Otegi prepara la pelea judicial para eludir su inhabilitación

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Otegi lleva varias semanas inmerso en el debate sobre su inhabilitación, que se ha acentuado desde que la fiscalía de la Audiencia Nacional remitiera un escrito ordenando al ministerio público que defienda que el dirigente abertzale no es elegible para cargo público. La Junta Electoral de Gipuzkoa confirmó ayer que ya tiene en sus manos toda la documentación relativa al caso, tanto la sentencia original de la Audiencia Nacional como la posterior del Supremo que en 2012 rebajó la pena a Otegi y a los otros cuatro condenados por el caso Bateragune (reorganización de la ilegalizada Herri Batasuna a las órdenes de ETA).

También tiene en su poder el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que se considera al independentista como “no elegible”, en función de las inhabilitaciones judiciales que pesan sobre él: inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo inicial de diez años, que el Supremo rebajó finalmente a seis años y seis meses.

“Es un informe preceptivo. La fiscalía informa de las personas sobre las que entiende que pesa algún tipo de restricción. Y con ese informe la Junta Electoral decidirá”, explicaron ayer desde la Junta Electoral de Gipuzkoa. La Junta proclamará las listas a partir de la medianoche del próximo lunes. Si falla en contra de Otegi, este recurrirá por la vía contencioso-administrativa; y, si tampoco ahí consigue que le autoricen a presentarse, llegará hasta el Constitucional. Pase lo que pase, Otegi dijo ayer en la Cadena SER que estará al frente de su equipo y de EH Bildu hasta el último día de la campaña. “Lo importante no es si Otegi sí u Otegi no, sino si hay democracia y separación de poderes, y España es una democracia a la turca”, afirmó.

“Una trampa”

Otegi y su equipo sostienen que la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo le avalan, ya que en ambos casos han dejado escrito que la “inhabilitación especial para empleo o cargo público” necesita de una mayor definición, y que, en el caso de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, se trata de una pena accesoria que no puede ir más allá de la pena principal de prisión. Es decir, que se consideraría liquidada tras salir de la cárcel. Una tesis que ha sido validada parcialmente en la fiscalía vasca, pero que no contempla en ningún caso el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

“Si quieren inhabilitarme lo harán”, dijo Otegi, “pero será una carrera hacia una trampa”. “Lo que ha hecho [el ministro de Justicia, Rafael Catalá] es una aberración”, sostiene. Un argumento que también defiende el PNV: el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, criticó ayer la secuencia de hechos. “El ministro asegura que Otegi no estará en las listas y a renglón seguido la fiscalía da las órdenes precisas”, subrayó. “Está claro, ¿no?”

Otegi no reconoce que su defensa ha podido errar en algún momento del proceso, al dejar pasar recursos a las ejecuciones de sentencia en las que se precisaban las inhabilitaciones. Para el líder independentista todo se resume a que el PP jamás le perdonará haber puesto “en evidencia la gran mentira del PP el 11-M”. El líder abertzale denunció el mismo día del atentado de Madrid en 2004, con inusitada rapidez, lo que interpretó como un intento de manipulación del Gobierno del PP atribuyendo la masacre a ETA cuando la pista yihadista era ya muy sólida.

Para el dirigente de Sortu, el viraje de la izquierda abertzale hacia la paz no tiene vuelta atrás. Otegi es partidario de un desarme de ETA que, según él, “Francia y España” obstaculizan.