“La negociación de paz con el ELN no está a la vuelta de la esquina”

Con el temor diario de tener que resguardarse de posibles ataques. Así viven los habitantes de regiones colombianas donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa llevando a cabo confrontaciones armadas. En febrero de este año, este grupo ilegal ejecutó un paro armado con al menos 65 acciones violentas que causaron zozobra durante 72 horas en varias zonas: detonación de artefactos explosivos en vías y puentes, vehículos quemados y familias encerradas en sus casas fueron solo algunas. El compromiso real con el desescalamiento de las hostilidades será uno de los desafíos para concretar las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN, pero no el único, según un informe que acaba de publicar la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Tanto Gustavo Petro, presidente electo, como la agrupación subversiva han mostrado su voluntad de avanzar en los diálogos que quedaron suspendidos en 2019 por decisión del actual mandatario, Iván Duque. El anuncio se dio tras un atentado contra la Escuela de la Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y más de 60 heridos. El acercamiento venía desde el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el cual se logró la firma del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La llegada de Petro a la Presidencia se observa como una nueva oportunidad para concretar el esperado acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, poniendo fin a la incertidumbre de pobladores en zonas como el sur del Cauca, en el Pacífico; Catatumbo (Norte de Santander) y Arauca, en el nororiente del país, donde se disputa el control territorial con otras estructuras armadas. Sería la primera vez que el ELN tendría como contraparte a un gobierno de izquierda. “El ambiente es favorable, pero no está exento de las complejidades que han acompañado los acercamientos con esta guerrilla”, advierte el documento de la FIP. Reactivar el proceso requiere adaptarlo a nuevas condiciones.

Poder acercar a los sectores más radicales de la agrupación a una eventual mesa de negociaciones es uno de los pendientes. Las decisiones que tome el grupo armado deberán ser consultadas al interior de la organización. “Hay poca certeza sobre cuál es la posición de los comandantes y las distintas estructuras frente a la posibilidad de reactivar la negociación. Esto se tendrá que resolver en un proceso de deliberación interna, que defina una posición frente a la propuesta que haga el Gobierno nacional”, dice el informe. Asuntos como el cese al fuego, la dejación de las armas, que hasta ahora ha sido un punto no negociable para el ELN, la reincorporación, así como la justicia transicional son algunos de los aspectos que tendrán que definirse. “La experiencia reciente muestra que el abordaje de estos temas ha interferido y en algunos casos retrasado los avances en la agenda de participación”, agrega el análisis.

La exigencia de detener las prácticas ilegales como el secuestro también puede ser compleja de abordar. Sin embargo, será un elemento esencial para la construcción de confianza en el proceso con el grupo que ha sido golpeado en sus estructuras de mando, pero que está alejado de una derrota militar. La Fundación Ideas para la Paz considera que el ELN se podría comprometer con un cese de acciones como lo hizo en las pasadas elecciones presidenciales y el Estado podría responder de forma recíproca. Para ello, será necesario el respaldo de la Fuerza Pública.

“El hecho de que varios de los frentes y comandantes se resguarden y operen al otro lado de la frontera con Venezuela, dificulta su persecución. Si bien la derrota de este grupo insurgente por la vía militar no parece un escenario factible, la estrategia militar tiene un papel que jugar en el equilibrio de fuerzas y los incentivos para reactivar la negociación. Lo anterior pasa por entender que el Estado no debería renunciar al uso de la fuerza; todas las opciones deben considerarse en función de lograr cerrar el conflicto con el ELN”, agrega el informe. Definir la participación del país vecino en el proceso será otro factor determinante.

En un comunicado reciente, el ELN declaró su “plena disposición” para avanzar en un proceso de paz que ofrezca continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito (Ecuador) en 2017. “Crearemos las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad internacional, que recoja las lecciones aprendidas del acuerdo final de paz con las FARC”, sostiene, por su parte, el programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez.

“Sí hay unas condiciones importantes de oportunidad para que el proceso se reactive, pero eso va a tomar tiempo. Puede tomarse los cuatro años de gobierno”, dice María Victoria Llorente, directora de la FIP. “Se va a ir construyendo, pero tenemos que prepararnos como país a que va a ser un proceso que no está a la vuelta de la esquina”, asegura. La Comisión de la Verdad recomendó al ELN en su informe final “respetar y garantizar la labor de los organismos humanitarios en los territorios en los que hacen presencia y adoptar medidas y gestos unilaterales que contribuyan a la generación de confianza, el desescalamiento del conflicto, la garantía de los derechos de la población civil y las comunidades y a la creación de condiciones conducentes al diálogo”.

Para Mayerly Briceño, de 26 años, líder y víctima del conflicto armado en el departamento de Arauca, “lo primero que se debe pactar es un cese al fuego que le dé tranquilidad a la población. Llevamos una semana donde hay combates diarios, con comunidades totalmente incomunicadas y campesinos desplazados de sus viviendas”, asegura. Para ella, un proceso de negociación permitirá asegurar más presencia del Estado en territorios que históricamente han sido dominados por este grupo ilegal. “El gobierno está dispuesto a considerar el cese bilateral, pero una cosa es el anuncio y otra es eso cómo se activa en la realidad, cómo se verifica, cómo se incorpora en esa decisión a la fuerza pública”, puntualiza Llorente.

El Gobierno de Gustavo Petro, quien se posesionará el próximo 7 de agosto, tendrá el desafío doble de concretar la agenda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, al tiempo que se avanza en la implementación plena del acuerdo de paz firmado hace cinco años con las antiguas FARC. Ambas acciones están incluidas como recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

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