El juez Ruz rechaza que el PP se persone como “ofendido” por la caja b

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado que el PP sea “ofendido” o “perjudicado” en la causa sobre los papeles de Bárcenas, la supuesta caja b de la formación conservadora, y ha rechazado su personación en semejante condición de víctima. El magistrado únicamente acepta la personación del partido en la causa en calidad de “responsable civil subsidiario” de la contabilidad opaca de Génova 13, llevada por sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. El magistrado, en un auto emitido el pasado lunes, pone a disposición del partido el sumario íntegro del caso y le permite adherirse o impugnar los recursos que emitan las acusaciones y las defensas de los imputados.

El juez, sin embargo, limita la capacidad de maniobra del PP “a los extremos que le son propios”, es decir, lo que tiene que ver con la posible responsabilidad civil. Esto supone en la práctica impedir al partido del Gobierno presentar oposición a las posibles peticiones de imputación de su secretaria general, Dolores de Cospedal, y su antecesor, Ángel Acebes, como prevén realizar las acusaciones populares. Lo que no puede hacer el PP en su calidad de responsable civil es presentar sus propias iniciativas procesales, según fuentes jurídicas.

Ruz, que apura sus últimos días al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, cerró el pasado 23 de marzo la investigación abierta en febrero de 2013 sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela del PP que EL PAÍS destapó el 31 de enero de ese año. En el auto por el que concluía la causa, el juez consideraba que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años –entre 1990 y 2008- y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”, es decir, de una caja b. En su resolución, Ruz proponía juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos del magistrado.

Después de que Ruz emitiera su auto, en el que considera acreditada la existencia de una caja b en el PP, nutrida con fondos de empresarios y que supuestamente sirvió para sobresueldos de dirigentes del PP y gastos ordinarios del partido, el PP pidió personarse como “ofendido” o “perjudicado” en la causa. El magistrado rechaza de plano esta posibilidad. Ruz recuerda que si el PP como persona jurídica no está imputado o inculpado en el procedimiento es simplemente “por la imposibilidad legal al momento de suceder los hechos”. El juez ve “claro” que “la única condición que puede reconocerse”, provisionalmente, al PP es la de “responsable civil subsidiario” de los delitos que atribuye a Bárcenas, Lapuerta y Páez.