Los partidos exigen que el fiscal general aclare las trabas del jefe de Anticorrupción

El pasado martes, víspera de que la Guardia Civil pusiera en marcha la Operación Lezo por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en la sede de la Fiscalía Anticorrupción se produjo una reunión ciertamente inhabitual. Los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, impugnaron la orden escrita de su superior Manuel Moix de paralizar una serie de actuaciones del caso y se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este precepto permite someter a la junta de fiscales —formada por todos los miembros de Anticorrupción, alrededor de una treintena— las discrepancias con las órdenes de sus jefes.

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Según fuentes del ministerio público, Moix, anterior fiscal superior de Madrid, y que tomó posesión el pasado marzo, puso en duda que parte de las pruebas recogidas durante la investigación que dirige el juez Eloy Velasco tuvieran la suficiente contundencia para realizar varios de los registros que finalmente se practicaron. Por ello, comunicó por escrito a los responsables de las pesquisas, los fiscales García Cerdá y Yáñez, que debían retirar la práctica de dichas diligencias del escrito que iban a presentar ante el magistrado para que este los ordenara.

La decisión de Moix, que contaba con el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, provocó el enfado de ambos subordinados, que intentaron cambiar la posición de sus superiores. Ante la negativa de Moix a reconsiderar su postura, decidieron acogerse al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal para que fuera la Junta de Fiscales la que se manifestara y resolviera la discrepancia.

En la reunión del pleno de los fiscales anticorrupción, celebrada apenas unas horas antes de que empezara la Operación Lezo, una gran mayoría —algunas fuentes sostienen que la práctica totalidad— de los miembros se pusieron del lado de García Cerdá y Yáñez. Ante esta situación de soledad, el fiscal jefe Moix, pese a que no tenía obligación de hacerlo, puesto que su deber se limita a convocar a la Junta de Fiscales pero no asumir su criterio, optó por cambiar su postura y autorizar la propuesta de actuación, incluidos los registros que había puesto previamente en duda. Según informan fuentes judiciales, en esa reunión se acordó que Moix cedía en el tema de los registros y Yáñez, por su parte, aceptaba no imputar de momento a los detenidos un delito de organización criminal; informa J. J. Gálvez.

La grabación de Zaplana

Fuentes conocedoras del desarrollo de dicha reunión de la Junta de Fiscales destacan que en el transcurso de la misma se llegó a poner sobre la mesa la existencia de una la grabación de uno de los pinchazos telefónicos realizados durante la investigación a principios de este año. En ella, el exministro del PP Eduardo Zaplana le comenta a Ignacio González que su panorama judicial se va a aclarar con el futuro nombramiento de Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Fuentes presentes en ese cónclave afirman que uno de los fiscales del caso distribuyó a cada uno de los asistentes una copia de la transcripción de dicha conversación. Buena parte de los reunidos ni siquiera se molestó en leerla porque ya la conocía.

Una de las dos fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá, investigadora también del caso Púnica, se vio obligada el pasado febrero —por orden del fiscal general— a no actuar contra el dimitido presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por desviar fondos. Finalmente, fue el juez instructor de esta causa, también Eloy Velasco, el que decidió, contra el criterio de Maza, poner el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que provocó la renuncia de Sánchez.

PSOE, Podemos y Ciudadanos anunciaron este jueves que pedirán explicaciones en el Congreso. El PSOE solicita que acudan a la Comisión de Justicia los ministros de Justicia y de Interior, así como el fiscal general del Estado. Rafael Catalá y José Manuel Maza ya acudieron para dar cuenta de instrucciones a los fiscales del caso para exculpar a Pedro Antonio Sánchez.

A esas peticiones de comparecencia, Podemos une la del fiscal jefe anticorrupción y la reprobación de Catalá, ministro de Justicia. Las comparecencias deberán producirse porque los solicitantes tienen mayoría para forzarla.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, insistió en que hay “una trama” que vincula intereses económicos y políticos. “Si se prueba que el Gobierno intentó ayudar a Ignacio González sería gravísimo. No se puede permitir que el PP, el partido más corrupto de Europa, siga gobernando” dijo.

La decisión de Moix también ha suscitado ya las protestas de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, anunció que pedirá la comparecencia del ministro de Justicia. “Hay que saber si los que se encargan de impartir justicia dan instrucciones a los fiscales para que no investiguen. Hay sospechas de control y chivatazos de una gravedad extrema impropia de un país democrático”, afirmó Rivera.