El exilio nicaragüense rechaza el respaldo de congresistas mexicanos al régimen de Daniel Ortega

Una invitación distribuida por la Embajada de Nicaragua en México encendió todas las alertas en el exilio nicaragüense. El mensaje invita a participar en la instalación el próximo 7 de octubre de un “grupo de amistad” entre México y Nicaragua promovido por ocho congresistas mexicanos, integrantes del oficialista Morena, pero también de las agrupaciones opositoras PAN, PT y Movimiento Ciudadano. La iniciativa ha sido rechazada por los exiliados, quienes alertan a los legisladores de que la iniciativa “contribuye a lavarle la cara a una de las dictaduras más crueles y feroces del continente“.

El proyecto es promovido por los diputados Pedro Vázquez, Jesús García, Jesús Corral, del PT; César Verástegui, del conservador PAN; Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano; Ariadna Barrera, María Rosales y María Silva, de Morena. La iniciativa se da en momentos en que el régimen de Daniel Ortega está aislado por la comunidad internacional, que ha condenado la maquinaria represiva desatada contra las voces disidentes y las constantes violaciones a los derechos humanos denunciadas por organizaciones internacionales. Entre esas organizaciones destaca la ONU, que ha documentado que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad para silenciar a los críticos.

El Gobierno mexicano ha optado por el silencio en el caso de las críticas a Ortega. El anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la nacionalidad a los nicaragüenses desnacionalizados por Ortega y dijo: “Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, porque la nacionalidad no se puede perder por decreto”. El Ejecutivo de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, ha sido más prudente en su postura sobre la crisis política que desde 2018 sufre el país centroamericano y que ha dejado más de 360 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los exiliados nicaragüenses que el jueves firmaron una carta abierta a los diputados que promueven el grupo de amistad con Managua, han afirmado que esa iniciativa “ofende al pueblo de Nicaragua y contribuye a lavarle la cara a una de las dictaduras más crueles y feroces que han conocido en la historia de nuestro continente”. Entre los firmantes están figuras como la escritora Gioconda Belli, Premio Reina Sofía de poesía; las exguerrilleras Dora María Téllez y Mónica Baltodano; las feministas Sofía Montenegro y Azahálea Solís o el periodista Carlos Fernando Chamorro. Todos desterrados de Nicaragua, obligados al exilio, desnacionalizados y con sus bienes confiscados por el régimen de Ortega.

“Desde hace siete largos años en Nicaragua impera un Estado Policial de facto suprimiendo todas las garantías de los nicaragüenses. No hay libertad de expresión, de información, de reunión, de movilización, de organización ni de religión, pues decenas de sacerdotes, pastores y religiosas han sido expulsados y hasta las procesiones de los santos están prohibidas. Asimismo, siguen apresando ciudadanos sin orden judicial y al día de hoy hay 33 presos políticos desaparecidos, algunos con dos años en condición de desaparición forzada. Otros, encarcelados desde 2018, ya cumplieron sus ilegales condenas y no han sido liberados. Casi 500 nicaragüenses hemos sido desnacionalizados, y miles han sido impedidos de regresar al país, cayendo en una situación de apatridia de facto”, recuerdan los exiliados.

En su carta abierta piden a los congresistas “reorientar las acciones legislativas para promover la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, exigiendo la liberación de todos los presos políticos”. Y advierten de que “el pueblo nicaragüense vive bajo régimen de terror y vigilancia constante, con una situación económica que empeora cada día, con salarios de hambre y falta de empleos dignos para las familias nicaragüenses, mientras la familia presidencial se enriquece a ojos vistas usando al Estado para sus negocios y corruptelas”.