrá recursos contra el fallo, ya que, a pesar de estar de acuerdo con la demolición, no encuentran razones para asumir los costos del desplome. También preocupa la planeación para un proceso que no se puede llevar a cabo de cualquier forma por su cercanía de tan solo 200 metros al castillo de San Felipe.

Pero para Jackeline Godin, una de las compradoras en el Aquarela, el gran nudo, según declaraciones recogidas por el diario El Universal de Cartagena, se el fallo puede ser un primer paso para empezar a desenredar el embrollo: “La decisión ha sido favorable en el sentido de que ya tenemos a quien demandar, porque no sabíamos si era al distrito a la nación. El fallo dice claro que a orden es hacia la alcaldía”.

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