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Las elecciones disparan las rebajas fiscales que prometen las autonomías

La mayoría de comunidades elevan el gasto público tras años de recortes

J. S. GONZÁLEZ
Dirigentes del PP presentando ayer en la sede del partido una campaña sobre el fin de la crisis.
Dirigentes del PP presentando ayer en la sede del partido una campaña sobre el fin de la crisis. alejandro ruesga

Quedan 150 días para las próximas elecciones locales y autonómicas y las comunidades ya han empezado a diseñar las líneas generales de la estrategia electoral. Los Gobiernos autonómicos han enterrado las políticas de austeridad que abanderaron durante buena parte de la legislatura y han desplegado las velas de las rebajas fiscales.

En este escenario, los presupuestos regionales para 2015, recien aprobados, recogen un aumento del gasto no financiero por primera vez en los últimos cinco años. También proyectan incrementar la inversión pública, algo que no hacían desde 2010. El dinero que las comunidades destinan a obras e infraestructuras se ha reducido casi a la mitad: Desde los 9.781 millones gastados en 2010 a los 5.640 de 2013, último ejercicio cerrado

Pero el escenario, como alardean en el Gobierno, ha cambiado. Las comunidades comienzan a lanzar guiños electorales. Algunas ya han anunciado la devolución de la paga extra a los funcionarios que el Ejecutivo central suprimió en 2012, cuya decisión entonces emularon. También han comenzado a subir los gastos de personal debido a la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios. Pero las estrecheces económicas persisten así que la gran promesa consistirá en rebajar la pesada factura fiscal de los ciudadanos. La tradición dice que cada cita con las urnas siempre va acompañada de rebajas de impuestos. Y en esta ocasión no va a ser diferente.

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno abre la posibilidad para que las comunidades acompañen la rebaja en el impuesto sobre la renta (IRPF) con reducciones adicionales y amplíen las deducciones. Casi todas los Ejecutivos regionales ya han avanzado rebajas tributarias de cara al próximo año, cuando se librará la batalla electoral.

Rajoy inicia la precampaña con un guiño a las familias

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta 2015 con el reto de reflotar su ajada imagen pública, tras años de recortes en el gasto y poniéndose de perfil ante algunos casos de corrupción que afectan a su partido.

Rajoy tratará de vender su gestión ante la Gran Recesión. Considera que ha sido capaz de doblar el “cabo de Hornos” de la crisis. Por eso, la prioridad para los próximos meses es relanzar la política social, que pasó al último término de la agenda política durante buena parte de la legislatura. Así se entiende el pacto social recién firmado con los sindicatos y la patronal para garantizar un subsidio de 420 euros mensuales a los parados de larga duración y con cargas familiares. Se calcula que unos 400.000 trabajadores se podrían beneficiar de la medida que costará unos 1.200 millones de euros.

Otra de las patas de este proyecto para lavar la imagen social del Ejecutivo popular consiste en un ambicioso plan de familia con el que también aspiran a reconciliarse con una facción de su partido especialmente sensible en esta cuestión. Para ello, la reforma fiscal incluye varios guiños a las familias numerosas, y a aquellos con ascendientes o descendientes con dependientes. La reforma incluye unos impuestos negativos para esta situación: consiste en que las familias podrán pedir anticipadamente el adelanto de estas ayudas mediante una paga de 100 euros al mes. Estas ayudas suponen un gasto de 600 millones de euros.Rajoy ha encargado a los ministros que busquen más medidas con las que impulsar la política social.

Las comunidades gobernadas por el PP han liderado la bajada de impuestos para acompañar el proyecto fiscal del Gobierno. Madrid (PP), Castilla-La Mancha (PP) y Cantabria (PP) lideran el grupo de administraciones que han prometido tener los impuestos más bajos. Otras como Andalucia (PSOE), Cataluña (CiU) o Galicia (PP) han evitado lanzar rebajas de impuestos como si fueran regalos electorales. País Vasco y Navarra, por su parte, tienen su propio régimen tributario. El balance es que 12 comunidades han prometido bajar los impuestos en 2015 [Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, Aragón, La Rioja, Cantabria, ]y solo cinco se han resistido a hacerlo [Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco y Navarra]. Casualmente en muchas de estas no habrá elecciones el próximo año.

