IU pide cárcel para la tesorera del PP por destruir el ordenador de Bárcenas
La coalición de izquierdas reclama una multa de 10,8 millones de euros para el partido conservador
Izquierda Unida, partido que lidera una de las acusaciones en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha reclamado este jueves cinco años de prisión para la actual tesorera, Carmen Navarro, por daños informáticos y encubrimiento. La coalición liderada por Alberto Garzón reclama la misma pena de cárcel para el abogado del partido Alberto Durán y para el informático que formateó los dispositivos hasta 35 veces antes de destrozarlos físicamente. Asimismo, IU pide una multa de 10,8 millones de euros para el PP, que está procesado en la causa como persona jurídica.
En su escrito de conclusiones provisionales, Izquierda Unida recuerda que el 3 de julio de 2013, seis días después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel de corrupción, enviara a prisión a Bárcenas, el informático José Manuel Moreno formateó los discos duros de los ordenadores Apple y Toshiba del extesorero popular. Las computadoras habían permanecido guardadas en la sala Andalucía de la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 desde abril de 2010, cuando Bárcenas dimitió como senador por su imputación en Gürtel, hasta enero de 2013, cuando el PP rompió definitivamente con él después de que EL PAÍS publicara los papeles de su contabilidad secreta.
Tras la ruptura, Bárcenas reclamó al partido que le devolviera todos los documentos que conservaba en la sala Andalucía y los ordenadores. Los papeles volvieron al extesorero, pero las computadoras no le fueron devueltas. En los dispositivos informáticos, según relató Bárcenas al juez, había pruebas de supuestos pagos de empresarios para la caja b del partido.
El juez Ruz reclamó al PP que le entregara los dos ordenadores el 16 de agosto de 2013, pero para entonces su contenido ya había sido borrado o destruido. Tras comprobar los posibles daños para la investigación, el magistrado envió la causa a los juzgados ordinarios ante un posible delito de encubrimiento por destrucción de pruebas. La causa, que permaneció perdida durante un año en los juzgados de la Plaza de Castilla, recayó finalmente en la juez Rosa Freire, que el pasado julio cerró la investigación y procesó a Carmen Navarro, Alberto Durán y al informático José Manuel Moreno, así como al PP como persona jurídica.
El pasado martes, Luis Bárcenas, que ejercía la acusación particular en esta causa, decidió desistir de la acción penal antes de presentar su propio escrito de acusación. Fuentes cercanas al extesorero han alegado estrecheces económicas para mantener los servicios jurídicos de su abogado y el deseo de no suponer un obstáculo para el PP ante la investidura de Mariano Rajoy.
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