El Gobierno pedirá al Constitucional el bloqueo de todo acto secesionista

El Consejo de Estado avaló este martes al Gobierno para impugnar la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. El Consejo dictaminó, por unanimidad, la idoneidad del recurso que planteará este miércoles el Ejecutivo, con el que pretende que el Tribunal Constitucional bloquee cualquier intento de aplicar cada aspecto de la resolución. El recurso pedirá al tribunal que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al secretario, Pere Sol, y a toda la Mesa de la Cámara, así como a Artur Mas y a su Gobierno, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto echar mano de la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional para pedir no solo la suspensión de la declaración secesionista, sino también que la decisión judicial sea notificada personalmente a cargos y funcionarios, a los que se les advierta de las consecuencias de su incumplimiento, tal y como permite esa reforma aprobada en octubre.

El pleno del Constitucional aprobará, previsiblemente en la tarde de este miércoles, la admisión a trámite del recurso del Gobierno, lo que provocará —de forma automática, tal y como dicta la Constitución— la suspensión de la resolución impugnada. Sin embargo, según trasladó el Ejecutivo de Rajoy al Consejo de Estado —el máximo órgano consultivo—, su intención no es solo la suspensión. La propuesta también plantea que la decisión judicial sea notificada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; a todos y cada uno de los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, incluidos los diputados de Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que es Pot (grupos que no respaldaron la resolución); y al secretario general del Parlament, Pere Sol, que no es un cargo público sino un funcionario.

Prohibir y advertir

El recurso reclamará que la previsible suspensión sea notificada a los miembros del Consejo de Gobierno de Mas, es decir, a la vicepresidenta y a todos los consellers en funciones. Y que todas esas notificaciones estén acompañadas de prohibiciones y advertencias. Así, el Ejecutivo pedirá al Constitucional que imponga a Forcadell, a la Mesa y al secretario del Parlament "la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación, iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución, incluido su anexo".

Y, por último, requerirá al tribunal para que también prohíba a Mas y a su Consejo de Gobierno "promover cualquier iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier actuación con la misma finalidad". Las maniobras que el Gobierno pretende bloquear no son solo las tres leyes prometidas por los independentistas —las de proceso constituyente, seguridad social y hacienda propia—, sobre las que existe escaso o nulo margen al estar el Ejecutivo catalán en funciones, sino también el bloque de medidas sociales que Junts pel Sí y la CUP pactaron y decidieron añadir en el anexo de la resolución secesionista.

Las notificaciones, de cumplirse las pretensiones del Gobierno, irán acompañadas de la advertencia expresa de suspensión de sus funciones, así como de "procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento". Es decir, el Gobierno quiere que la decisión del Constitucional bloquee cualquier intento de ejecutar la resolución independentista y que, además, todos los implicados estén advertidos de las consecuencias del incumplimiento de esa decisión para poder actuar contra ellos si desobedecen.

"Prudencia" es una de las palabras que, en los últimos días, más pronuncian los magistrados del Tribunal Constitucional. Mientras que la decisión de suspender la resolución no genera ninguna duda, ya que es automática si el recurso no tiene ningún defecto de forma, las notificaciones y advertencias que reclama el Gobierno sí despiertan debate.

En la decisión que el mismo Constitucional tomó sobre la consulta independentista en Cataluña celebrada el 9-N de 2014, el tribunal suspendió la votación pero no incluyó la advertencia a Mas sobre la obligación de cumplir y las responsabilidades e infracciones que supondría ignorarla, tal y como, también entonces, pedía el Gobierno. En este caso, la posibilidad de notificar personalmente y advertir forma parte de la reforma de la ley del Constitucional, pero es una opción que queda en manos del tribunal.