El fiscal del Tribunal de Cuentas ve infracciones en el puerto de Gijón

La investigación que desarrolla el Tribunal de Cuentas sobre El Musel está basada en un informe de fiscalización hecho por sus expertos, que describen graves irregularidades en convenios de asesoramiento y en contratas de asistencia técnica, y en el incremento injustificado del precio de la piedra utilizada (gran parte de ella llevada desde una cantera próxima a Gijón cuya sociedad propietaria en un 30%, Sato, forma parte de la UTE adjudicataria de esta megaobra).

La infraestructura fue cofinanciada con unos 250 millones de euros por la Unión Europea, que también detectó en 2011 que las cuentas no estaban claras e incluso pidió la devolución del dinero aportado tras elaborar un informe que más tarde utilizó la Fiscalía Anticorrupción para elevar el asunto ante la Audiencia Nacional. El Juzgado Central número 3 decidió en abril pasado inhibirse ante los juzgados de Gijón luego de poner el foco de las irregularidades en el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato y en el exresponsable de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach, hermano de un exasesor del expresidente del Consejo del Poder Judicial Carlos Dívar que ahora ocupa un alto cargo en la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, emitió el pasado 21 de junio un escrito en el que ve indicios de responsabilidad contable en la ampliación de El Musel. También los ve el abogado jefe del Estado, Javier Borrego. El fiscal señala: “(…) Se aprecian indicios de responsabilidad contable en el contrato de ejecución de las obras de ampliación del Puerto, en el de asistencia técnica a la dirección de obra (…) y en un convenio firmado en 2005 con la Fundación Empresa Universidad de Granada para un proyecto de investigación denominado Experimentación 3D en modelo físico de los tramos del dique exterior para la ampliación del Puerto de Gijón”.

Las obras fueron presupuestadas en unos 500 millones en 2005 y han acabado costando casi 800

Explica el fiscal que hasta febrero de 2006 el pago del convenio lo abonó la UTE a la Universidad de Granada “conforme a los precios pactados, con un 19% de deducción. Pero a partir de marzo de 2006”, añade, “los importes imputados al presupuesto de obra fueron íntegramente los pagados a la Fundación. En consecuencia”, lo abonado por la autoridad portuaria “a la UTE tenía un importe un 19% superior al pagado a la Fundación”. Es decir, la UTE se benefició de 124.000 euros “en su condición de intermediario en los pagos”, ya que la UTE recibió de la autoridad portuaria 776.000 euros y solo pagó 652.000 a la Universidad granadina, señala.

La Abogacía del Estado pone énfasis, por su lado, “en la alteración, por incremento, de los precios previstos [para] los materiales procedentes de las canteras, que no se ajustan a lo pactado en el contrato de adjudicación de la obra”. Ha detectado muchas partidas con sobrecoste, entre ellas una de casi 133.000 euros. También ha descubierto contratas para la ampliación del puerto caracterizadas por una dinámica similar a la empleada en el convenio con la Universidad de Granada, donde la autoridad portuaria paga un 19% más a la UTE y esta se lo queda tras descontarlo a la subcontrata.

La infraestructura fue cofinanciada con unos 250 millones de euros por la Unión Europea

En el capítulo de seguridad y salud, en el presupuesto inicial de la ampliación se estableció una partida de 951.000 euros que en mayo de 2011 alcanzaba ya los 1,4 millones. Además, hay extrañas facturas sobre seguridad muy beneficiosas para la UTE en perjuicio de las arcas de la Autoridad Portuaria. La UTE estaba formada por empresas del grupo ACS, FCC, por una empresa del grupo OHL, Sato, y por Alvargonzález Contratas.

El delegado instructor del Tribunal de Cuentas ya tiene sobre la mesa los escritos del fiscal y del abogado del Estado, así como el informe de los auditores del tribunal que han analizado a lo largo de este año la contabilidad y gestión de las obras de ampliación de un puerto que pretendía ser uno de los más grandes del Cantábrico.

En paralelo, un juzgado de Gijón también indaga el descomunal sobrecoste de estas obras. Y tiene varios imputados. Se investigan delitos de fraude, estafa, exacciones ilegales y fraude, entre otros. En sus declaraciones judiciales, tanto Menéndez Rexach como Díaz Rato negaron irregularidades. Rexach señaló que entre sus competencias no estaba ni la gestión ni la licitación de las obras y Díaz Rato aludió a los estrictos controles a los que, según él, sometió a la adjudicataria durante las obras, inauguradas en 2011.

Fue la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la que dio la voz de alarma sobre estas irregularidades en un informe de 2014. Denunció “deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón”. La UE aportó unos 250 millones. En el informe de la OLAF se basó inicialmente la Fiscalía Anticorrupción para llevar el asunto, en diciembre de 2014, ante la Audiencia Nacional, mediante una denuncia en la que, entre otras irregularidades, expuso que “los precios del material necesario para la ejecución de la obra aparecían notablemente infradimensionados en el pliego de prescripciones técnicas", y también vio indicios de precios "artificialmente" hinchados. Las autoridades portuarias han sostenido que los sobrecostes están relacionados con los imprevistos surgidos como consecuencia del impacto del oleaje sobre estas faraónicas obras.