Cifuentes denunció al fiscal que el Canal se había saltado el “57% de los controles” al comprar Emissao

El segundo de los dos informes aportados por el Gobierno de Cristina Cifuentes que han ayudado a la Guardia Civil a descubrir el presunto pelotazo de Ignacio González y su testaferro Edmundo Rodríguez en la compra de la firma brasileña Emissao, con dinero público del Canal de Isabel II, 31 millones de dólares, acredita que en la operación se saltaron “el 57% de los controles” normativos. Las pesquisas revelan que todo fue un chanchullo continuado donde Edmundo Rodríguez, "planificador y ejecutor" de la operación en su calidad durante diez años de jefe del Canal en toda América, hizo y deshizo con la cooperación de la entonces, octubre de 2013, responsable de las finanzas del Canal, María Fernanda Richmond. Los dos están presos en el marco de la Operación Lezo, junto con los hermanos Ignacio (expresidente de Madrid) y Pablo Manuel González.

Edmundo Rodríguez afirma en una grabación que el Canal le paga cerca de 30.000 euros al mes

Hubo un primer informe de la Comunidad, fechado el 13 de julio de 2016, y un segundo ampliatorio meses después. La UCO de la Guardia Civil llevaba dos años investigando al Canal, el caso no lo ha destapado Cifuentes. Según el sumario, Anticorrupción interpuso su querella por las fechorías del Canal casi a la par que recibió el informe del Canal dando cuenta también de las graves irregularidades que acumulaban los negocios del canal en América, iniciados en 2001 con la compra de una sociedad en Colombia, Inassa.

Los funcionarios de Hacienda adscritos a Anticorrupción, cuyo jefe desde hace dos meses es Manuel Moix, que han desbrozado el informe de Cifuentes, detallan toda una batería de irregularidades, algunas de ellas tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, que unos 25 millones de los abonados por el Canal acabaron en Suiza y otros 5 se quedaron en Brasil a cambio de una empresa en total decadencia, con dinero público. Y que el dinero se desvió a cuentas de un ciudadano brasileño, Sebastiao Cristovam, que vendió al Canal por 31 millones una empresa que valía 5,5. Y con riesgos certeros: tenía pendientes 83 juicios por despidos laborales y sus cuentas casi se llevaban a mano, según el sumario.

El informe que aportó Cifuentes a Anticorrupción concluye “que los controles del proceso de compra de participaciones [de Emissao] funcionaron de forma inadecuada”. Y, entre otros, apunta a Fernando García Arias como la persona que elaboró el seudoinforme en el que se basó Edmundo Rodríguez para aprobar la adquisición de Emissao sin que nadie del Consejo de Administración pusiera reparo alguno. Casi el único aval para comprar la brasileña Emissao era que podía servir “como el vehículo de acceso al mercado brasileño” por parte del Canal. La idea era comprar el 80% de Emissao y dejar el 20% restante en manos del teórico vendedor, Sebastiao Cristovam, imputado en las pesquisas del juez Eloy Velasco. Edmundo destacó ante el Consejo como gran mérito de Cristovam sus “buenas relaciones con un altísimo cargo del Estado de Río de Janeiro y con cinco alcaldes” de la zona. El dinero del Canal también fue utilizado para pagar comisiones a políticos de diferentes países con vistas a obtener contratas, como por ejemplo en República Dominicana.

"Un día todo eso puede estallar y entonces me vuelvo loco”, señala el testaferro de González sobre las empresas de un magnate mexicano al que representa en firmas opacas

Según la investigación de la Guardia Civil, Edmundo Rodríguez, el hombre de Ignacio González en el Canal, el mismo que le acompañaba en Cartagena de Indias cuando ambos fueron grabados con grandes bolsas en las manos a la salida de un hotel, “sobrevaloró premeditadamente el precio de compra de las participaciones” . Y de todos los tejemanejes de la operación Ignacio González estaba “absolutamente informado”, según relata el propio Edmundo en una grabación interceptada por la UCO.

El informe de Cifuentes aportado a Anticorrupción (los cargos públicos que obvian denunciar hechos delictivos de los que hayan tenido conocimiento están obligados a denunciarlos so pena de incurrir también ellos en responsabilidad) revela que “no consta ningún estudio independiente" sobre la compra de Emissao. Solo hay uno, un borrador, realizado por la auditora KPMG "y pedido aparentemente por Inassa”, la que compró Emissao junto con otra empresa del Canal. No se pidió ninguna auditoria sobre Emissao, no se pidió ningún informe sobre su valor de mercado, no se analizaron los posibles riesgos, señala el informe. Lo único que se pidió fue un informe a KPMG, que, en solo un mes de plazo, se limitó a hacer un borrador donde decía que los datos que se le habían facilitado de Emissao “resultan insuficientes para efectuar una valoración correcta”, concluye. No sin antes advertir de los riesgos de la operación.

En el Consejo de Administración que aprobó la compra de Emissao, octubre de 2013, Edmundo se limitó a defender la operación, pero sin aportar aval o informe que la justificase; y se aprobó como si de un trámite menor se tratase, señalan los investigadores de la Guardia Civil. Ni siquiera se pidió el preceptivo estudio jurídico que legalmente requiere una adquisición de esta envergadura con dinero público, 31 millones. Y se inventó, le reprochan los funcionarios de Hacienda en Anticorrupción en su informe, que expusiera que era necesario entrar con esa operación en Brasil para franquear los obstáculos del país a las salidas y movimientos de dinero. El informe de Cifuentes, muy técnico, también revela la extraña forma en que se compró Emissao, interponiendo una firma pantalla en Uruguay vinculada accionarialmente a otro de los imputados en Lezo, Ignasi maestre. Muy cercano a Edmundo, y con el que comparte tres cuentas y sociedades opacas en Hong Kong.

También denunció el actual Gobierno de Madrid, su número dos, Ángel González, que la persona que paga una operación “ha de ser diferente de la que la aprueba”. El informe de Cifuentes no apunta el nombre de esa persona. Sí lo hace la Guardia Civil: “María Fernanda Richmond”, encarcelada por el juez Velasco.

1.500 euros por gestionar tres sociedades de otro

Edmundo Rodríguez es consejero delegado del diario La Razón como apoderado de las acciones de un empresario mexicano, José Ramiro Garza Cantú, quien le paga 1.500 euros al mes, admite Edmundo en una grabación, por gestionarle tres sociedades, algunas opacas. Edmundo señala en una grabación que quiere apartarse de las sociedades de Garza Cantú porque un día “todo eso puede estallar y entonces", señala, "me vuelvo loco”.

- “Que te deje seguir de consejero en La Razón”, le pregunta su interlocutor en una grabación.

- “Sí, sí” -responde Edmundo.

La otra persona le comenta que, si se va de las otras sociedades, quizás el empresario mexicano no le deje seguir en el periódico "y el dinero que pueda percibir" de él.

- “Qué va… claro que sigo: él ni se entera, ni se entera, ni se entera…”.

Varios meses antes de su detención, el pasado 18 de abril, Edmundo sabía que tenía “pinchado el teléfono”. Y hablaba por WhatsApp. De los cuatro que le intervino la Guardia Civil, Edmundo llevaba siempre encima dos teléfonos, “uno de Brasil, y otro de España, pero no hablo por el de aquí porque lo tengo pinchado”, decía. En otra de las conversaciones que le ha intervenido la Guardia Civil, señala que su sueldo en el Canal rondaba los 360.000 euros al año, en torno a 30.000 mensuales provenientes del erario público.

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