El juez da luz verde a la fianza de Granados tras descartar una finca por sospechas de blanqueo

Francisco Granados está a un paso de conseguir la libertad provisional tras más de dos años y medio en prisión por su implicación en el caso Púnica. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, ha dado el visto bueno al dinero en metálico y las garantías hipotecarias que el político había ofrecido para cubrir la fianza de 400.000 euros que le impuso el pasado mes de mayo. No obstante, el magistrado ha dejado fuera una tercera propiedad, ya que la misma se encuentra bajo investigación ante la sospecha de que la misma pudo ser utilizada para blanquear dinero, según confirman a EL PAÍS fuentes judiciales.

Más información

Los tres guardianes de la ‘mina de oro’ de Granados

El juez Velasco seguirá al frente de los casos Lezo y Púnica hasta que llegue García Castellón

Para cubrir la cantidad fijada, el juez Velasco —que se ha vuelto a hacerse cargo del juzgado hasta que llegue su sustituto— ha aceptado los 120.000 euros en metálico que el político aseguró en un escrito que era el dinero que había podido reunir su familia. Para los 280.000 euros restantes, el magistrado ha aceptado bienes inmuebles, cuyo valor de tasación debe ser al menos del doble de la cantidad a cubrir con ellos, como fija la ley. En este caso, 560.000 euros. Para ello, el magistrado ha aceptado la casa de 300 metros cuadrados que la madre de Granados posee en Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid donde éste comenzó su carrera política, además de una finca de su cuñada en el mismo municipio y que el político valoró en 240.000 euros. Según fuentes judiciales, ambos bienes alcanza un valor cercano a los 800.000 euros y, por tanto, suficiente.

El inmueble que el juez ha dejado fuera es un piso valorado en más de 500.000 euros que Alfonso Granados, hermano del presunto cabecilla de la trama, posee en la calle San Francisco, en el centro de Madrid. Éste fue descartado al existir sospechas sobre el origen de dinero invertido para su adquisición. Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en mayo de 2016 lo incluía como parte de una sospechosa compraventa sucesiva de inmuebles realizadas por el hermano del político entre 2003 y febrero de 2015.

El documento policial concluía que todas ellas formaban parte “una concatenación de acciones llevadas a cabo por él [Alfonso Granados] con similar secuencia en algunos casos, en el sentido de realizar en un primer momento la compra-adquisición del inmueble, formalizar hipoteca inmobiliaria con entidad bancaria para afrontar la adquisición, proceder en algunos casas en un corto espacio de tiempo a la venta de la vivienda y finalizando la operación con la cantidad obtenida, a la cancelación de la hipoteca pendiente de pago”.

La principal prueba de esta supuesta operación de blanqueo fue una nota manuscrita del propio Granados encontrada en el domicilio del constructor David Marjaliza en la que el político daba instrucciones al constructor para destinar 360.000 euros en efectivo de origen desconocido a la compra a nombre de su hermano Alfonso de una de estas viviendas.”La compra del inmueble a nombre de su hermano puede constituir una forma de blanquear el dinero ilícito obtenido por aquel”, concluía la UCO.

La finca propiedad de su cuñada que sí ha sido aceptada como garantía también aparece en operaciones sospechosas dentro del sumario del caso Púnica. En concreto, en una supuesta operación realizada por Granados junto a Marjaliza para que el primero pudiera repatriar a España en 2007 el dinero que ocultaba en cuentas suizas. Según detallan informes de la Guardia Civil, el político transfirió los 1,68 millones que ocultaba en bancos helvéticos a la cuenta que en el UBS el constructor tenía a nombre de una empresa pantalla costarricense. Acto seguido se produjo una operación de venta de cuatro parcelas propiedad de Granados y su esposa, María Nieves Alarcón, a la sociedad Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L., que formaba parte del entorno societario de Marjaliza. Cada parcela fue vendida por 360.000 euros, lo que elevó el total de la operación a 1,44 millones de euros, si bien en el contrato de compraventa se incluyó una cantidad adicional hasta 1,55 millones como gastos de urbanización. Una quinta parcela fue la adquirida por la cuñada del político que ahora ha servido de garantía para la fianza.

Sobre aquella operación, la Guardia Civil destaca que el precio de venta fue mucho más elevado de su valor real, como demuestra que dos años después, en 2009, Anahid Gestión S.L., otra compañía del entorno societario de Marjaliza, adquirió tres de las cuatro parcelas por 100.000 euros cada uno. “Esta circunstancia –dice la UCO en un informe- infiere que el precio de las parcelas en la operación de 2007 pudo estar deliberadamente manipulada ajustándolo a las necesidades de lavado de activos de Francisco Granados”.