“Han hecho sufrir demasiado tiempo a Beatriz”, dice su madre

Su voz ya no es un hilillo cansado. Beatriz está más animada, con unas ganas tremendas de irse a casa, con su familia, con su hijo de 14 meses al que apenas ha podido ver unas pocas veces en las ocho semanas que lleva ingresada en el hospital. “Estoy mejor, más tranquila. Antes me dolían las costillas y ya no… Pero creo que esto tenía que haber sido antes”, dice por teléfono. De fondo se escucha un pitido uniforme y pautado: el de las máquinas de la unidad de cuidados intensivos donde permanece desde hace 24 horas. El lunes por la tarde, más de dos meses después de solicitar al Gobierno de El Salvador que le permitiera interrumpir un embarazo —algo ilegal en el país— que estaba poniendo en riesgo su vida, los médicos practicaron una cesárea. Estaba entrando en la semana 27 de gestación. El hijo que esperaba, una niña, nació con anencefalia (sin cerebro) y con otras anomalías muy graves, como los expertos habían diagnosticado. Sobrevivió cinco horas. “Me siento un poco mal por todo. Me entristece, pero la pobrecita ya no está sufriendo”, apunta la joven, de 22 años.

Esas cinco horas que la criatura ha vivido le inquietan. Los médicos creen que por la ausencia del hipotálamo no percibió dolor, pero eso no tranquiliza mucho tampoco a Delmy, su madre. A sus 40 años es una mujer fuerte. La mayor parte de los días recorre dos horas de camino de ida y otras dos de vuelta para visitar a Beatriz en el hospital desde Jiquilisco, el pueblo donde vive. “Han hecho sufrir demasiado a mi hija. Esto tenía que haber acabado antes. No tenían que haber llegado a este punto”, reclama. Hace meses que los médicos recomendaron a Beatriz interrumpir su embarazo. Padece lupus y problemas renales importantes, dos patologías que ponían en serio riesgo su vida si llegaba a dar a luz. Pero la interrupción del embarazo es una práctica prohibida en El Salvador y penada con cárcel. Una nube demasiado negra para los médicos que la atendían que, aseguran, apenas tenían capacidad de maniobra.

El caso de Beatriz, reconoce la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, de 90 años y primera médica de El Salvador, no es único: “Las mujeres con más capacidad económica salen del país a cada rato para interrumpir el embarazo. Pero las que no tienen posibilidades son las más vulnerables, quienes al final están sujetas a las leyes punitivas y pueden terminar en la cárcel”, recalca. Para Rodríguez es necesario, tal y como han recomendado organismos internacionales, como la ONU, que el país abra un debate serio y honesto sobre su restrictiva regulación sobre la interrupción del embarazo: “Pero no es fácil. El país tiene grupos tremendamente cerrados. Tenemos que ir convenciendo a los jóvenes para que luchen por sus derechos. Y, sobre todo, tenemos que evitar por todos los medios que haya más Beatrices”.

“Estoy mejor. Antes me dolían las costillas y ya no”, dice la joven

Beatriz fue una de esas jóvenes que ha luchado por sus derechos. Empezó una travesía legal para solicitar al Estado salvadoreño que le permitiese abortar. Sus abogados —miembros de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto— se basaban en que el Gobierno debía proteger el derecho a la vida de esta mujer, que estaba siendo vulnerado. Tras múltiples recursos, el miércoles pasado, la Sala de lo Constitucional denegó ese amparo. En su resolución, recordaba que la Constitución prohíbe el aborto, aunque incidía en que los médicos debían proporcionar a Beatriz el “tratamiento que resulte idóneo para su condición médica”.

Una grieta a la que el Ministerio de Salud y los facultativos —apoyados también en una resolución histórica de la Corte Interamericana de Derechos humanos— se han agarrado para practicarle la intervención. Los sanitarios insisten en que, con resolución o sin ella, hubieran actuado igual. “Si por hacer nuestro trabajo nos van a meter presos, adelante”, recalca Guillermo Ortiz Avendaño, jefe de Perinatología del Hospital Maternidad de San Salvador. Los médicos, el hospital y las autoridades sanitarias han sido objeto de grandes presiones, remarcan, de las organizaciones antiabortistas y de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que se ha opuesto radicalmente a cualquier tipo de intervención que supusiera interrumpir el embarazo artificialmente. Aunque fuera para salvar la vida de la joven.

Finalmente, sin embargo, Beatriz fue sometida a una cesárea. “No fue necesario interrumpir el embarazo. Empezó con alguna contracción el domingo por la noche, el lunes tuvo más síntomas y, ante el riesgo de que se desencadenara el parto, se decidió hacer una cesárea porque había serios indicios de riesgo para su vida si el alumbramiento seguía delante de manera natural”, explica Ortiz Avendaño.

“Si nos meten presos por nuestro trabajo, adelante”, retan los médicos

Este médico, como la familia de Beatriz y la propia joven, cree que habría que haber intervenido antes, pero insiste en que tenían las manos atadas. Cree, además, que los avances médicos no se corresponden con la ley absolutamente restrictiva de su país que pone en riesgo a decenas de mujeres cada año. “Se sometió a la mujer a un riesgo innecesario. Una intervención hace semanas y un legrado habría sido menos arriesgada y con una recuperación mejor que una cesárea, que es una cirugía mayor”, apunta. Este periodo posoperatorio, insisten los facultativos, es crítico y se pueden presentar complicaciones.

“El proceso ha sido demasiado largo y eso ha causado un enorme sufrimiento a Beatriz. Es tremendo que la torturaran así y la obligaran a llegar a esta altura por una criatura inviable”, incide Morena Herrera, portavoz de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.