Rajoy modifica su agenda social para recuperar votos y revitalizar al PP

El Gobierno prepara para las próximas semanas una serie de modificaciones en sus políticas sociales para que los ciudadanos perciban lo que el Ejecutivo considera su principal activo: la recuperación económica. Los anuncios que Mariano Rajoy irá dosificando seguirán la línea marcada ya por la llamada ley de segunda oportunidad, la marcha atrás en las tasas judiciales y la rectificación parcial en la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, entre otras, para cerrar la legislatura.

El Gobierno trabaja ahora en cambios a sus políticas sociales que tengan que ver con la ley de dependencia y la familia, con el objetivo de que se perciba que se recogen los frutos de la recuperación económica, según fuentes del Gobierno consultadas por este diario. Antes también rectificó sus pretensiones iniciales sobre el aborto y suavizó algunas de las propuestas que empezó a tramitar sobre Justicia.

En esa labor de borrar parte del pasado reciente y pulir en los últimos meses las aristas de la actuación del Gobierno, solo ha mantenido la Ley de Seguridad Ciudadana —“ley mordaza”, según la oposición— y la reforma del Código Penal, con la prisión permanente revisable, como propuestas irrenunciables que buscan no descuidar a las bases del Partido Popular.

Esa nueva agenda social fue un encargo que Rajoy hizo hace meses al nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y que él ejecuta desde entonces con la intención de ofrecer una cara más amable del Gobierno. Por ejemplo, dando salida a situaciones incómodas previas, como la atención a los enfermos de hepatitis C. Según fuentes del PP, irá combinado con otras medidas, entre las que podrían incluirse por ejemplo algunas como la reducción del IVA cultural.

Este plan estaba diseñado y se inició antes de las elecciones andaluzas del 22 de marzo, en las que el PP perdió hasta 17 escaños y sufrió un descalabro electoral notable. Antes, Rajoy había confiado también en la bajada de impuestos como impulso del Gobierno hacia las elecciones.

Fuentes del Ejecutivo admiten que la muy limitada reforma fiscal ha tenido un efecto muy escaso y casi imperceptible para los ciudadanos, pero confían en que el anuncio de medidas sociales sí tenga ese efecto positivo. Es decir, que sirva para que los ciudadanos acepten la supuesta recuperación económica.

A pesar del efecto desmoralizador de la derrota andaluza, la dirección del PP no prevé, de momento, cambios significativos en la organización, la estrategia y el mensaje.

Rajoy ha convocado para el martes a la junta directiva nacional del partido —algo que solo ha hecho en tres ocasiones en la legislatura, la última tras el estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas— coincidiendo con el adelanto por parte de EL PAÍS de las dudas de varios dirigentes del partido sobre su política de comunicación y de las presiones para que haga cambios en la cúpula del partido, del que María Dolores de Cospedal es secretaria general.

Varios dirigentes populares se esforzaron este jueves en rebajar las expectativas respecto a la reunión de la junta directiva del martes, para sostener que no habrá cambios de estructura y para explicar que era necesario convocarla porque hay que aprobar las múltiples coaliciones electorales que deben presentarse antes del día 10 para las municipales. Estatutariamente esas coaliciones deben aprobarse en la junta directiva y no hacerlo podría ser objeto de impugnaciones posteriores.

Sí dan por hecho esos dirigentes que Rajoy reforzará ese día el mensaje de la recuperación y la petición de movilización de los electores. Ha habido en los últimos meses pequeños ajustes aprobados por Rajoy para fortalecer el papel del partido y, sobre todo, la presencia mediática de partido y Gobierno.

El presidente del Gobierno pidió hace meses a ministros y dirigentes que tuvieran mayor presencia en los medios y, además, introdujo pequeños cambios de funcionamiento. Por ejemplo, se creó la portavocía electoral con Pablo Casado; nombró portavoz parlamentario a Rafael Hernando, mucho más aguerrido que su antecesor, y se dio estatus de portavoz adjunto del Gobierno a José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Según los dirigentes consultados, esos ajustes están en marcha para lograr mayor presencia mediática, pero sin afectar al grueso de la estructura del Gobierno y el partido y hasta ahí llegarán los cambios.

Los dirigentes consultados admiten, no obstante, que les sigue faltando un discurso y una respuesta para hacer frente a Gürtel y para confrontar con los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos. Con Ciudadanos, el PP intenta buscar un antídoto para combinar la necesidad de tratarles como adversarios, sin descalificar a los posibles votantes compartidos y sin cerrar puertas a futuros acuerdos después de las elecciones.