Las claves del ‘caso Auditorio’

El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, declara este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) por el caso Auditorio. El popular comparece ante el juez por los supuestos delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011, cuando él era alcalde de ese municipio. Estos son los principales hitos del caso: 

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Una subvención de seis millones de euros. El 16 junio 2006, Pedro Antonio Sánchez, entonces alcalde de Puerto Lumbreras, remite a la comunidad autónoma la memoria sobre el proyecto de construcción de un teatro-auditorio con el anteproyecto del edificio diseñado por el arquitecto Martín Lejárraga. La Consejería de Cultura notifica unos meses después que se ha concedido una subvención de seis millones de euros para construir el auditorio.

Sin concurso ni licitación. La Junta de Gobierno de Puerto Lumbreras aprueba el proyecto básico del auditorio, también redactado por Lejárra. Sobre este tema, la jueza de Lorca apunta en su auto que no hubo concurso de ideas previo, ni proceso de licitación, ni expediente de contratación. En febrero de 2007, Lejárra presenta el proyecto de ejecución del auditorio.

Justificación del proyecto a posteriori. En julio de 2007, el presidente de Murcia pide una prórroga de 18 meses para justificar el uso de la subvención. Sánchez argumentó que el proyecto básico aún no se había ejecutado en su totalidad. En diciembre de 2007, el presidente convoca un concurso de ideas y ofrece un plazo de 15 días para presentar las propuestas, la jueza entiende que es una forma de justificar el proyecto a posteriori. Finalmente se adjudica el concurso a Lejárraga. En febrero de 2008, se declara la urgencia para licitar las obras, para la jueza esto no tiene sentido, porque había pasado ya más de un año desde que se recibió la subvención, por lo que no había urgencia. 

Cobros por duplicado. En 2009 se replantea la obra porque en la zona había un vial de próxima construcción que obligaba a retranquear el edificio unos 9 metros. Según la jueza, esta modificación sirvió para justificar el desajuste de 1,8 millones de euros cobrados indebidamente por duplicado. En octubre de este año la obra está ejecutada en un 47%, y pagada en más de un 85%. En septiembre de 2010, la Junta de Gobierno de Puerto Lumbreras aprueba una nueva modificación del proyecto eliminando la construcción de la cafetería y el aparcamiento y dejando el interior del teatro sin concluir, pero manteniendo el presupuesto inicial.

Devolución de avales. En mayo de 2010, la constructora exige la devolución del aval depositado. Un mes después se paraliza temporalmente la obra y Sánchez aprueba la devolución de los avales de 2,2 millones. El septiembre de 2011: se recepciona formalmente la obra a pesar de que, según la juez, quedaba un 38 % por ejecutar.

Denuncia de irregularidades. El portavoz socialista de Puerto Lumbreras, José Manuel García Miravete, pone en conocimiento la Fiscalía del TSJ en noviembre de 2014 posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del auditorio.

Se abre investigación. El  fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, recientemente destituido, decide impulsar la investigación de los hechos en febrero de 2015. En Marzo, el TSJ traslada la investigación al juzgado de instrucción número 1 de Lorca. La jueza, Consuelo Andreo, asegura que ve indicios de delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental en la actuación de Sánchez en relación con todo el proceso. Andreo pide al TSJ que asuma la investigación, ya que es el órgano competente porque el presidente es aforado. La defensa de Sánchez pide al TSJ que devuelva el caso a Lorca para que este complete la investigación. El TSJ se declara competente para instruir el caso y nombra a Julián Pérez Templado magistrado instructor.

Sánchez citado como investigado. El 20 febrero de 2017, el TSJ cita a Sánchez a declarar como investigado. 

Ciudadanos rompe su pacto con el PP. El Consejo General del Poder Judicial ha realizado este mes nuevos nombramientos en el poder judicial, entre ellos, sustituye al hasta entonces fiscal superior de Murcia, López Bernal, por José Luis Díaz Manzanera.  El 2 de marzo 2017, Ciudadanos da oficialmente por roto el pacto con el PP después de reunirse con Sánchez y que éste reitere su intención de no dimitir.

Manifestación en Murcia. Miles de personas exigen en las calles la dimisión del presidente, un día antes de que este deba presentarse a declarar.

El presidente declara ante el juzgado. Sánchez acude a declarar el 6 de marzo. Solo ha respondido a las presidentas del fiscal de su defensa y ha descargado en los técnicos la responsabilidad en la tramitación del proyecto.