69 niñas indígenas han sido víctimas de violencia sexual en Guaviare en los últimos cuatro años

El Gobierno de Gustavo Petro, quien se encuentra de visita en Davos (Suiza), ha declarado prioritaria este jueves para todas las entidades del Estado colombiano la atención de los niños y niñas indígenas del Guaviare, tras recibir un informe que corrobora los reportes de violencia sexual en esas comunidades. En los últimos cuatro años, 69 niñas indígenas han sido víctimas de ese tipo de delitos en la región, de acuerdo con el reporte de una misión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Presidencia de la República. Las medidas, que incluyen revisar las investigaciones del Ministerio de Defensa, se conocen tras las denuncias de presuntos abusos sexuales de militares contra menores de edad en ese selvático departamento.

Esos 69 casos afectan a niñas de las comunidades Jiw y Nukak, pueblos indígenas que están declarados como sujetos de especial protección y en vía de extinción, anticipó el Gobierno a los periodistas que acompañan al presidente en el el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El presidente suspendió su agenda de la mañana en Suiza para atender asuntos domésticos. Durante la investigación, señala el Gobierno sobre la precaria situación de los indígenas, también se registraron “relatos relacionados con inhalación de pegante y/o consumo de sustancias psicoactivas en estas poblaciones”, además de una situación alimentaria crítica. En otras palabras, las niñas indígenas son empujadas por el hambre a caer víctimas de redes de explotación sexual.

Una investigación del periodista Gerardo Reyes sobre abusos sexuales a menores en San José del Guaviare divulgada a finales del año pasado ha conmocionado a Colombia y sacudido a las entidades responsables de la atención a menores, en particular al ICBF, dirigido por Concepción Baracaldo, considerada una ficha política de la primera dama, Verónica Alcocer. Desde diversos sectores han criticado la demora del Instituto en dar una respuesta a las denuncias. Entre los coletazos políticos, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, han asegurado que el primer debate de control político del próximo periodo legislativo abordará las denuncias de abuso sexual a menores de edad en San José del Guaviare.

La investigación ‘La Ley de la Selva’, divulgada por Univisión Noticias, aseguraba que civiles y militares se aprovechan de la situación para inducir a niñas indígenas a tener relaciones sexuales a cambio de comida, a veces por el equivalente a dos dólares o una dosis de pegamento químico que ellas inhalan para espantar el hambre.

Las investigaciones de la Procuraduría ya apuntaban a que los militares se estaban aprovechando de la precaria situación humanitaria de la comunidad Nukak Makuk en el Guaviare para abusar sexualmente de niñas indígenas. La Procuraduría ha vinculado al caso a dos suboficiales y seis soldados regulares del Batallón de Infantería de Selva No. 19. Los 69 casos corroborados por el Gobierno equivalen al 12% de los casos reportados con denuncia penal durante los últimos cuatro años en el departamento.

“Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, se lamentaba a comienzos de las semana desde San José del Guaviare el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al entregar un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades del departamento.

La compleja crisis humanitaria que sufren los pueblos Jiw y Nükak en Guaviare está asociada a la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado interno, señala la Defensoría. En la capital departamental los menores permanecen en alto riesgo, entre otras, de reclutamiento forzado. Entre el 2020 y el 2022, la entidad ha atendido 68 casos de presunta violencia sexual que involucran menores de edad.

La Defensoría ha advertido desde 2019 del riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante”, ha señalado Camargo.

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