Medio centenar de inmigrantes intentan escapar del CIE de Aluche en Madrid
Fuentes policiales apuntan a la falta de personal de vigilancia: "Estaban todos controlando a los ultras polacos"
Mientras dos millares de policías trataban de controlar a los energúmenos de los ultras del Legia, el equipo polaco que se enfrentaba la noche de este martes al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, "cerca de medio centenar" de inmigrantes se han amotinado para intentar escaparse del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, según fuentes policiales. "Han aprovechado el escaso personal que queda para vigilar esos centros para huir en grupo", señalan las mismas fuentes, que recuerdan que "hace tres años eran 13 los funcionarios destinados al centro y ahora hay cinco".
El motín se ha producido hacia las 22.00 horas, justo al termino del encuentro en el Bernabeu, donde las unidades de intervención policial desplegadas ya iban por más de una decena de detenidos (dos policías nacionales, un municipal y cinco hinchas del equipo visitante heridos). "Han tapado las cámaras de seguridad para no poder ser controlados desde la sala de monitores y han comenzado a romper mobiliario y a abrirse paso hasta que han llegado a la azotea", aseguran fuentes desde el centro.
Aunque las informaciones son aún confusas, la mayoría de los inmigrantes que se han sumado a "la rebelión" son de origen argelino y, aunque no ha logrado huir ninguno, en estos momentos "hay aún muchos resistiendo en la tejado" ante la llegada de agentes antidisturbios. "Tienen sábanas y palos", describen las mismas fuentes, que aseguran que es "muy complicado el acceso a la azotea".
La alcaldesa de mediadora
Las primeras cuatro plantas ya están normalizadas. "El problema está en la azotea, se está intentando negociar con ellos", asegura un agente. Otras fuentes aseguran que la alcaldesa Manuela Carmena se ha ofrecido a la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, para hacer de mediadora. Testigos presenciales señalaron que "algunos concejales de Podemos Madrid" se presentaron en el lugar para mediar.
La escena se repite. El pasado 24 de agosto, a plena luz del día, 17 internos se fugaban del mismo CIE . Lograron salir por la ventana de uno de los baños situados cerca de una de las salas de ocio y del comedor “serrando los barrotes y saliendo por el hueco que abrieron”, según explicaron fuentes policiales. Nueve de ellos fueron detenidos casi de inmediato, y otro más al día siguiente, aunque siete de ellos lograron completar la fuga con éxito.
También hace dos semanas, el pasado 6 de octubre, otros 67 inmigrantes escapaban del CIE de Sangonera, en Murcia. También llovía sobre mojado. El pasado 21 de agosto hubo una fuga similar de 10 personas. Entonces el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, solicitó la creación urgente de un protocolo de actuación ante esas situaciones que nunca llegó. Ese CIE había permanecido cerrado durante meses por obras —como el también polémico de Barcelona— y se ha abrió sin que finalizasen. Hasta ese momento disponía de “un salón con capacidad para 60 personas, en el que a diario se hacinaban de 90 a 133 internos. En el momento de la fuga había 127 internos, varones y, en su mayoría, argelinos, según la delegación.
El SUP denunció de nuevo el estado de indefinición en que se encuentran los CIE en España, en una especie de limbo jurídico, que los convierte en cárceles sin serlo y sin estar dotados para ello. Y aseguran que detrás de este clase de incidentes está “la falta de medios humanos —cuatro funcionarios o cinco en el mejor de los casos— , la apertura del CIE sin la correspondiente evaluación de riesgos laborales, puertas de apertura manual, ausencia de esclusas, falta de responsables policiales en los turnos de trabajo...”.
Ubicados en antiguos cuarteles, en islas o en viejas cárceles, los Centros de Internamiento de Extranjeros son un foco constante de problemas. La custodia de los mismos, realizada principalmente por la policía, consume enormes recursos económicos y humanos y nunca parece suficiente.
El Ministerio del Interior admitió en octubre de 2015 que incumple el reglamento de los CIE por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. Y pidió un dictamen a la Abogacía del Estado en respuesta a un auto emitido por la juez Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, y el juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria. En España hay ocho centros de internamiento de extranjeros, para alojar a ciudadanos de terceros países en trámites de expulsión.
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