Roy Barreras: “Si se aprobara la reforma a la salud de la ministra Corcho, tendríamos una crisis inmanejable”

Roy Barreras (Cali, 59 años) está en todas las discusiones. Es el hombre del momento. Al presidente del Congreso, un escudero del presidente Gustavo Petro, no lo han detenido las quimioterapias a las que se somete para tratar un cáncer de colon. Tampoco las amenazas que lo han llevado a sacar del país a todos sus familiares. Médico de profesión, sigue siendo el eficaz operador político capaz de empujar las iniciativas del Gobierno, el pegante de la coalición, aunque en este 2023 ha sido crítico de la ministra de Salud, Carolina Corcho, responsable de una controversial reforma al sector que apenas inicia su trámite legislativo.

“Mi salud es un problema de los médicos que me están tratando. Mi problema es la agenda legislativa y sacar adelante las reformas sociales que el presidente Petro tiene como mandato popular”, dice a EL PAÍS en el estudio de su apartamento de varios niveles, salpicado de obras de arte, en el norte de Bogotá. Su agenda es frenética. En esta noche de lunes, la víspera del lanzamiento de su movimiento político, La Fuerza de la Paz, atiende a otros congresistas, se entrevista con funcionarios y habla por teléfono con ministros. En la biblioteca sobresalen las biografías políticas tanto de Petro como del expresidente Juan Manuel Santos.

­–¿Les encuentra coincidencias?

“Una fundamental: su compromiso absoluto con la paz. La razón por la que yo estoy en esta coalición de Gobierno del Pacto Histórico, que es una coalición de centro izquierda, es la paz”, afirma al comienzo de esta entrevista. “Yo defiendo el legado de paz que construimos; fui negociador de paz, autor del marco para la paz, firmé el acuerdo de paz con las FARC y creo que hay que terminar la paz. De todos los candidatos presidenciales que hubo en el 2022, el único que tenía como prioridad la paz total era Gustavo Petro”, añade con convicción.

Pregunta. ¿Se siente más santista o petrista?

Respuesta. Santista. No soy santista vergonzante, soy un hombre de ideas liberales, de centro. El presidente Petro es el líder más importante de la izquierda probablemente en 200 años, el único que pudo llevar a la izquierda al poder, pero yo no soy un dirigente de izquierda. El Pacto es una coalición de centro izquierda, con sectores de centro liberales que yo represento, y sectores de izquierda mayoritarios que encarna el presidente Petro, que más allá de un presidente es la encarnación de un reclamo popular justo. Por eso su liderazgo es sólido a pesar de lo que algunos piensen, y se va a mantener el tiempo.

P. El presidente ha convocado a la calle en medio del debate sobre las reformas sociales. ¿Es una presión al Legislativo?

R. Yo no creo. Es una invitación bella, y déjeme usar ese adjetivo. Ha dicho el presidente Petro que se trata de darle voz a los que nunca la han tenido. Y es así. En Colombia hay 9 millones de víctimas; hay 3 millones de adultos mayores, de ancianos que no tienen ninguna esperanza de pensión; hay 7 millones de colombianos desempleados; y hay otros 4 millones de colombianos en miseria, en pobreza extrema. Por supuesto, eso significa que esas personas no tienen vocería ni quien las defienda. Y el presidente ha decidido darles la voz, escucharlos. Es un gesto absolutamente sensible. Probablemente lo que le ha faltado a la derecha colombiana es sensibilidad, y a Petro le sobra. La obligación del Congreso es escuchar esa voz popular.

P. Usted ha sido crítico con la reforma a la salud que promueve la ministra Carolina Corcho, pero estuvo en primera línea en el acto en que se presentó el texto.

R. Es mi obligación: los proyectos en Colombia se radican ante el presidente del Congreso. Pero independientemente de eso, mi obligación es proteger al presidente Petro. La oposición se equivoca cuando le apuesta a que fracase. Él es capaz de canalizar el justo reclamo popular y convertirlo en reformas sociales. Si no hubiese ese liderazgo, ese reclamo popular se desborda como en el estallido social. De manera que hay que apostarle a que al presidente le vaya bien. Y en el caso particular de la reforma a la salud, hay que protegerlo.

P. ¿En qué sentido?

R. Si se aprobara la propuesta de la ministra Corcho, el próximo domingo tendríamos una crisis de salud pública inmanejable. Porque usted no puede destruir un sistema sin haber construido el otro. Tiene que haber un capítulo de transición de esa ley; 48 de los 50 millones de colombianos hoy están afiliados a las EPS [Entidades Promotoras de Salud]. Yo propuse hace siete años, y está escrito en la Ley Estatutaria en Salud, de la que soy autor, que las EPS deberían desaparecer y habría que acabar la integración vertical y la posición dominante. Sigo pensándolo.

Pero eso no significa que destruyamos el sistema de auditorías, de información en línea, de control de calidad, de experiencia en la administración de redes. Las EPS hacen mucho más que prestar el servicio. Creo que hay que prohibirles que lo presten, porque no pueden ser juez y parte, pero tienen que transformarse en administradores de régimen de beneficios o en gestores de la administración para no desperdiciar 30 años de experiencia. Ese es mi único punto de diferencia con la ministra, una transición que evite el colapso del sistema y una crisis de salud pública.

P. El texto de la reforma a la salud no va a ser el que conocemos.

R. Ninguna ley es idéntica a la que radican los gobiernos. Por supuesto que todo el mundo tendrá garantías y se aprobará una reforma que le garantice a los colombianos que el sistema mejore, que las citas no se demoren seis meses, que a los trabajadores de la salud les paguen lo justo; pero que sea viable y que tenga un capítulo de transición para que no destruyamos un sistema sin haber construido el otro.

