Las claves del plan de Podemos: de la renta básica a la gestión de la deuda
El proyecto defiende, sin concretar la medida, ayudas a familias en riesgo de exclusión Los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro diseñan el nuevo borrador
![Francesco Manetto](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1104d403-9924-449c-ac78-e197da0054b6.jpg?auth=5459e653078a272e984ffc3ee56465bdb353f43673aebbe6bc1fbaae23fd49d8&width=100&height=100&smart=true)
![Primera página del documento programático de Podemos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LN3D4MNKZI7K5T3VZ2I57TV74Q.jpg?auth=55250e03ac078baeb44a1048d20cb4d3f5d4d5171cfd903ff39d8561b7a2f813&width=414)
La base del plan económico de Podemos, que ha ido moderando algunas de las medidas contenidas en el programa de las elecciones europeas del 25 de mayo, plantea, todavía sin concretar cuantías ni mecanismos de aplicación, un pacto estatal para establecer una renta mínima garantizada. El documento elaborado por los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro defiende un "gran pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos y los que recoge la Constitución, a establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas, a erradicar la pobreza infantil, la excusión residencial y la vulnerabilidad extrema provocada por razones administrativas". Estas son algunas de las claves del informe.
Desigualdad
El estudio busca compaginar compromisos de lucha contra la desigualdad con "objetivos realistas" para reducir "en un plazo razonable" las causas de la pobreza extrema y la exclusión social: "el número de trabajadores pobres, la pobreza de hogares encabezados por mujeres sin participación ni tiempo para hacerlo en el mercado de trabajo, el paro juvenil, el abandono escolar, las desigualdades en salud y la generación de espacios urbanos de exclusión y abandono". Las medidas planteadas para este pacto incluyen "el reconocimiento en la Constitución del derecho a la alimentación como derecho humano universal" y la "puesta en marcha de planes de urgencia destinados a proporcionar ingresos mínimos de subsistencia a familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo por encontrarse en paro o en situación de grave precariedad laboral". También se aborda una ley de vivienda que busque garantizar "el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de ella y que consagre una nueva estrategia estatal en este campo basada en la plena ocupación".
La gestión de la deuda y "confianza"
Torres, profesor de la Universidad de Sevilla, y Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra y de la Johns Hopkins University, llevan desde octubre trabajando en este documento, que advierte a la formación de Pablo Iglesias de que "una de las prevenciones más importantes que debe tener Podemos es la de garantizar la mayor estabilidad política generando la máxima certidumbre y confianza en la gestión que llevaría a cabo". Para ello, defienden que "plantear la reestructuración de las deudas, especialmente de los países de la periferia, no es una propuesta caprichosa sino el resultado de una estrategia cooperativa que resulta mucho más favorable que la impuesta hasta ahora y que puede terminar con una crisis mucho más grave y generalizada". "Es urgente la puesta en marcha de una estrategia orientada a reestructurar y aliviar la deuda familiar, en particular la hipotecaria, una medida que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado en países como España", destacan los economistas, que recuerdan que "la entrada en el euro o la aceptación del Tratado de Maastricht y otros sucesivos y de los que nació una buena puerta de la deuda actual" lleva a "nuestra casi nula capacidad de maniobra frente a ella".
Torres y Navarro defienden la necesidad de no extender más allá de los 65 años la edad de jubilación
Empleo
El documento propone la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, un incremento del salario mínimo y un "establecimiento de máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es actualmente de 127 a uno". Plantea una reforma del sistema de pensiones y un "incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales o financiación por medio de impuestos mientras dure la crisis", una "ley de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo semanal y eliminación de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a jornadas largas que son un freno a la productividad y a la corresponsabilidad". El plan apoya también "la eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntario y evitar la feminización de los contratos a tiempo parcial". Con respecto a la edad de jubilación, plantea restablecerla "a los 65 años con carácter general pero flexibilizando dicho criterio en función de la naturaleza del trabajo realizado y anulación de los recortes en el sistema de cálculo de la pensión".
Banca pública
El informe, de 68 páginas, se divide en cuatro bloques. En primer lugar, un diagnóstico de las causas de la crisis económica, de cuya gestión se responsabiliza el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al actual Ejecutivo de Mariano Rajoy. En segundo lugar, un texto que pretende establecer una “guía” para una posible estrategia y “los objetivos de un Gobierno que pretenda revertir esta situación”. En tercer lugar, una línea de actuación con una serie de medidas. Y en cuarto, la presentación del informe como “modelo de actuación basado en la ética y en la responsabilidad para con la ciudadanía”. Entre las ideas incluidas en el informe se encuentra la de ampliar los mecanismos de financiación pública frente a la banca privada. Por ejemplo, reformar el Instituto de Crédito Oficial para recibir préstamos en las mismas condiciones que la banca privada.
Política europea
Sobre política económica europea, los profesores recomiendan “la creación de mecanismos que garanticen la mancomunación de la deuda y la supervisión efectiva del sistema financiero a escala europea”. También plantean pedir un proceso de reforma dirigido a la democratización del Banco Central Europeo y un mayor control de esa institución por parte de los organismos nacionales y comunitarios de sus actuaciones.
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