El resto de presidentes regionales venden las rebajas fiscales a bombo y platillo aunque lo cierto es que las comunidades tienen limitada su capacidad tributaria: Son responsables de la mitad de la tarifa del IRPF y tienen capacidad para fijar deducciones y desgravaciones. La diferencia para una renta media de unos 30.000 euros puede alcanzar los 270 euros al año entre un contribuyente de Madrid, donde menos impuestos se pagan, y otro de Andalucía, donde más. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, tiene a gala decir que en la capital es donde menos tributos se pagan. Hace unas semanas avanzó una nueva rebaja fiscal para 2015, de cara a las elecciones. Se ha empeñado en vender que bajaba el IRPF más de lo que lo hacía el Gobierno. El tipo mínimo del impuesto —para tramos de renta inferiores a 12.450 euros— lo dejó en el 19,5%, por debajo del 20% que había previsto el Ministerio de Hacienda con la reforma fiscal y mucho menor al 24,75% que está vigente actualmente. El escalón máximo —para porciones de renta superiores a 60.000 euros— lo reduce del 52% actual al 44,5%, el más bajo de toda España. Además, aumenta las ayudas fiscales por familias numerosas y gastos educativos.

La presidenta manchega, María Dolores de Cospedal, abrió la carrera de bajar los impuestos de cara a las elecciones de 2015. Fue la primera en anunciar la reducción de tramos del IRPF tras conocer los detalles de la reforma fiscal del Gobierno durante el pasado verano. Su estrategia, al igual que luego hizo Madrid, fue vender que rebaja los impuestos más que el Estado. Además, anticipa al próximo año toda la rebaja que el Gobierno hará en dos fases, 2015 y 2016. El presidente extremeño, José Antonio Monago, también se ha sumado a la catarata de promesas fiscales. Rebajará el IRPF para las rentas más bajas pero mantiene la presión fiscal para las rentas más altas. Esta estrategia fiscal le sirve a Monago para explotar su discurso populista.

Galicia es la única comunidad gobernada por el PP que no tocará los tipos de IRPF en 2015. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, explica que ya rebajó el IRPF en 2014. Además, Feijoó afronta el año próximo con la tranquilidad de que no tiene comicios autonómicos.

El Gobierno financia las promesas de las regiones

La estadística a veces es tozuda. Históricamente las comunidades disparan el gasto público durante los años en los que se celebran comicios autonómicos. Mayo de 2015 está señalado en rojo en la agenda de los barones regionales pero divisan un obstáculo presupuestario para lanzar promesas con las que engatusar a los electores: El año próximo deben reducir el déficit en cerca de 7.000 millones de euros, hasta el 0,7% del PIB. Es decir, deben seguir ajustando sus cuentas a la vez que encuentran recursos con los que dulcificar su gestión de cara a la cita con las urnas. El Ministerio de Hacienda está preparando una batería de medidas para hacer ese trayecto más llevadero. Planea inyectar más liquidez a las comunidades, reducirles los costes financieros y aliviarles la senda de consolidación.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro lanzará el próximo martes un plan para ofrecer a las comunidades y a los Ayuntamientos una línea de financiación con un tipo de interés del 0% para que paguen las deudas que vayan venciendo y la nueva que suscriban. Esto les supondrá un ahorro de unos 2.000 millones por la rebaja de los costes financieros.

Los Ayuntamientos también se beneficiarán de este plan que permitirá que todas las administraciones territoriales tengan suficiente liquidez para abordar nuevos desafíos electorales.

La mayoría de las comunidades aún se guardan sus sorpresas electorales bajo la manga. Pero Madrid, por ejemplo, ha anunciado que pondrá en marcha la Ciudad de la Justicia en la próxima legislatura.

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Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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