Washington quiere tener agentes armados en el aeropuerto de Barajas

EE UU ha pedido a España la instalación en el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez (Madrid) de un control fronterizo adelantado de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), que controlaría a los pasajeros con destino a aeropuertos estadounidenses para detectar a sospechosos de terrorismo. El Gobierno español aún no ha contestado a la petición, pero ha transmitido sus reservas a Washington, que pretende que estos agentes actúen armados y gocen de inmunidad en territorio español, lo que supondría una cesión de soberanía.

En virtud de un acuerdo suscrito en 2009 entre el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, Washington cuenta con tres funcionarios en el aeropuerto de Barajas que controlan la documentación de los pasajeros que embarcan en vuelos con destino a Estados Unidos e incluso, según reveló EL PAÍS, en aviones que sobrevuelan territorio estadounidense, aunque no hagan escala en ninguno de sus aeropuertos. Estos funcionarios pueden vetar la presencia de algún pasajero, por considerarlo sospechoso de suponer un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, y denegar su embarque. Las aerolíneas no tienen más remedio que atender sus requerimientos si no quieren arriesgarse a que se les deniegue el permiso de sobrevuelo o aterrizaje.

Lo que no pueden hacer los funcionarios estadounidenses en suelo español es registrar a los pasajeros o detenerlos, una tarea que corresponde en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad españolas. La situación cambiará si se admite, como ha pedido, que la Agencia de Seguridad y Protección de Fronteras estadounidense instale un control de aduanas en el aeropuerto madrileño. Su función no se limitará a controlar la documentación, sino también el equipaje, de bodega y de mano, y el propio cuerpo de los pasajeros. Se trata de realizar los mismos controles, y con los mismos parámetros, a los que son sometidos los viajeros a su llegada a Estados Unidos de forma que, en teoría, los pasajeros que superen estos controles podrían entrar en territorio estadounidense o tomar vuelos domésticos sin necesidad de ulteriores controles. En teoría porque, y este es uno de los puntos conflictivos, Washington se reserva la posibilidad de realizar controles suplementarios en territorio estadounidense.

El punto más conflictivo, sin embargo, es la demanda de que estos agentes, que son funcionarios federales de aduanas, vayan armados y cuenten con inmunidad. Es decir, que no se someterían a la jurisdicción de los tribunales españoles si se vieran envueltos en algún incidente.

Este punto ha encendido las alarmas del Gobierno español, que ha trasladado sus "reservas" a Washington. Aún no existe, sin embargo, una respuesta definitiva y el asunto está sometido a consultas de los departamentos de Exteriores, Interior y Fomento. AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), la entidad pública que gestiona Barajas, supuesta beneficiaria de la propuesta en la medida en que permitiría un incremento de los vuelos a EE UU, tampoco se muestra entusiasta, según fuentes de la misma, por temor a que traslade al embarque en Madrid las colas que se dan ahora en las aduanas de los aeropuertos estadounidenses. De hecho, los controles suplementarios de seguridad que se aplican ya a los vuelos a Estados Unidos obligan a que los pasajeros se presenten en la puerta de embarque unas dos horas antes de la salida, además de solicitar por Internet, con al menos 72 horas antelación, la autorización de viaje (ESTA).

La petición de instalar una aduana en Barajas forma parte del llamado Preclearence Programe (Programa de Preautorización) que EE UU puso en marcha con Canadá a mediados del pasado siglo y que incluye 15 aeropuertos de Irlanda y el Caribe, a los que se sumó Emiratos Árabes Unidos en 2014. El salto cualitativo se producirá si prospera la propuesta lanzada a finales de mayo por Washington para ampliar el programa a 10 aeropuertos de nueve países, la mayoría europeos, como Bélgica, Holanda, Reino Unido, Suecia, Noruega o España; pero también de Japón, Turquía o República Dominicana. La elección de los aeropuertos se ha hecho partiendo del tránsito de pasajeros a Estados Unidos: juntos sumaron casi 20 millones en 2014.

Oferta bilateral

El hecho de que las ofertas se hayan hecho a nivel bilateral y las conversaciones se desarrollen con la máxima discreción hace que no exista una posición común entre los socios europeos. Y ello a pesar de que fue la Comisión la que negoció con Washington el acuerdo para transferirle los datos personales de los pasajeros que embarcan en aeropuertos europeos con destino a EE UU.

La petición estadounidense le plantea varios problemas a España: el primero, jurídico, pues el acuerdo debería plasmarse en un tratado internacional ratificado por el Parlamento. El segundo, de dignidad nacional, pues no podría aceptarse un acuerdo de ese tipo sin cláusula de reciprocidad. El pacto con Canadá la incluye, pero lo cierto es que las autoridades canadienses jamás han ejercido este derecho. Por último, está por ver que el acuerdo resulte atractivo para las compañías si no se garantiza a los pasajeros que no serán sometidos a un segundo control a su llegada a Estados Unidos.

Aunque ahora se ha resucitado, la iniciativa no es nueva. Washington ya la planteó sin éxito tras el 11-S. "Lo cierto, y Washington parece olvidarlo", subraya un experto, "es que los aviones usados por los yihadistas no despegaron de aeropuertos europeos, sino norteamericanos".