Adjudicaciones millonarias en tiempo de descuento

Los Gobiernos autonómicos en funciones apuran los plazos para aprobar contratos millonarios o medidas partidistas antes de ceder el Ejecutivo, ante las quejas de los entrantes. La presidenta en funciones de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se despide con una polémica recalificación agrícola que beneficia a una diputada del PP y lleva ya más de 41 millones de euros en adjudicaciones. En Aragón, el PP trata de amarrar la aplicación de la Ley Wert aunque el PSOE ha prometido paralizarla como primera medida. El Gobierno extremeño de Monago ha asegurado la programación de la televisión pública para los tres próximos años. Los expertos alertan de que resulta difícil revocar estas medidas en los tribunales porque la ley regula con conceptos indeterminados las competencias de los Ejecutivos salientes.

Desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, siete Gobiernos autonómicos en funciones van a tener que dar el testigo en los próximos días a un Ejecutivo de otro color político. Cinco comunidades van a pasar a manos del PSOE (Castilla- La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares) y las otras dos serán gobernadas por Geroa Bai, en el caso de Navarra, y por el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla, en el caso de Cantabria. Salvo en el caso navarro, donde gobernaba Unión del Pueblo Navarro, en el resto de regiones es el PP quien pierde el poder. Los Ejecutivos entrantes se quejan de que en este periodo de transición, en el que la ley regula que la labor de Gobierno debe limitarse a la ordinaria administración de los asuntos públicos, los salientes están aprobando en este mes de junio adjudicaciones millonarias o medidas que van contra su línea política y comprometen su futura acción gubernamental. Las leyes autonómicas que regulan el traspaso de poderes, salvo la extremeña, son muy poco reglamentistas y dejan un amplio margen de interpretación de las competencias de un Gobierno en tiempo de descuento.

Los socialistas castellanomanchegos, que asumirán la presidencia de la comunidad el próximo 1 de julio, revisan todos los días el boletín oficial de la región en busca de nuevas sorpresas. “Esto es como una pedrea”, resume su portavoz en la Junta, Cristina Maestre. Las adjudicaciones de María Dolores de Cospedal en este mes desde las elecciones suman ya algo más de 41 millones de euros, la más cuantiosa, de casi 30 millones, por la gestión de depuradoras de agua que, según el PSOE, “llevaba cuatro años esperando”. La secretaria general del PP, además, ha aprobado una recalificación por la que 862 hectáreas de secano de Hellín (Albacete) se han transformado en regadío. Entre los propietarios beneficiados por este cambio está la diputada nacional del PP Maravillas Falcón, algo que los socialistas califican de “pelotazo”. El Ejecutivo entrante va a revisar con lupa todo lo actuado por su predecesora en la Junta, y se queja de “deslealtad” porque muchos de los contratos aprobados “podían esperar”. “En la mayoría de los casos no hablamos de ilegalidades sino de un problema de ética política. No es justo que nos esquilmen el presupuesto y nos dejen una Junta maniatada”, señala Maestre. Cospedal ha dejado además asegurada la aplicación de la reforma educativa (LOMCE) en esta comunidad al publicar los currículos de Secundaria y Bachillerato, aunque el PSOE intenta frenarla.

El Gobierno del PP en Aragón también ha querido amarrar en su tiempo de descuento la puesta en marcha de la Ley Wert. “Saben perfectamente que nosotros vamos a paralizar la aplicación de la LOMCE y sin embargo han enviado una circular a los directores de los centros casi chantajeándoles, diciéndoles lo grave que es no aplicarla. A pesar de que conocen que va a ser la primera medida del nuevo Gobierno”, indica Javier Sala, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón. Los socialistas lamentan la actuación del Ejecutivo saliente en materia educativa, donde “están dando pasos en una dirección cuando saben que vamos a ir en la contraria”. El portavoz cita el intento de cierre de colegios rurales con pocos alumnos o la adjudicación de un colegio privado en un municipio a las afueras de Zaragoza que necesita plazas públicas. “Nos preocupa sobre todo la situación económica de la comunidad. La liquidez y el déficit, porque puede ser mayor de lo que nos han estado contando. Se ha duplicado la deuda en cuatro años y se ha incumplido el objetivo de austeridad”, señala Sala.

La desconfianza de los Gobiernos entrantes con los que cesan es una constante histórica, de ahí que la práctica totalidad de las comunidades hayan regulado las competencias del Ejecutivo en funciones. La más detallada es la de Extremadura, con una ley reciente que responde en parte a una polémica decisión tomada por el anterior Gobierno socialista en funciones de 2011, presidido por Guillermo Fernández Vara. La consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, convocó entonces unas oposiciones a Cirugía general en las que ella misma logró la primera plaza. La reciente norma extremeña impide que el Ejecutivo saliente convoque oposiciones. Tampoco puede, por ejemplo, aprobar proyectos de ley.

El Gobierno entrante extremeño, que asumirá de nuevo Fernández Vara, critica ahora que José Antonio Monago ”no ha hecho los deberes” con la regla de gasto que le exigía presentar el Ministerio de Hacienda y que no ha presentado, mientras que ha adjudicado en cambio la programación de la televisión regional para los próximos tres años por seis millones de euros. “No ha hecho lo que debía y ha hecho lo que no debía”, resumen en la dirección socialista.

En Cantabria, el Ejecutivo ha sacado adelante en este periodo de interinidad las licencias de radio y televisión con las que salen beneficiados un senador del PP, José Luis Vallines, propietario de una cadena de televisión, y el obispado de Santander, accionista mayoritario de otra, entre otros. Y en Baleares tampoco ha cesado la actividad del Ejecutivo del dimitido José Ramón Bauzá, que ha acelerado el plan de concesiones y ampliaciones de control sobre distintos clubes y puertos deportivos ante la protesta ecologista y de la izquierda.

La mayoría de los dirigentes que llegan al poder prometen revisar lo actuado por sus predecesores en funciones, si bien las medidas en este periodo, aunque estén limitadas por ley, son difíciles de tumbar en los tribunales. “Resulta complejo porque la ley utiliza conceptos jurídicos indeterminados para definir las funciones, como despacho ordinario de los asuntos públicos, previsiones que también se ensanchan para supuestos de interés general o de urgencia”, indica el profesor de Derecho Constitucional de la UNED Fernando Reviriego. El experto cree, sin embargo, que una excesiva regulación podría ser “contraproducente” y apunta a la “prudencia política y la lealtad institucional” como los elementos que deben regir el tiempo de descuento de los Ejecutivos. En resumen, concluye el constitucionalista, “no cabe una política innovadora de un Gobierno en funciones impulsada por criterios partidistas”.