Rato solo podrá liberar sus bienes si deposita una fianza de 18 millones

El exvicepresidente del Gobierno de PP Rodrigo Rato deberá depositar una fianza de 18 millones si quiere que la justicia desbloquee las cuentas que le embargó en la investigación por delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes abierta contra él el pasado abril. Fuentes próximas a Rato aseguran que no dispone de bienes para hacer frente a semejante cantidad y anunciaron que recurrirá la fianza. Por otro lado, el exvicepresidente ha solicitado que se liberen parte de sus cuentas para atender los gastos diarios.

La cantidad de 18 millones de euros se ha calculado, según fuentes jurídicas, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se atribuyen al exministro y el dinero supuestamente defraudado por él a Hacienda. Según diferentes cálculos, en los últimos tres años, Rato supuestamente ocultó al fisco entre tres y cuatro millones, tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el de Sociedades.

El Código Penal castiga el delito fiscal con una multa de hasta seis veces la cantidad defraudada a la Hacienda Pública. La fianza que reclama el juez Serrano-Artal, de depositarse, podría cubrir íntegramente la sanción máxima por delito fiscal.

Fuentes cercanas al expolítico afirmaron ayer que recurrirán esta garantía económica ante la Audiencia Provincial de Madrid, para lo que dispone de un plazo de cinco días. Las mismas fuentes afirman que Rato carece de recursos para hacer frente a una fianza semejante.

También ha solicitado el desbloqueo de una serie de fondos para hacer frente a sus gastos ordinarios, como suministros (luz, agua y otros), gastos de oficina y devolución de préstamos.

El Juzgado de Instrucción, con sede en la Plaza de Castilla, embargó los bienes del exdirector gerente del FMI el pasado 16 de abril, el mismo día en que agentes de la Agencia Tributaria detuvieron a Rato mientras registraban su domicilio y su despacho profesional, en el barrio de Salamanca de Madrid. La orden fue firmada por el primer instructor de la causa, el juez de guardia ese día, Enrique de la Hoz, y mantenida por Serrano-Artal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, al que corresponde la investigación por turno de reparto.

Según fuentes jurídicas, fue la propia defensa de Rato la que sugirió al magistrado Serrano-Artal que fijara una garantía económica a cambio del desbloqueo de los bienes, algo a lo que no se opuso la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, los abogados de Rato no pensaban que la fianza fuera a ser tan elevada.

Los abogados de Rato, del despacho Baker & McKenzie, recurrieron el pasado 11 de mayo la resolución del juez Serrano-Artal por la que prorrogaba el secreto que pesa sobre la investigación, pero ha sido desestimado.

Queja de indefensión

La decisión de imponer la fianza a Rato fue notificada ayer a través de un auto. Al seguir la causa bajo secreto de sumario, la fiscalía tuvo acceso a la resolución completa —en la que se detallan los hechos que se imputan a Rato y los argumentos jurídicos que justifican la investigación—.

Sin embargo, Rato y su defensa solo conocen la llamada “parte dispositiva” del auto, en la que el juez resuelve las medidas contra él. Fuentes próximas al expolítico reclaman que se levante ya el secreto de sumario y se quejan de que la situación actual le causa “indefensión”.

Los investigadores del caso Rato han detectado un entramado de “7 u 8 sociedades”, radicadas en su mayoría en el extranjero, también en Gibraltar, que han servido supuestamente para eludir el pago de impuestos.

Algunas de estas mercantiles se han utilizado, según los investigadores, para trasvasar dinero a sus hijos, mediante donaciones que luego retornaban a Rato a través de firmas que actúan como pantalla. Este entramado tenía la supuesta finalidad de eludir un eventual embargo de bienes por parte de la Audiencia Nacional en relación con el caso Bankia, en el que Rato está imputado.

En esta causa, Rato ya ha prestado una fianza de tres millones de euros, en la pieza separada sobre las tarjetas opacas al fisco, y la entidad le reclama 5,8 millones que tuvo que adelantar por él como fianza civil en el caso de la salida a Bolsa de Bankia.