P. Ha calificado de “arrogante” y “radical” a la ministra Corcho. ¿Es la persona adecuada para sacar adelante la reforma?

R. Las decisiones sobre el Gabinete son estrictamente el fuero presidencial, y respeto a las decisiones del presidente.

P. ¿Comparte las preocupaciones que Alejandro Gaviria ventiló en el Consejo de Ministros?

R. Nosotros tenemos un pensamiento liberal en el sentido de que hay que administrar el Estado en un sistema mixto, público-privado, de manera que el Estado garantice la equidad, regule, determine que no haya injusticias, pero aproveche la iniciativa y la experiencia privada para aportar en todos los sectores sociales. Un elemento de uno de los reparos del pensamiento liberal nuestro es que el paciente tiene derecho a escoger. Es un derecho liberal, compatible con la reforma social del presidente Petro.

P. Entiendo entonces que comparte las observaciones del ministro Gaviria.

R. Sí, claro. Muchas de ellas. Y las de ministro de Hacienda también.

P. Pero esas observaciones fueron prácticamente ignoradas en el texto que presentó la ministra.

R. A eso me referí cuando me preguntaron por la ministra a propósito de que no escucha. Y creo que debería escuchar más, porque el trámite de cualquier ley exige el consenso. Sobre todo recordando que cuando se es ministro no se puede ser activista, y no se gobierna para la ONG de donde uno proviene, ni para el partido donde uno milita, ni siquiera para la coalición de Gobierno que nos dio el triunfo, sino para los 50 millones de colombianos. Eso implica escuchar a los otros 40 millones que no estuvieron en la apuesta electoral nuestra.

P. Acabar con las EPS no parece un clamor popular. El 63% de los consultados en la encuesta de la ANDI se mostró en desacuerdo…

R. Las familias colombianas tienen preguntas. Si mañana un hijo se fractura un tobillo montando en patines, o al abuelo le da un dolor que puede ser un infarto, o a la mamá le da un dolor abdominal que puede ser una apendicitis, hoy 48 millones llaman a su EPS. Y mal que bien alguien les contesta. Si desaparecen las EPS, ¿a quién llaman? ¿Al centro de salud que no se ha construido? ¿al hospital que está quebrado? ¿al alcalde del municipio a ver si les consigue una cita? ¿Con quién, si el prestador privado tampoco va a estar porque nadie le garantiza el pago? Es un asunto de experiencia y calidad en la administración del sistema. Por eso las familias colombianas saben que lo que está en riesgo es su vida, y no quieren cambios bruscos.

P. ¿Son excesivas las facultades extraordinarias que solicita el presidente en el proyecto?

R. Todos los presidentes solicitan facultades extraordinarias, pero cuando el Congreso cumple con su deber, la mayoría de esas facultades resultan innecesarias.

P. ¿Cuál va a ser la línea de La Fuerza de La Paz, el flamante movimiento político que encabeza?

R. La línea política que tenemos hace 16 años: la defensa de la solución dialogada a los conflictos. A todos los conflictos, no solo los armados sino los sociales. La paz es la condición necesaria para que haya un Estado social de derecho. Colombia tiene múltiples liderazgos de centro, moderados, capaces de conducir el cambio hacia reformas viables sin necesidad de caer en los extremos. No es muy taquillera la moderación porque no es apasionada, pero las pasiones extremas siempre han llevado a liderazgos fracasados, donde finalmente se excluye a la mitad del país.

P. ¿Su movimiento será entonces más plural que las izquierdas reunidas en el Pacto Histórico?

R. Somos parte del Pacto Histórico, es una coalición de centroizquierda que tiene siete partidos. Seis son de izquierda. La única fuerza política que es de centro liberal es La Fuerza de la Paz, pero somos fundadores del Pacto. El propio Petro recorrió Colombia con las banderas liberales y habló de Gaitán, de Galán, de López Pumarejo, de Lleras Restrepo, de Uribe Uribe. Es decir, los liberales también ganamos la Presidencia de la República en el Pacto.

P. También viene el proyecto de ley de sometimiento, que usted ha considerado una prioridad.

R. Ese es un buen texto, una ley en la que podemos confiar los colombianos. Fue fruto de múltiples reuniones de trabajo y de eliminar algunas propuestas que, a mi juicio, resultaban claramente inconvenientes, como ofrecerle a los narcos que fueran a la JEP o la impunidad total o la negación de la extradición. Nada de eso quedó en la ley. Quedó clara una línea roja, y es que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico tienen una oportunidad para recuperar sus vidas y sus familias sometiéndose a la justicia penal ordinaria. En cambio, las organizaciones que tienen origen político, las insurgencias como el ELN, tienen otro camino que es la justicia transicional. Esa división era fundamental.

P. ¿Las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia deben someterse a la justicia o negociar un acuerdo de paz?

R. Hay una diferencia entre los desertores y los disidentes. Los disidentes son aquellos que nunca firmaron el acuerdo, que están bajo el mando de alias Mordisco y se hacen llamar Estado Mayor. Esos tienen la oportunidad de ir a formas de justicia transicional. Creo que hay que darle una oportunidad de sometimiento a la justicia y de reincorporación a la sociedad a lo que llaman la Segunda Marquetalia, los desertores del proceso de paz. Seguramente eso exigirá un tratamiento legal adicional a la ley de sometimiento. En mi opinión, la Ley de Justicia y Paz puede ser el camino.

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