La cúpula fiscal avala a Torres-Dulce en la querella contra Mas por el 9-N

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obtuvo ayer el apoyo casi unánime de la junta de fiscales de sala para presentar la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la celebración del 9-N. La querella se registrará en los próximos días e irá dirigida contra el president catalán, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. La propuesta del fiscal general es acusarles de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, aunque fuentes de la fiscalía señalaron que, tras escuchar ayer a los fiscales de sala, Torres-Dulce va a “matizar” algunos aspectos “técnicos” de la querella.

Solo dos de los 24 fiscales que asistieron a la reunión (el de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y el jefe de lo Contencioso del Supremo, Pedro Crespo) mostraron muchas dudas sobre la conveniencia de querellarse contra los tres miembros del Gobierno catalán, pero fueron varios los que expusieron reticencias jurídicas a algunos de los cuatro delitos planteados por el fiscal general.

Durante las cuatro horas que duró el encuentro, los asistentes fueron tomando la palabra uno a uno. El debate se centró en si existían o no argumentos para sostener cada delito. La mayoría de los fiscales coincidieron en que hay base jurídica para las acusaciones por prevaricación y desobediencia. En el primer caso, el fiscal general considera que los actos “adoptados” por el Gobierno catalán e “impulsados por la iniciativa y actividad personal de los querellados” constituyen un delito de prevaricación administrativa continuada. Según Torres-Dulce, Mas, su vicepresidenta y la consejera de Educación actuaron para “lograr a toda costa la celebración de la consulta”. Entre esos actos puestos en marcha por la Generalitat, Torres-Dulce alude a la contratación de una empresa para enviar cartas a los ciudadanos catalanes “exhortándoles” a participar en el 9-N; las resoluciones adoptadas para que se abrieran los colegios y las sedes de la Generalitat en el extranjero; la decisión de que los Mossos d’Esquadra que libraban el día 9 de noviembre acudieran a trabajar; y la de mantener abierta la página web en la que se informaba sobre cómo votar.

“Hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y que sólo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional”, señala Torres-Dulce en su propuesta de querella.

La acusación de desobediencia también se asienta en la burla a la suspensión dictada por el Constitucional. En contra del argumento de la Generalitat, que niega desobediencia porque nadie del Ejecutivo catalán recibió un requerimiento para frenar la consulta alternativa, Torres-Dulce insiste en que resulta “evidente” que Mas y su Gobierno conocían que la consulta y el proceso participativo estaban suspendidos. “Las declaraciones públicas efectuadas por algunos de ellos disipan cualquier duda al respecto”, argumenta el fiscal general, que recuerda una declaración de Mas el mismo 9-N: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”.

Los delitos que generan más dudas entre los fiscales de sala son los de malversación y usurpación de funciones. Algunos fiscales opinaron que la prevaricación y la desobediencia ya “absorben” a los otros dos, por lo que no se debían incluir de forma independiente. Otros, en cambio, consideran que ambos tienen “consistencia” por sí mismos.

Torres-Dulce obtuvo el apoyo para presentar la querella por los cuatro delitos y contra Mas, Ortega y Rigau, pero fuentes fiscales no descartan que en la denuncia definitiva se depuren las acusaciones de forma que no todos los delitos se atribuyan a los tres querellados. El fiscal general justifica la inclusión en la querella de la vicepresidenta y la consejera de Educación en que ambas participaron de forma “personal y directa” en los preparativos del 9-N.

Al principio de su intervención, Torres-Dulce pidió lealtad a la institución. Consciente de la situación en la que podía quedar si la cúpula fiscal no le otorgaba su apoyo, el fiscal general apeló a la defensa del ministerio público que, en las últimas semanas, ha sufrido presiones dirigidas tanto a acelerar la presentación de la querella como a que no se presentara. A estas hicieron referencia algunos de los asistentes con alusiones explícitas a la utilización que ha hecho el Gobierno de la fiscalía, exigiendo celeridad, poniendo fecha a la presentación de la querella o indicando los delitos por los que se tenía que presentar, según fuentes fiscales.

Con el respaldo de la cúpula fiscal y accediendo al deseo manifestado por el PP para que se actuara contra Mas, Torres-Dulce ha solventado, aparentemente, la frágil situación que vivía. Sin embargo, los fiscales más críticos consideran que, aunque haya salvado este obstáculo, la trascendencia que ha tenido la pugna le ha dejado herido y que, desde el principio, debería haber tomado las riendas y haber liderado, con el apoyo o asesoramiento de la junta de fiscales, la decisión de querellarse contra el presidente de la Generalitat.