Seis años de cárcel al parado de la ‘lista Falciani’ que tenía 5,3 millones en Suiza

Sixto Delgado de la Coba, ingeniero industrial nacido en 1944 en Las Palmas de Gran Canaria y uno de los 659 españoles que figuraban en la conocida como lista Falcani, ha sido condenado a seis años de cárcel y a pagar una multa de más de 11,3 millones de euros por fraude fiscal. Delgado de la Coba cobró el paro durante casi dos años tras dejar en 2000 su puesto en la petrolera Repsol, en la que había trabajado tres décadas. Pero la lista Falciani permitió descubrir que el hombre, jubilado en 2009, había acumulado en Suiza una fortuna de 5.277.511,05 euros (según el saldo de 31 de diciembre de 2006) en cuentas del banco HSBC Private Bank, sin que "jamás" tributase al fisco español ni al suizo ni un euro por ello.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado ahora por la comisión de dos delitos contra la hacienda pública a un total de seis años y  a abonar una multa equivalente al cuádruple de la cantidad defraudada, esto es 11.369.216,32 euros. Lo que no se ha podido aclarar es el origen de la fortuna.

El nombre de este ingeniero era uno de los 130.000 de presuntos evasores fiscales del HSBC de Ginebra que figuraban en la lista que el informático italiano Hervé Falciani se llevó de dicho banco y entregó a las autoridades francesas. Estas, a su vez, enviaron a la hacienda española los nombres de 659 nacionales que estaban en dicha relación.

La defensa de Delgado de la Coba intentó anular la causa contra él, alegando la doctrina del árbol envenenado: es decir, que dado que Falciani obtuvo de manera irregular el listado de presuntos defraudadores, cualquier fruto (juicio, condena...) que provenga de ese hecho es nulo por estar contaminado.

El tribunal considera que España recibió de manera legal la lista, ya que la entrega a la Agencia Tributaria "se produjo al amparo de la normativa convencional internacional, se materializó mediante la entrega confiada a personal diplomático de la República francesa destinado en España y no quebró el procedimiento itinerante que jurídicamente se exige dentro del marco de la llamada cadena de custodia”.

La sala condena al parado y ya jubilado por irregularidades económicas "correspondientes a la falta de ingresos de sendas cuotas tributarias en concepto de IRPF de los años 2005 y 2006". Las cuotas defraudadas fueron de 2.265.493,02 euros en 2005; y de 576.811,06 euros en 2006. En total: 2.842.304,08 euros. En 2005 y 2006 el ingeniero reflejó unos ingresos totales de 15.054 y 37.897 euros, respectivamente, en sus declaraciones del IRPF, unas cantidades que podrían corresponderse con las de cualquier ciudadano de clase media.