“Erradicar la corrupción, como los asesinatos, es imposible. Buscamos normas que la dificulten”

Manuel Cobo, Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones tienen desde el lunes una misión clave en el PP: prevenir la aparición de nuevos casos de corrupción en una formación azotada por las Operaciones Púnica, Gürtel, Lezo o Taula. Los tres han cumplido los 60 años. Ya no son cargos públicos ni orgánicos. Y conocen a la perfección la personalidad política de Mariano Rajoy. Esas tres características han hecho que el líder del partido les elija para la oficina del cargo popular, un organismo de nueva creación que auditará la información fiscal, financiera y laboral de los representantes populares. Huyen de la etiqueta, pero serán al PP lo que el departamento de asuntos internos a la policía.

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“Hay muchas formas de luchar contra la corrupción. Decir que la erradicas… me parece que es imposible”, resume Cobo, presidente del nuevo organismo y durante décadas mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón en Madrid. “Es como si dices que no va a haber más asesinatos. Ojalá, pero la naturaleza humana, las ambiciones, las locuras, hacen que no los puedas quitar”, añade el exvicealcalde de Madrid, que subraya la necesidad de combinar los controles internos del partido con los de los interventores de los organismos públicos y la acción de la justicia. “Este es un instrumento más para prevenir”. Y remata: “Se intenta tener un mayor conocimiento de los cargos públicos, sus actividades, bienes e incompatibilidades. Se intenta que haya normas que dificulten, eviten, obstruyan o prevengan la posibilidad de corromperse”.

Así, el nuevo organismo busca prevenir la aparición de nuevos casos. El equipo de Fernando Martínez-Maillo, coordinador del PP, tiene aún que presentar una propuesta de reglamento para la oficina. Esta pedirá datos del IRPF, los bienes y las incompatibilidades laborales de las personas que opten a cargos públicos u orgánicos del PP. Fuentes del partido argumentan que cotejar esa información podría evitar que se repitan casos como los del exdiputado Pedro Gómez De la Serna o el exembajador Gustavo Aristegui, investigados por presuntamente usar su cargo para impulsar negocios privados en el extranjero a cambio de comisiones. Las sanciones y denuncias dependerán del comité de derechos y garantías.

“Deben establecerse controles con una secuencia determinada y otros aleatorios, para actualizar datos, comprobar comportamientos y que la oficina ofrezca la garantía de que nadie está actuando por fuera de las normas”, dice Ayala. Las comprobaciones deben ser “permanentes”, añade el exdiputado, que apuesta por implantar en el PP los sistemas de compromiso con las reglas (compliance) de las empresas privadas.

“Este es un órgano necesario, que nos da confianza a todos”, opina Rodríguez Salmones. “Ya hemos pasado los momentos más difíciles”, sigue, en referencia a que el PP considera que los casos que le golpean son “del pasado”. Frente a la citación de este partido como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, o la del propio Rajoy para declarar como testigo en esa causa, la dirección nacional recuerda la obra legislativa del gobierno popular, que ha aprobado "decenas de medidas" para luchar contra la corrupción. Ese esfuerzo, añaden, no cesa. Y el ejemplo, dicen, es la oficina del cargo popular.

Ninguno de los integrantes del nuevo organismo ha pasado el examen que pasarán los futuros cargos, precisamente porque no tienen ninguna otra responsabilidad. Aún se podría nombrar a dos miembros más de la oficina. ¿Qué ocurriría si alguno tuviera un problema con la justicia? ¿Quién vigila al vigilante?

“Si mañana, por el motivo que fuera, alguien dijera que no debo seguir aquí, encantado de la vida”, contesta Cobo. “El mundo de la inventiva es infinito, pero estoy absolutamente tranquilo”.