La oposición se une para llevar al Constitucional el control al Gobierno en funciones

Los principales partidos de la oposición han firmado este miércoles una propuesta para que el pleno del Congreso vote a favor de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que resuelva si el actual Gobierno en funciones debe o no someterse al control de la Cámara. Mariano Rajoy y sus ministros se niegan a comparecer en el Hemiciclo porque entienden que el actual Parlamento no se corresponde con el que le eligió y que solo pueden ser sometidos al control de los tribunales porque están en funciones.

El Ejecutivo en funciones argumenta, además, que nunca en la historia constitucional se han celebrado sesiones de control sin haber procedido a la investidura del presidente. Sin embargo, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, que se sumó a última hora, informa Francesco Manetto, creen que su acción debe ser fiscalizada y por eso recurren al Constitucional para que resuelva lo que Patxi López, presidente del Congreso, calificó como "un conflicto institucional grave". De hecho, los partidos firmantes, que incluyen a ERC, DL, IU, Compromís, PNV, NC y CC, citan un precedente en el que la Cámara controló a un Gobierno en funciones: el de Adolfo Suárez, que el 17 de febrero de 1981, y antes de que Leopoldo Calvo Sotelo lograra la presidencia (25 de febrero), respondió a preguntas e interpelaciones.

Como los principales partidos de la oposición se han unido en este asunto en contra del criterio del PP, el pleno del Congreso podrá aprobar acudir al Constitucional en conflicto de atribuciones, una situación sin precedentes en democracia. En la celeridad de la tramitación de esta petición desempeña un papel clave que el PP esté en minoría en la Mesa del Congreso, que tramitará favorablemente la petición el 29 de marzo, para que el asunto se vea en el primer pleno de abril. Sin embargo, la resolución no llegaría a tiempo de aplicarse antes del 2 de mayo, fecha para disolver las Cortes si no se consigue la investidura de un nuevo presidente. Las dos partes esperan, en cualquier caso, que el Alto Tribunal siente una doctrina aplicable en el futuro.

Hasta ahora, el PSOE y el resto de partidos de la oposición han intentado controlar sin éxito al Gobierno en diversas ocasiones. Rajoy, por ejemplo, no ha querido dar cuenta personalmente ante la Cámara de los dos Consejos Europeos en los que ha representado a España mientras estaba en funciones. Tampoco lo hizo el ministro de defensa, Pedro Morenés, cuando se requirió su presencia ante la comisión correspondiente del Congreso para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión que mantuvo el pasado día 17 en Bruselas con sus homólogos de la OTAN.

Además, la ministra de Fomento, Ana Pastor, acumula nueve peticiones de comparecencia de varios grupos políticos. El PSOE ha pedido también la comparecencia del ministro Luis de Guindos "para informar y debatir" sobre los "compromisos" incluidos en los programas de estabilidad y de reformas que el Gobierno tiene que remitir en abril a la Comisión Europea; o de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, para informar de las medidas para "atajar el aumento significativo de agresiones, reyertas y crímenes protagonizados por bandas y grupos violentos durante las últimas semanas". 

Sí compareció en febrero, y ante la Comisión de Exteriores, el ministro José Manuel García-Margallo, que informó sobre el pacto con el Gobierno británico para evitar la salida del Reino Unido de la UE.