Rajoy ofrece un ajuste más a Bruselas para evitar la multa por el déficit

Mariano Rajoy ensaya un último movimiento para minimizar las consecuencias del incumplimiento de las metas de déficit. El presidente en funciones ha enviado una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que subraya el esfuerzo realizado para embridar las cuentas públicas. Rajoy pide a Bruselas que tenga en cuenta la situación política y evite que España estrene las multas por incumplir las metas fiscales tras el duro ajuste de los últimos años. Y anuncia un esfuerzo adicional: Rajoy se compromete a ampliar un año más el acuerdo de no disponibilidad de gasto en las Administraciones central y autonómica —4.000 millones en 2016— para rebajar el agujero fiscal al sacrosanto 3% del PIB en 2017.

“Las cuentas públicas de España son ya un debate europeo, aunque quizá la política española no sea del todo consciente de eso”, resumió este viernes en Roma una alta fuente comunitaria. Los acontecimientos se precipitan: Juncker recibió este viernes esa misiva de Rajoy, que trata de reducir los daños causados por la desviación fiscal en 2015 y los continuos incumplimientos de los últimos años. Bruselas tomará decisiones en el curso de los próximos 10 días. Quedan por ver los detalles —en los que España aspira a influir decisivamente— pero el fondo de la cuestión está claro: la Comisión abrirá un procedimiento sancionador, con una multa que puede ir de cero euros a 2.200 millones y que, según las fuentes consultadas, no llegará hasta después del 26-J. Bruselas dará un año extra para llegar al 3% de déficit, exigirá un ajuste adicional y estrechará la vigilancia sobre la política económica.

Eso sí, el diablo está en esos detalles que quedan por conocer y pueden tener consecuencias políticas: está por decidir el calendario exacto del procedimiento, y tanto la cuantía de la sanción como las medidas adicionales están en el aire, según fuentes del Gobierno, que confirmaron también el envío de la misiva.

La carta enfatiza los ajustes y reformas aprobados en los últimos años en un contexto de lo más difícil: con baja o nula inflación y falta de crecimiento hasta hace poco. Señala, según las fuentes consultadas en Bruselas y Madrid, que hay precedentes para aplicar flexibilidad: países como Francia evitaron males mayores porque también su inflación fue inferior a lo previsto por Bruselas —y diezmó así los ingresos públicos—, como ocurre con España. Rajoy subraya la paradoja que supondría que un país que ha rebajado el déficit del 9% al 5% fuera el primero al que se le aplicaran sanciones. Destaca que tan importante es la estabilidad presupuestaria como el crecimiento, con un guiño casi keynesiano que no se le conocía hasta ahora. Y reclama que se tenga en cuenta la situación política: la propia Comisión ha alertado del riesgo que supone la incertidumbre por la dificultad para formar Gobierno

Cumplir las metas

La misiva, además, se cierra con una promesa: Rajoy se compromete a que el nuevo Gobierno amplíe a 2017, si es necesario para cumplir las metas, el acuerdo de no disponibilidad de gasto, que asciende a 4.000 millones este año (3.000, según Bruselas).

La rebaja fiscal electoralista y el descontrol de las cuentas autonómicas elevaron el agujero del déficit español por encima del 5% el año pasado, frente al 4,2% acordado. El ejecutivo de la UE está decidido a sacarle los colores a España: el citado 18 de mayo anunciará que Madrid no hizo nada por cumplir las reglas en 2015, establecerá una nueva senda para bajar el déficit al 3% y exigirá medidas adicionales, además de poner en marcha una estrecha vigilancia sobre la política económica española.

El vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici tienen previsto estudiar este fin de semana las medidas adicionales que reclama Bruselas. La Comisión las debatirá el martes, y las dará a conocer la semana siguiente. En casi todo lo demás, las reglas son suficientemente dúctiles como para jugar con el calendario. Sea cual sea la agenda definitiva, Madrid sabe que la multa está ahí. Y con esa misiva viene a poner presión, para reducir el importe. Aun así, el Gobierno es consciente del estigma político que supondría estrenar las sanciones por déficit: España ya inauguró las multas por manipular las estadísticas, y en los últimos años boxea por debajo de su peso en Europa, tras perder la silla en el BCE y la batalla por la jefatura del Eurogrupo.

Está por ver cuánto influirá ese argumentario. Pero las instituciones quieren posponer la multa hasta después del Brexit y las elecciones: fuentes comunitarias dan por hecho que el Ecofin no tomará una decisión sobre el procedimiento español hasta el 18 de junio. A partir de ahí, la Comisión tendría 20 días para proponer la multa, y con ello los ministros de Finanzas no abordarían ese asunto hasta después del 26-J. “Todo el proceso está basado en las reglas, pero hay que aplicarlas con inteligencia política y velando con la igualdad de trato con otros países”, dijo una fuente europea.