Preguntas y respuestas sobre los CIE

¿Qué es un centro de internamiento de extranjeros?

Son establecimientos de carácter no penitenciario donde se ingresa cautelarmente a extranjeros que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen, pero también en caso de devoluciones y denegaciones de entrada.

¿Cuántos hay en España?

Siete: Algeciras (Cádiz), Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Tenerife y Las Palmas. En Tarifa (Cádiz) hay instalaciones que dependen administrativamente del CIE de Algeciras. En Málaga y Fuerteventura hubo también centros, pero fueron clausurados.

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¿Cuánto tiempo pueden permanecer los internos en el CIE?

Un máximo de 60 días es el periodo de privación que los jueces suelen dictar. Si no se les ha expulsado en ese tiempo del país, los internos salen a la calle.

¿Cuánto tiempo permanecen de media en el CIE?

Según un portavoz de Interior el medio de estancia en los CIE en 2015 fue de 27,2 días.

¿Cuántas personas entran ilegalmente en España?

Según datos del Defensor del Pueblo, 16.851 personas entraron en España en 2015 de forma irregular en el país. Un total de 36.327 extranjeros fueron detenidos por violar de la ley de extranjería (hubieran entrado en 2015 o en años anteriores) y 10.594 fueron expulsados. Más de un 40% de las expulsiones se ejecutaron desde los CIE.

¿Cuántas personas son internadas en los CIE?

6.930 personas fueron internadas en los CIE españoles en 2015, según el Ministerio del Interior.

¿Puede pedirse el asilo desde un CIE?

Sí, se pueden cursar medidas de protección internacional. En 2015, se tramitaron 196 desde los centros, sobre todo los de Madrid (59), Valencia (58) y Barcelona (45).

¿En qué consisten las principales denuncias sobre la situación de estos centros?

Además de críticas sobre el uso de los CIE como centros penitenciarios y la falta de transparencia, numerosas ONG y algunos estudios académicos han denunciado la mala situación de las instalaciones y el equipamiento, carencias en asistencia sanitaria, jurídica y social, falta de rigor en la identificación de menores internados o de otras personas en situación vulnerable (mujeres embarazadas o personas mayores) y la adopción generalizada de medidas de control y vigilancia propias de una prisión.

En julio de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas emitió un auto en el que detallaba los incumplimientos continuados de las condiciones de los internos. El funcionamiento y el régimen interior de los CIE lo regula un Real Decreto, desde los derechos de los internos hasta el procedimiento para formular quejas. La juez, encargada del control del CIE de Las Palmas, informaba de que este no disponía de "locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas", pero tampoco servicio de orientación jurídica o personal sanitario.

La respuesta del Ministerio del Interior fue un requerimiento a que se cumpliese el reglamento recogido en el Real Decreto, concluyendo que el "auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares".