Anticorrupción solicitará cárcel para Ignacio González y su principal testaferro

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir el ingreso en prisión del expresidente de Madrid Ignacio González y de su hombre de confianza en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, salvo que estos muestren arrepentimiento y colaboren activamente con la investigación que desarrolla el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Lezo, según fuentes cercanas a la investigación. En el supuesto de que estos colaboren, Anticorrupción se plantearía la posibilidad de solicitarles fianza y otras medidas cautelares. Ambos se hallan en la actualidad detenidos en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasarán a disposición judicial este viernes.

Otro detenido en la Operación Lezo a la que también acechaba la cárcel este jueves era María Fernanda Richmon, exdirectora financiera del Canal de Isabel II, considerada una pieza clave en la salida de dinero de las arcas del Canal para los presuntos chanchullos de González y Rodríguez Sobrino en la adquisición de empresas en Sudamérica a precios desorbitados con dinero de las arcas del Canal. Tras declarar ante el juez, el magistrado ha decretado su ingreso provisional en prisión con una fianza de cuatro millones de euros. La fiscalía había pedido, en cambio, su entrada en un centro penitenciario sin ningún tipo de fianza. El instructor le imputa los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude por su supuesta implicación en la adquisición irregular de Emissao. Al igual que a Adrián Martín, exgerente del Canal, que también ha entrado en la cárcel de forma provisional con una fianza de 100.000 euros, según fuentes jurídicas, informa J. J. Gálvez. La fiscalía, tras escuchar al resto de detenidos este viernes, entre ellos, empresarios y altos funcionarios del Canal de Isabel II, estudiará que medidas cautelares solicitará para cada uno de ellos.

El juez Velasco atribuye una retahíla de delitos a Ignacio González y su lugarteniente Edmundo Rodríguez Sobrino

Richmon es esposa de Javier de Andrés, consejero delegado de la multinacional Indra y amigo personal de la infancia de Ignacio González. Indra fue registrada este jueves por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante los indicios de que puede haber contribuido a la financiación del PP madrileño inflando contratas pagadas con dinero público. 

Otro de los principales acusados en la Operación Lezo es Pablo González, hermano del expresidente madrileño, quien en la actualidad trabaja como directivo en la empresa pública Mercasa. Los investigadores disponen de datos que acreditan la llegada de fuertes sumas de dinero a sociedades en la que figura como accionista. El dinero procede de sociedades opacas radicadas en el extranjero.

El juez Velasco atribuye una retahíla de delitos a Ignacio González y su lugarteniente Edmundo Rodríguez Sobrino: blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, entre otros. La investigación arroja una simbiosis presuntamente delictiva entre González y Rodríguez Sobrino en los negocios del Canal en los negocios del Canal en el extranjero. Por ejemplo, el Canal compró en Brasil una empresa de aguas por casi 30 millones de euros cuyo precio real no llegaba ni a diez, según las pesquisas. El blanqueo de capitales consistiría en aflorar dinero de procedencia ilícita (las supuestas comisiones por comprar desde el Canal empresa a un precio muy superior al del mercado) y repatriarlo luego a través de trabajos ficticios de las sociedades que regenta el hermano de González.