Catalá alerta del “infausto recuerdo” en Europa de movilizar a las masas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido hoy de que intentar superar la ley mediante la “acción legitimadora de las masas” tiene “infausto recuerdo” para Europa. Sin citar expresamente ningún movimiento, el ministro ha alertado de la necesidad de deshacer “esa idea letal que se trata de difundir desde algunos ámbitos” de que la política es lo opuesto a la ley y que los tribunales deben quedarse al margen de la gestión política.

“Sin respeto a la ley, la política desaparece de un plumazo. Fuera de la ley, no se puede hablar de nada. Dentro de la ley, de todo”, ha señalado el ministro, que ha abogado por el diálogo dentro de la ley, en clara referencia al conflicto soberanista catalán.

Durante un desayuno informativo, Catalá ha advertido sobre el peligro de regresar a planteamientos "de infausto recuerdo" y ha citado incluso al filósofo jurídico alemán Carl Schmitt, que ejerció diversos cargos bajo el régimen nazi. Tras un siglo tan convulso como fue el XX, ha añadido el ministro, “el regreso a este tipo de planteamientos compromete los derechos y las libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático de un líder y a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de la sociedad".

"Desde que Rousseau la definió, la libertad general es la que funda el derecho de las sociedades democráticas y que en la que está la base misma de la soberanía nacional. Esa sustitución de Rousseau por Carl Schmitt, defensor de la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas, a mí me resulta de lo más inquietante", ha planteado”. "Eso es lo que no es sencillamente democrático. En un Estado con unos estándares mínimos de calidad democrática resulta urgente deshacer cuanto antes esa idea letal, que se trata de difundir desde algunos ámbitos, de que la política es algo distinto y contrapuesto a la ley y que, por tanto, los tribunales no pueden intervenir en los asuntos de la política", ha dicho Catalá.

Se va a aprobar un plan de ayuda a la familia con medidas para dar a la mujer "elementos de estabilidad"

Durante su intervención, el ministro ha anunciado, además, que el Gobierno prevé aprobar “ya” la reforma de la ley de protección del menor en la que se incluirá la obligación del consentimiento paterno para las menores que vayan a abortar. Este cambio, ha señalado Catalá, se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros y, en su opinión, cuenta con un “consenso muy amplio” entre los grupos parlamentarios. “Es de sentido común que los padres formen parte de ese núcleo familiar de decisión”, ha señalado Catalá.

El Gobierno cambiará así uno de los puntos más polémicos de la ley del aborto actual a través del anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, una norma de rango inferior que regula aspectos muy diversos relativos a menores. En el anteproyecto de la ley remitido al Consejo de Estado no figura la palabra “aborto” ni se menciona directamente la "interrupción voluntaria del embarazo". Se vale de un cambio en la redacción de un artículo a la hora de legislar sobre quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los padres.

En un informe remitido hace unos días al Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que el cambio no tiene consecuencia alguna sobre la normativa del aborto, puesto que se ha tramitado a través de una ley ordinaria que en ningún caso puede anular o modificar una norma de rango superior (la interrupción del embarazo es una ley orgánica). Catalá ha señalado, no obstante, que la intención del Gobierno es aprobar el anteproyecto cuanto antes porque el consenso sobre la necesidad de reformar este aspecto es “muy amplio”.

Durante un desayuno informativo, el ministro, que llegó al cargo tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón por la retirada de la reforma de la ley del aborto, indicado que también van a aprobar el Plan de ayuda a la familia con medidas para dar a la mujer "elementos de estabilidad" e "impedir que factores económicos, sociológicos o laborales estén detrás de un aborto".

Por otra parte, Catalá ha insistido en la necesidad de buscar un nuevo término para definir a la figura del imputado ya que el uso común de esta palabra no responde a la situación procesal que esta implica. “La imputación es una condición de participación procesal con asistencia letrada. No implica culpabilidad”, ha advertido Catalá, cuyo departamento está trabajando con asesores jurídicos y lingüistas de la RAE para buscar una denominación que se adecue mejor a la definición jurídica del imputado.

“Parece una tarea menor, pero es difícil y tiene una trascendencia enorme”, ha sostenido el ministro. Catalá ha abogado también porque sea con la apertura del juicio oral cuando los responsables públicos imputados abandonen el cargo.