Un carné contra el miedo en Fuenlabrada

En la sala de espera, Joy Sunday, nigeriana de 33 años, juguetea con sus pequeños Destiny y Praise —de 7 y 30 meses, ambos nacidos en España— adonde llegó en 2005 “a bordo de un barco, ayudada por unos amigos pescadores”. El centro social de Los Galenos en Fuenlabrada (Madrid) registra media entrada en la mañana del jueves. Para el resto de instituciones, Sunday es una inmigrante ilegal, sin papeles, según la terminología que se aplica a quienes entran en España por algún atajo irregular. Pero en el Ayuntamiento de Fuenlabrada -que se ha puesto de moda esta semana porque el candidato socialista en Madrid, Antonio Miguel Carmona, promete copiar la idea- es una vecina más. Cuenta con su tarjeta naranja municipal que le permite recibir ayudas y servicios, igual que a otras 10.252 familias (el listado se actualiza cada viernes, crece a diario y el Ayuntamiento no hace distinción entre españoles e inmigrantes con o sin papeles).

A Joy —que habla español, inglés y su propia lengua de Agbor, en el sur de Nigeria, y tiene estudios secundarios— le corresponden 146 euros mensuales de ayuda familiar, 50 más para alimentos, los recibos de luz y agua y vales para leche infantil y papillas. Pero ella lo que quiere es valerse por sí misma y trabajar. “Me siento integrada, voy al parque y a la Iglesia los domingos, y acabo de solicitar guardería y cole para mis hijos. Mi prioridad es su educación y encontrar un trabajo. Los papeles los solicité el 7 de abril y mi futuro está aquí”, asegura.

En Fuenlabrada, un tercio de las tarjetas sociales —que tienen asignado un centro social y una especie de tutor que evalúa las necesidades de cada familia— están en manos de inmigrantes. El carné no es específico para sin papeles pero al equipararlos al resto de la población, los hace visibles y los legitima ante el vecindario. Da derecho a mucho más que ayudas económicas: les proporciona talleres educativos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales… Todo lo que pueda urgir a una persona que llega, muchas veces sin nociones básicas de castellano, antes de que se conviertan en presas fáciles para las mafias.

Colectivos que trabajan con inmigrantes irregulares agradecen “el primer paso” que es darles visibilidad a través de documentos oficiales. “Si la máxima autoridad municipal te da una tarjeta para acceder a servicios sociales y subvenciones, eso ayuda a la integración y la convivencia. Y las autoridades municipales son las primeras que tienen que conocer a sus vecinos”, asegura Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, que ayuda a la comunidad ecuatoriana (230.000 residentes en España).

Sunday se despide de las trabajadoras sociales que abrazan a su pequeña. Tiene dos años, una mirada inquieta de ojos grandes que siempre sonríen y muchas palabras en castellano.

Johnny, ecuatoriano, de Santiago de Guayaquil, es el siguiente en el turno. Oficial de chapa y pintura, trabajó en un taller de 2000 a 2009. La burocracia le hizo perder el permiso de residencia. La crisis acabó con su empleo. Ahora exhibe su papelito naranja como un salvoconducto para quedarse: “La tarjeta es una representación del Ayuntamiento, si me paran por la calle puedo decir que estoy respaldado por el alcalde”.

Todo lo contrario que M. V., mexicana de 60 años, residente en Parla. Se esconde tras dos iniciales y una caja de insulina —la misma que la sanidad pública le negó durante cinco semanas pese a estar diagnosticada en 2010 cuando aún era un derecho universal— porque tiene miedo. Miedo a ser expulsada por no tener más papeles que el pasaporte con el que llegó desde el D. F. para ver nacer a su nieta Mariam. A que el sacerdote de la parroquia de Parla (Madrid), donde acude dos tardes por semana para ayudar en la catequesis, le repita que no puede ayudarla a buscar empleo si no está regularizada. A los murmullos en la cola del ambulatorio respaldando a la funcionaria cuando dice que ya no hay sitio para ella en el médico. A atravesar la puerta de cualquier administración. A que la pare la policía por la calle.

Aunque tendría derecho, al llevar más de seis meses empadronada, M. V. ni se atreve a solicitar ayudas al Ayuntamiento, gobernado estos años como Fuenlabrada por alcaldes socialistas. Vive con su marido Pablo, también mexicano y sin papeles, en un bloque de la calle principal de Parla, del sueldo de su hija María, trabajadora de banca ética, ella sí, con permiso de residencia. Entre esas cuatro paredes, las de la iglesia y alguna bajada al parque, transcurre su vida. “Sufres humillaciones. Una funcionaria de un centro de salud me rompió en la cara una cita médica y me dio de baja en el sistema, pese a que tenía derecho. Oyes a gente aplaudir que no te atiendan porque quitas el sitio a los españoles. Vives con miedo a que se te acabe la insulina o a que te paren por la calle”, asegura desde el salón de su casa, sin quitar ojo a su nieta que corretea sobre un coche de juguete.

El único amparo que ha encontrado M. V. desde 2012, cuando cruzó por última vez el Atlántico para poder vivir con su hija, fue la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que le ayudó a recuperar el tratamiento para la hepatitis que llegó a abandonar un mes por no tener 72 euros para pincharse. “Venía convencida de que no tenía derecho alguno y asustada porque necesitaba insulina y los médicos le habían negado la cita. Las plataformas no deberíamos existir para defender que se cumplan los derechos que ya están ahí”, asegura Mónica, de la ONG, la primera que vio “el pánico” en la cara de M. V.

A ojos de la mayoría de instituciones, la gente como ella no existe, por mucho que la ley establezca que cualquier persona empadronada, con o sin papeles, tiene derecho a la asistencia social en los Ayuntamientos. Las asociaciones de inmigrantes sostienen que a veces ni siquiera se empadrona a los sin papeles y que cuando lo hacen, son legión los alcaldes que les niegan las ayudas.

Entretanto, el Gobierno de Fuenlabrada, que ha saltado estos días a la prensa por su tarjeta naranja para todos que lleva en marcha dos años, se ha visto arrastrado a publicitar una “campaña antirumores” para desmontar bulos en el vecindario. El primero y más grave, que los inmigrantes tienen prioridad en las ayudas. Un cuento digital se lo explica incluso a los más pequeños, niños con los seis años cumplidos.