Dimite un alto cargo de Page relacionado con la planta ilegal de Chiloeches

El Seprona de la Guardia Civil investiga también la mala gestión que se hacía de las 20.000 toneladas de residuos peligrosos que albergaban estas instalaciones.

La planta de Chiloeches tenía suspendida la autorización ambiental desde octubre de 2014. Esa suspensión se convirtió en firme y definitiva un año después, cuando la justicia la respaldó y se cumplió el plazo de 12 meses que la Junta había dado a los propietarios para que subsanaran los problemas que se habían detectado. Pero, entre octubre de 2015 y junio de este año, las instalaciones siguieron operando. Además, se cometieron graves irregularidades en la gestión de los residuos, según una investigación abierta por la Guardia Civil tras las denuncias de la patronal del sector, Asegre, y del grupo Anonymous.

La planta pertenece a KUK Medio Ambiente, pero en sus últimos meses de funcionamiento estuvo arrendada al Grupo Layna. La patronal Asegre llegó a contratar los servicios de una agencia de detectives para que investigara las instalaciones. En sus conclusiones, esta agencia señalaba que los residuos peligrosos —principalmente líquidos con disolventes procedentes de una industria química— eran "mezclados en la parte trasera de las instalaciones" con lodos de celulosa. Luego, según el informe, esos desechos se cargaban camuflados con residuos de construcción en camiones, que se llevaban a vertederos de construcción y demolición. La Guardia Civil también ha constatado estas prácticas.

González —que tomó posesión de su cargo de viceconsejero en septiembre de 2015— ha reconocido a EL PAÍS que mantuvo relaciones empresariales con Layna hasta "hace un año y pico".

Por un lado, según ha informado Interviú, González estuvo al frente de una sociedad participada por Layna: Biocombustibles del Henares. El viceconsejero sostiene que solo fueron siete meses y que la empresa no tuvo actividad. Según su versión, en junio de 2013 dejó de estar al frente de Biocombustibles del Henares, aunque reconoce que en el Registro Mercantil sigue figurando como apoderado. "No se revocaron mis poderes como apoderado", afirma González, quien añade que ya se ha trasladado la información correcta al Registro Mercantil.

Pero esta no es la única relación empresarial que ha mantenido con Layna. Ha admitido que participó con este grupo y otras empresas en "propuestas de proyectos conjuntos" relacionadas con investigaciones de I+D+I del sector de los residuos. Esta relación se mantuvo "hasta hace un año y pico", ha reconocido.

Incompatibilidad

González niega que existan incompatibilidades. "No he tenido participación en la fiscalización, en las inspecciones ni en los expedientes sancionadores [de la planta]", ha dicho. Ha insistido en que su carta de renuncia solo estuvo motivada por razones personales.

Pero cuando la presentó, el 27 de julio, ya había abierta una investigación de la Guardia Civil y la fiscalía sobre la gestión presuntamente irregular que se hacía de los residuos en la planta. La instalación operó sin tener la autorización ambiental, algo que debe fiscalizar la Consejería de Medio Ambiente. La planta se clausuró en junio, pero fue el Ayuntamiento de Chiloeches el que la cerró tras detectar que tampoco tenía licencia municipal.