Ginofobia

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De los homicidios cometidos en España, un quinto aproximadamente son lo que cabe llamar uxoricidios: asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas, único tipo penal contemplado por la ley vigente de violencia de género. Si se ampliase dicha tipificación legal para incluir al resto de asesinadas por ser mujeres (tras traficarlas, prostituirlas, violarlas o acosarlas), tal como hoy se reclama, la tasa de ginocidio rondaría la cuarta parte del total de asesinatos. Y sin embargo, cuando el CIS interroga a los encuestados sobre la lista de problemas sociales más acuciantes, la violencia de género no aparece hasta el rango número 20, varios puestos por detrás de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo es posible semejante insensibilidad con las víctimas del machismo criminal? ¿Qué más ha de pasar para que el feminicidio ocupe el lugar que debería corresponderle en la agenda pública, a la par del desempleo y la corrupción política?

Es verdad que restringir la protección legal a las mujeres emparejadas no es el único fallo de la ley de la violencia de género, pues hay otros no menos erróneos. Destaca la exigencia de denuncia por parte de las maltratadas para activar el procedimiento judicial (en lugar de que las autoridades actúen de oficio), lo que acrecienta el riesgo de sufrir una escalada de represalias cada vez más graves.

Y aún hay otros fallos, como la excesiva judicialización de la ley, en detrimento de otros instrumentos de protección como los servicios sociales; o la carencia de disposiciones preventivas, especialmente en el ámbito educativo (donde el PP abolió la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la Iglesia siembra y practica un permanente discurso de odio contra el imprescindible enfoque de género).

Pero creo que el fallo peor de todos es la insidiosa restricción de la tutela judicial efectiva a las mujeres víctimas de sus parejas, ignorando y discriminando a todas las demás mujeres maltratadas, esclavizadas, agredidas o asesinadas por el hecho de ser mujeres: no por nada personal, sólo por impune machismo banal.

¿Qué razón justifica que nuestra opinión pública consienta esta criminal discriminación contra las mujeres traficadas, prostituidas, violadas o asesinadas, que no parecen merecer la protección de nuestra justicia? Sospecho que la respuesta es muy simple: que no tienen pareja que las respalde y les confiera estatus. Nuestra ley responde a una concepción machista de la vida que define dos categorías de mujeres: las que son consideradas legítimas y de pleno derecho porque se vinculan a una pareja masculina (mujeres privatizadas, en puridad) frente a todas las demás, las mujeres libres o desvinculadas (singles), que resultan desprotegidas y están expuestas al libre acceso masculino (mujeres públicas, tal como teorizó Carole Pateman). Y lo peor es que muchas mujeres han acabado por interiorizar semejante discriminación de estatus, avergonzándose de estar desparejadas como si eso las degradase a una condición infrafemenina. Quizás sea este el peor feminicidio simbólico que sigue perpetrando nuestra sociedad