El Constitucional admite el recurso de Andalucía por la financiación regional

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional presentado por el Gobierno de Susana Díaz contra la Ley Orgánica 6/2015, que modifica la ley de financiación autonómica y la de estabilidad presupuestaria. El Ejecutivo andaluz asegura que dos preceptos de esta normativa vulneran la autonomía financiera y obstaculizan su política en materia de gasto farmacéutico. El tribunal acuerda remitir la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que, en el plazo de 15 días, formulen sus alegaciones.

En su recurso, autorizado el pasado 8 de septiembre por el Consejo de Gobierno, Andalucía denuncia que la norma permitirá al Estado detraer recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas para saldar deudas con los Ayuntamientos, "alterando así las determinaciones de la Constitución Española y vulnerando el principio de autonomía financiera y de gestión reconocido también en el Estatuto andaluz". Según informó el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del día 8, la Junta acude a los tribunales después de haber intentado tratar el tema con la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

El Gobierno andaluz defiende que la incorporación de las obligaciones contraídas con las entidades locales al concepto de deuda pública vulnera el artículo 135 de la Constitución, que no recoge expresamente este supuesto. "Al abrir la posibilidad de que el Estado las salde directamente reteniendo recursos del sistema de financiación, la ley otorga una prioridad indebida a este pago sobre las demás obligaciones autonómicas en relación con los servicios públicos que garantizan los derechos fundamentales en materias sanitaria, educativa y social", defiende el Ejecutivo autónomo. "En concreto, se vulneran los principios de autonomía de gestión, autonomía financiera y suficiencia financiera", explica.

En este sentido, el Ejecutivo andaluz subraya que la retención que pretende el Gobierno central podría chocar con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, según el cual los recursos del sistema de financiación tienen como única finalidad el ejercicio de las competencias transferidas o delegadas a las comunidades. "El precepto cuestionado supone también un ataque a los principios de lealtad institucional y de cooperación en materia financiera, ya que se deja a un lado los mecanismos que los sustentan tanto en la comunidad (Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales) como a nivel general (Consejo de Política Fiscal y Financiera)", alega la Junta.

Además del artículo 1, el Gobierno andaluz también recurre la disposición final decimosexta, que permite a la Administración central modificar por orden ministerial lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico hospitalario y en productos farmacéuticos y sanitarios. La Junta subraya que este precepto vulnera los principios constitucionales de jerarquía normativa e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al permitir que una ley ordinaria sea modificada por una norma de rango menor. El Ejecutivo de Díaz defiende que la reforma planteada por Rajoy intenta vincular el crecimiento del gasto farmacéutico al del PIB de las comunidades, limitando así las competencias de estas.