La Junta andaluza negocia con 11 bancos para evitar los desahucios

La Consejería de Fomento y Vivienda y 11 entidades financieras han creado un grupo de trabajo para evitar los desahucios en Andalucía. La decisión se produce después de que el Gobierno autónomo haya aprobado el pasado día 19 el anteproyecto de ley de Retracto en Desahucio de Viviendas, que prevé el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria por parte de la Junta de Andalucía. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2014 se produjeron un total de 10.344 desahucios en Andalucía, de los que algo más de la mitad fueron por impagos de hipotecas. En el primer trimestre del año, los lanzamientos suman 2.857, un 8,5% más que el mismo periodo del año anterior.

Las entidades financieras y la Junta han acordado reforzar su colaboración y “explorar nuevas vías que eviten que estas situaciones derivadas de la insolvencia económica de las familias por la actual coyuntura económica puedan provocar el riesgo de pérdida de la vivienda por parte de los afectados”, según ha informado la Oficina del Portavoz.

A la reunión convocada por el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, han acudido  directivos regionales de Unicaja, Cajasur, Caja Rural, Banco Popular, Caixabank, BBVA, Sabadell Atlántico, Grupo Santander, Cajamar, Bankia y Banco Mare Nostrum. López mostró la disposición del Ejecutivo andaluz para negociar “sin límites” con los bancos. “El Gobierno andaluz considera necesaria también la especial implicación de estas entidades apelando a la responsabilidad y compromiso social que tienen contraído con el territorio donde desarrollan su actividad y con su ciudadanía”, ha destacado.

Según la versión del Gobierno autónomo, los directivos de las entidades han mostrado su “plena disposición para establecer espacios de cooperación” para solucionar los desahucios. López ha reconocido la “enorme complejidad jurídica” de este propósito y ha defendido los dos nuevos proyectos legislativos que tiene en cartera el Gobierno: el de retracto en desahucio de viviendas y el de protección de los derechos de consumidores y usuarios en la contratación hipotecaria.

La comunidad cuenta además con la ley de la Función Social de la Vivienda, recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno central. El pasado 26 de mayo, el alto tribunal consideró ilegal la expropiación temporal del uso de viviendas propiedad de los bancos prevista en un decreto anterior a la ley.

López mantendrá en próximas fechas una reunión con las plataformas y entidades que apoyan a los afectados por los desahucios.