El Gobierno mantiene vacantes cargos claves

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió un mes en su cargo y sigue en proceso de completar su equipo de Gobierno. Aunque el miércoles varios medios dieron por hecho que la abogada Cielo Rusinque dirigirá el Departamento de Prosperidad Social, poderoso y central porque maneja los subsidios para las poblaciones más vulnerables, esa decisión no es oficial más allá de un trino del Consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, comentando una noticia de uno de esos medios. También están vacantes 15 de los 37 viceministerios, así como siete superintendencias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la política de protección de la niñez.

Hay cinco ministerios en los que todavía no se ha nombrado a ningún viceministro: el de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Arturo Luna; el de Vivienda, de Catalina Velasco; el de Justicia, de Néstor Osuna; el de Cultura, bajo el mando de Patricia Ariza; y el de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que desde este lunes comanda Sandra Urrutia después de que se descartó como ministra a Mery Gutiérrez por un presunto conflicto de interés.

De los otros viceministerios vacantes es especialmente llamativo el de Minas, una de las áreas cuya transformación es prioritaria para el Gobierno. “Toca abandonar la economía de fósiles, desligarnos del petróleo, carbón y gas, y cimentar el desarrollo sobre la base de la producción y el conocimiento”, declaró el presidente en una entrevista a EL PAÍS en junio. El carbón representa el 80% de las regalías mineras y genera 130.000 puestos de trabajo, según la Agencia Nacional de Minería. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quedó en el centro de la polémica la semana pasada tras abandonar una conferencia de prensa en el Congreso Nacional Minero y verse forzada a disculparse.

También destaca la ausencia de un nombramiento en el Viceministerio de Desarrollo Rural. Es un área esencial para llevar a Colombia hacia la “paz total”, una de las prioridades del Gobierno de Petro, que ha indicado que su ruta es aplicar el punto primero del Acuerdo con las FARC, la reforma rural integral. El Acuerdo considera en su artículo primero que “el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”.

Una dificultad para cubrir esos cargos es que las segundas líneas de los ministerios requieren de perfiles con un fuerte componente técnico. Liliana Caballero, directora de Función Pública durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, comenta por teléfono a EL PAÍS que es ideal cubrir pronto los puestos pero que esta situación no es atípica: “Se requieren personas muy experimentadas y hay un proceso burocrático, con una hoja de vida del candidato que se debe presentar y un período para realizar comentarios sobre su idoneidad”.

Caballero enfatiza que los ministros responden políticamente por su sector y que los viceministerios tienen encargados, por lo que el Estado no se frena: “Seguramente hay funcionarios del Gobierno anterior, las entidades no quedan a la deriva”.

Tampoco hay nombramientos en las superintendencias Financiera, de Economía Solidaria, de Vigilancia, de Sociedades, de Industria y Comercio, de Puertos y Transporte y de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta última es la entidad encargada de vigilar a las empresas de servicios públicos. Se encuentra vacante justo cuando las tarifas del servicio de energía empujan la inflación y han creado tal malestar en varias ciudades, especialmente de la costa Caribe, que el mismo presidente ha entrado en la discusión al respecto.

También faltan las cabezas de entidades menos visibles pero igualmente importantes, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que maneja el dinero del sistema de salud, o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que da los permisos sanitarios que permiten la venta de esos productos.

El economista y analista Jorge Restrepo considera en una entrevista con el diario La República que la ausencia de un gabinete completo tiene efectos negativos, ya que al demorarse el nombramiento de funcionarios clave se ven afectados los servicios ciudadanos, los proyectos y la credibilidad del Gobierno. “El hecho de que Petro no hubiese estado listo para armar su equipo afecta algunas áreas donde se requieren cambios de políticas importantes y se debe cumplir con límites legales”, explica.

El 19 de agosto, el Gobierno prorrogó vía decreto el plazo para que el presidente anuncie los directores hasta este viernes, el 9 de septiembre. Eso para hacer un proceso que asegure que los candidatos cumplan los requisitos de sus cargos, para evitar que se repita lo que ocurrió en agosto con el nombramiento de César Ferrari como Director Nacional de Planeación. Ferrari no pudo posesionarse por tener triple nacionalidad, lo cual se considera incompatible con el ejercicio de ciertos cargos públicos.

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