La UE congeló 468 millones para Andalucía al detectar irregularidades

La Unión Europea ha congelado el Fondo Social Europeo para Andalucía en 2015, que asciende a 468 millones, por las irregularidades detectadas en los fondos anteriores concedidos por Bruselas. De este modo, Andalucía lleva más de un año, desde el 7 de noviembre de 2014, sin contar con este fondo dada la alerta desatada. En esta misma situación de suspensión están los fondos Jeremy, sometidos a una investigación judicial. Ahora los interventores de la UE deben certificar que las incidencias han sido subsanadas para devolver a la Junta esta partida suspendida. El Fondo Social Europeo asciende a 1.190 millones hasta 2020 para esta comunidad, según fuentes comunitarias.

Estas irregularidades que provocaron la suspensión del Fondo Social Europeo tienen que ver con partidas generales vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según el Gobierno andaluz, que no ha detallado el destino exacto de estas subvenciones. A pesar de que la ex interventora adjunta de la Junta Teresa Arrieta vinculó ayer la suspensión de los fondos europeos con el fraude en los cursos de formación, esta mañana el Ejecutivo autónomo ha separado ambos problemas. El consejero de Economía, Antonio Ramírez, ha matizado que "no se detectó ninguna incidencia sobre los cursos de formación".

Para evitar "generar desconfianza" en la UE, la dirección general de Asuntos Europeos de la Junta decidió "reprogramar" 47 millones destinados a los cursos de formación entre 2007 y 2013 ante las noticias que la prensa publicaba sobre el fraude en los cursos subvencionados, según Arrieta. "Esa cantidad lo perdió la formación, pero fue reprogramado y orientado hacia la formación reglada", puntualizó la interventora ante la comisión de investigación de la Cámara. El Parlamento andaluz analiza estos días el fraude cometido entre 2002 y 2012 y su alcance real, así como las responsabilidades políticas, en paralelo a 18 juzgados que analizan la vía penal.

Las irregularidades se elevaron al 7,4% de los expedientes del Fondo Social Europeo, un porcentaje muy superior al 2% que establece Bruselas para suspender los pagos a una región. Ese 5% de más provocó la suspensión de los fondos.

La ex interventora general Rocío Marcos opinó en otra comparecencia que la Intervención no ha detectado fraude ni menoscabo de fondos públicos, aunque sí estimó que se han producido irregularidades en la justificación. En su opinión, este departamento fiscalizador no está orientado para detectar "fraudes", sino para "intentar mejorar las cosas", y enfatizó que dicho departamento sufre una "limitación de medios y en los efectos". "Son controles reglados que cuentan con limitaciones objetivas y subjetivas (…) es mejorable y se puede dimensionar de otra manera", precisó.

Mientras todos los diputados de la oposición insistían a la interventora adjunta para concretar sus respuestas en una tensa comparecencia, el diputado socialista Rodrigo Sánchez ha tildado de "intolerables" las "presiones" que ha sufrido Arrieta. La diputada de IU Elena Cortés, ante el desconocimiento de la interventora, le replicó: "El interventor general me dijo que le preguntara a usted, y usted me dice que le pregunte al SAE, que me dirá que no sabe y que le pregunte al maestro armero".