Bruselas advierte a España del riesgo por el déficit y la inestabilidad política

Las previsiones económicas se han convertido en otra de esas industrias del miedo que proliferan camino del décimo aniversario de la Gran Recesión. La Comisión Europea presentó este martes su informe de primavera, que confirma que España crece más que la eurozona. Y a la vez constata que el legado de la crisis ha dejado enormes cicatrices —récords de déficit y paro— y un abanico de riesgos considerables. Bruselas alerta básicamente de dos: el agujero fiscal no se reducirá por debajo del listón del 3% hasta 2018 sin medidas de ajuste adicional, y la incertidumbre que rodea la formación del nuevo Gobierno puede lastrar el crecimiento.

La Comisión no validó las previsiones del Gobierno, tal como adelantó este diario. El déficit cerrará 2016 en el 3,9% del PIB (tres décimas más de lo que vaticina el Ejecutivo), y seguirá por encima del sacrosanto 3% en 2017 (con el 3,1%, dos décimas más de lo que augura Moncloa). Las discrepancias entre Bruselas y España son frecuentes, pero en este caso tienen consecuencias políticas: la Comisión abrirá un procedimiento sancionador contra España en las próximas semanas por los continuos incumplimientos fiscales. Al margen de la cuantía —de cero euros a casi 2.200 millones, aunque la multa puede tardar en cerrarse—, el brazo ejecutivo de la UE exigirá medidas de ajuste adicionales, y someterá a España a un sistema de vigilancia reforzada. Las fuentes consultadas aseguran que habrá un año extra para cumplir el déficit: eso exige ese doloroso ajuste adicional, muy comprometido ante la cercanía de las elecciones, para salir de la zona de peligro y dejar el agujero fiscal por debajo del 3% en 2017, una décima menos del pronóstico de Bruselas.

El tamaño de ese ajuste es uno de los grandes riesgos que afronta la economía española: cuanto mayor sea el recorte menor será el crecimiento, y para cumplir las reglas hay que reducir el déficit del 5,1% al 3% del PIB en dos años. Eso supone 22.700 millones de euros de diferencia. Una parte de esa cifra vendrá por sí sola, con el aumento de los ingresos públicos por el avance del PIB. Pero hay una segunda parte más dolorosa: recortes adicionales.

Ajuste autonómico

La Comisión admite que los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Gobierno suponen ya un ajuste de 3.000 millones (Moncloa lo cifra en 4.000), pero lo juzga insuficiente. Y no se fía de que el tijeretazo acordado se cumpla. Ese acuerdo de no disponibilidad, que vale tanto para el Gobierno como para las autonomías, “requiere que se involucren activamente varios niveles de la Administración, y una ejecución estricta”, apunta receloso el informe. La Comisión ya reclamó en marzo al Gobierno que aplique a rajatabla la Ley de Estabilidad a las comunidades con medidas preventivas e incluso correctivas.

Los incumplimientos de los objetivos del déficit se explican por una rebaja fiscal electoralista, pero sobre todo, según el informe, por la aceleración del gasto público en la segunda parte de 2015. A medida que se acercaban las elecciones, los Gobiernos central y autonómicos aprobaron “un notable aumento en la compensación de los funcionarios y en la inversión pública”. El resultado fue una expansión fiscal en un país sin margen para ello, con un déficit del 5% —casi un punto de PIB más de lo acordado con la UE— y una deuda del 100% del PIB.

Recelos hacia el Gobierno

“La cantidad de medidas necesarias para corregir el desvío presupuestario en 2015 se añade a los riesgos que se derivan de la incertidumbre que rodea la formación del nuevo Gobierno”, apunta el informe. Con esa escueta declaración, Bruselas deja claro que recela tanto del Gobierno saliente, incapaz de embridar definitivamente las cuentas públicas, como de una situación política vacilante, cargada de interrogantes.

La Comisión lleva varias andanadas parecidas contra las dificultades para forjar una coalición. “Esa decisión corresponde a los españoles”, dijo el comisario Pierre Moscovici para evitar meterse en jardines, “pero en el plano fiscal algunos esfuerzos están por hacer”, remachó. Como consecuencia, España tendrá el dudoso honor de estrenar las multas por el déficit. Queda por saber la cuantía. Y sobre todo la fecha: si es antes de las elecciones, esa decisión puede ser material político altamente inflamable.