El fiscal indaga vínculos delictivos del Gobierno de Tomás Gómez

La Comisaría General de la Policía Judicial ha pedido ayuda a diversos organismos del Estado para desenmarañar la posible relación entre los miembros de dos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Parla (Madrid) y el encarecimiento en 41 millones de las obras del tranvía de esta ciudad de 125.000 habitantes. El fiscal lo apoya y habla “de hecho criminoso”. El caso afecta directamente a Tomás Gómez, actual secretario general de los socialistas madrileños y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque era alcalde de Parla cuando se aprobó la primera modificación.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso EL PAÍS, es necesario “determinar las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria Tranvía de Parla, SA”.

En las citadas juntas de 2006 y 2009 —la primera cuando era alcalde el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez— se aprobaron modificaciones, sin concurso, en el proyecto viario inicial, que elevaron el montante de la obra de 108 a 149 millones, si bien el coste final, incluyendo intereses, alcanza ya los 256 millones.

A raíz del sobrecoste conocido, la fiscalía comenzó una investigación en marzo pasado. De hecho, el actual Ayuntamiento, encabezado por la socialista Beatriz Arceredillo, que heredó un déficit de 343 millones y una deuda de más de 2.900 euros por habitante, está en quiebra técnica. Entre diciembre y enero, por ejemplo, una brutal huelga de basuras cubrió de residuos las calles de la ciudad. Las arcas municipales son incapaces de afrontar las reclamaciones de las múltiples contratas locales. Estas no cobran y los empleados dejan de trabajar. Casi todos los servicios de Parla fueron privatizados por Tomás Gómez y su sucesor, José María Fraile, imputado también en la llamada Operación Púnica, una trama de compra de políticos.

En la última documentación remitida a los tribunales, los expertos policiales piden investigar a casi todos los concejales y tres técnicos, excepto al entonces alcalde, Tomás Gómez, porque a finales de 2006 se ausentó de la Junta de Gobierno en la que aprobó un “importe adicional total” al proyecto inicial de unos 25 millones. Gómez justifica su ausencia porque la Junta se celebró en “época navideña” y acudió a un colegio “posiblemente a cantar villancicos”.

En concreto, la Policía Judicial pide la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General del Estado, ya que necesita inspeccionar a dos bufetes de abogados y 12 empresas, entre las que hay promotoras, constructoras, consultoras y especializadas en informática.

Por su parte, la Fiscalía de Área Getafe Leganés, la misma que dio inicio al proceso, habla de posibles delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Además, sostiene que las pesquisas “son pertinentes y útiles a los fines de la instrucción”. Wilfredo Jurado, uno de los exconcejales de Gómez y actual asesor jurídico del PSM, pidió el pasado 13 de enero el “sobreseimiento” de la causa. Los socialistas mantienen, tras conocer el informe policial, que las afirmaciones de los expertos de la UDEF son “falsas y tendenciosas”. Sin embargo, el fiscal cree que “no procede” esta reclamación debido a que “se están practicando diligencias indispensables para esclarecer el hecho criminoso”.

El informe policial se ha redactado a petición de la responsable del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez Martín, que quiere determinar si “efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron” y “quiénes eran las personas que formaban parte” de la concesionaria (creada en su origen por Acciona, FCC Construcción, Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporación).

La UDEF solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social “facilite toda la información obrante en sus bases de datos” sobre las personas físicas y jurídicas investigadas. También anima a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que entregue los ficheros de sus bases de datos desde el 2005 hasta el pasado diciembre. Estos dos organismos deberán facilitar la documentación hallada a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

La UDEF también pide a la Intervención General del Estado que designe a funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado “en calidad de auxilio judicial”. Reclama su ayuda con el fin de aportar “los conocimientos propios de su especialidad al objeto de poder determinar las posibles irregularidades cometidas”.

Gómez siempre ha mantenido que la modificación fue diseñada y aprobada por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, del PP. Pero el informe policial ni lo menciona.